AUTOR: ADRIANA AMEZCUA.
Maestros y gobierno se enfrascan en una lucha a la que, de momento, no se le ve salida óptima.
Los maestros se niegan a reconocer la reforma educativa promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto. Los Congresos estatales, por su parte, continúan bloqueando todo lo que tenga olor a contrarreforma.
Ocurrió en Guerrero la semana pasada y en Oaxaca hace dos días. Los diputados locales de ambas entidades federativas rechazaron las iniciativas de ley del magisterio disidente y catalogaron de inconstitucionales sus propuestas.
Dicen que atentan contra las disposiciones emanadas de la legislación que entró en vigor a fines de febrero.
En el estado que gobierna Gabino Cué los docentes entregaron diversos amparos contra la reforma a los artícuos 3 y 73 constitucionales. Fueron entregados cerca de 50 mil; de los cuales, 7 mil corresponden a la Sección 22 de Oaxaca del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que dirigen maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
> ¿Qué quieren los maestros?
A grandes rasgos, los amparos en cuestión buscan replantear los criterios sobre la contratación, permanencia y evaluación de los normalistas.
La sección 22 del SNTE-CNTE elaboró, junto con el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca (PTEO).
Este se compone de tres programas que pretenden básicamente el mejoramiento escolar y de vida de niños, jóvenes y adultos; el reconocimiento educativo de los maestros de Oaxaca y establecer un programa popular comunitario de infraestructura y equipamiento educativo en Oaxaca.
Cuenta, además, con dos sistemas estatales: uno de evaluación y otro de formación profesional de los trabajadores de la educación. Es por ello que algunos analistas, como Manuel Pérez Rocha, exrector de la UACM, destacan que los maestros no se están oponiendo a una evaluación per se.
> ¿Qué plantea el gobierno?
Del otro lado está la iniciativa del Ejecutivo estatal. Cué propone modificar la Ley General de Eduación.
El mandatario ya estuvo en Sán Lázaro y el martes en el Senado promoviendo que las leyes secundarias de la reforma educativa constitucional se regionalicen, adecuándolas a la realidad de los maestros en las entidades federativas.
Su proyecto incluye cambios a los artículo 7, 12 y 13 de la ley educativa. Lo que implicaría elaborar planes y programas de estudios con insumos del magisterio y los padres de familia.
Busca que estos actores formen parte de la evaluación de los planes de estudio que incluyan contenidos con visión regional.
Y también redefinir los criterios y términos para evaluar a los profesores, uno de los puntos más sensibles del actual conflicto magisterial.
El gobernador Cué ha solicitado no contaminar las demandas magisteriales con algunas otras causas sociopolíticas.
Sin embargo, ayer se anunció que siete gremios con cerca de 80 mil trabajadores conformaron el Frente Unificador de Sindicatos Independientes Oaxaqueños y Nacionales (FUSION).
Aquí a la oposición a la reforma educativa se agrega el repudio a la reforma laboral para manifestar su repudio contra la reforma laboral.
Se suman fuerzas
En Guerrero, en el marco del 94 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, diversas organizaciones sumaron sus demandas a la causa magisterial.
A la movilización de cerca de 20 mil maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) se sumaron el Comité Regional de Defensoría de Derechos Humanos, la Unión Popular de Preparatorias, el Frente de Defensa de Derechos Populares e integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), entre otros.
La CETEG ha dicho que la actual reforma viola los derechos laborales de la educación y se encamina a privatizar la enseñanza.
Su propuesta, que fue rechazada en el Legislativo estatal, contemplaba la creación de un Instituto Estatal de Evaluación en el que el magisterio formaba parte del proceso de calificación al desempeño docente.
También buscaban que los resultados de las evaluaciones a los maestros no determine su permanencia en sus plazas.
Ayer el gobernador Ángel Aguirre hizo un llamado para reestablecer el diálogo, y las Policías Comunitarias dieron un últimatum para negociar con la CETEG a reserva de movilizarse sin armas.
En la capital del país, en tanto, diputados federales de las izquierdas (PRD-PT-MC) acordaron mantener una mesa de diálogo permanente con la CETEG. Su próxima reunión tendrá lugar el 17 de abril.
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