Propuesta del GDF no resuelve el problema del arraigo: ONG

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Fernando Camacho Servín.

La única forma de asegurar investigaciones eficientes y profesionales y de contrarrestar la negligencia y los abusos es eliminarlo de la Constitución, señalaron la Red Todos los Derechos para Todas y Todos y otras organizaciones.

México, DF. Diversas organizaciones de derechos humanos advirtieron que la iniciativa presentada por el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, con el supuesto objetivo de eliminar el arraigo, en los hechos no pone fin a esa práctica, sino únicamente le cambia el nombre y algunas características, sin resolver el problema de fondo que plantean las detenciones arbitrarias.

En un comunicado conjunto -firmado entre otros por la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, que agrupa a más de 70 organizaciones de todo el país-, los colectivos afirman que el dictamen de otros partidos políticos que se discute actualmente en la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados también deja de lado la discusión de fondo sobre las violaciones estructurales que implica por sí misma la figura del arraigo, planteando la discusión únicamente en el plazo que podrá detenerse a una persona, fijando un plazo máximo de 35 días.

"México ha sido señalado internacionalmente por mantener esta figura que viola flagrantemente los derechos humanos. Ponerle otro nombre y reducir la duración del arraigo no implica un cambio de fondo que ponga fin a estas violaciones, reconocidas incluso por las propias iniciativas legislativas", subrayaron los grupos de la sociedad civil.

"Conservar el arraigo disfrazado como nueva figura -enfatizaron- representaría un grave retroceso en materia de seguridad pública, en tanto socavaría cualquier esfuerzo de profesionalizar y modernizar un sistema de justicia que sigue sin capacidad real para responder ante los actos ilícitos y la delincuencia organizada".

En el mismo sentido, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, aseveró que el Congreso mexicano debe rechazar el proyecto de reforma constitucional sobre el arraigo, pues el hecho de reducir el período máximo de dicha herramienta de 80 a 40 días no se adecuaría a las normas internacionales de derechos humanos.

“El arraigo contraviene algunos de los principios más fundamentales de la Constitución de México, como las garantías frente a detenciones arbitrarias. La única forma de asegurar que se realicen investigaciones eficientes y profesionales y de contrarrestar la negligencia y los abusos que ha fomentado esta modalidad de prisión preventiva, es eliminar el arraigo completamente de la Constitución”, subrayó el especialista.