AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
En medio del audioescándalo por el uso ilegal de programas a la población más pobre para favorecer electoralmente al PRI en Veracruz, su partido, Peña dio un respaldo a la experredista Robles, frente al expresidente de Brasil Luiz Inacio da Silva, conocido como “Lula”, en el lanzamiento de la Cruzada Nacional contra el Hambre, en Zinacantán, Chiapas.
“Rosario, no te preocupes, hay que aguantar porque han empezado las críticas, las descalificaciones de aquellos a quienes ocupa y preocupa la política y las elecciones. Pero a nosotros, a este gobierno, que tenemos un objetivo claro, una tarea con los mexicanos, que es acabar con el hambre. Que sigan aquellos criticando las acciones, a nosotros nos ocupa y nos compromete acabar con el hambre de México”.
Hasta los obsequiosos Gustavo Madero y Jesús Zambrano captaron que Peña con ese aval a Rosario Robles decretó la impunidad para la compra de votos y que será ese el sello de su gestión, que es en realidad su origen.
Lo contrario –la honradez– sería lo extraordinario.
Las más de 13 horas de grabaciones con la descripción que hacen funcionarios federales, estatales y municipales del plan para comprar votos constituyen parte del repertorio del “mapachismo” electoral que practica el PRI en las elecciones –y que nunca ha dejado de hacerlo–, con mayor razón si ostenta el poder público federal.
Con todo cinismo, amparados en la naturaleza clandestina de sus cenáculos, los funcionarios federales y locales alardean de cómo adulterar elecciones con dádivas a los pobres. “Así se ha hecho siempre en nuestro partido, de darles las cosas”, confiesa, por ejemplo, Pablo Anaya Rivera, secretario de Salud en Veracruz hasta hace unos días.
Se ha querido desautorizar la vasta información que ya está en poder de la Procuraduría General de la República (PGR) sólo porque fue obtenida por el clan de los Yunes, pero eso es lo de menos. Hay evidencias de la comisión de delitos que si van a quedar impunes, porque esa es la instrucción presidencial, por lo menos que se sepa.
Tal como se publica en el semanario Proceso, en el número en circulación, los funcionarios del gobierno de Javier Duarte –que ya admitió tácitamente el plan que él jefatura– y los federales que encabeza Robles cuentan también con la complicidad de mandos del Instituto Federal Electoral (IFE) y del Instituto Electoral Veracruzano (IEV).
Según la denuncia ante la PGR, presentada el martes 16 por el diputado federal Alonso Morelli, el vocal ejecutivo del Registro Federal de Electores (RFE) en Veracruz, Sergio Vera Olvera, Mariana Sánchez “y los encargados de los módulos” del IFE están coludidos para facilitar gestiones con la credencial de elector, aun en contra de la normatividad.
La captura priista del IFE y de su presidente, Leonardo Valdés, no hace susceptible de confianza al órgano electoral, que ha sido solícito en el ocultamiento del entramado financiero que llevó a Peña a la Presidencia de la República y que, justo un día antes de estallar el escándalo de Veracruz, se trató de finiquitar a la comisión Monex en la Cámara de Diputados.
El carpetazo a las investigaciones legislativas sobre el financiamiento presuntamente ilegal de la campaña de Peña se hubiera materializado si queda como presidente de esa comisión el priista José Rangel, famoso por haberle puesto a su automóvil Mercedes Benz una charola como matrícula.
La conducta prepotente y patrimonialista del PRI, como en los funcionarios de Veracruz, se exhibe también con el diputado Rangel, quien finalmente no logró su propósito, no sólo de presidir la comisión, sino de encubrir a su jefe:
“Soy representante de este Congreso: Primero, de los priistas de mi distrito, de los priistas y simpatizantes que votaron por mí, incluyendo al ciudadano Enrique Peña Nieto, porque él vota en el distrito que yo represento: Atlacomulco”.
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