FUENTE: PROCESO
MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- En los últimos cinco años, únicamente 39 mujeres de todo el país tuvieron acceso a un aborto legal por violación, pese a que al año se denuncian alrededor de 120 agresiones de este tipo, y aun cuando esta causal es legal en casi todas las entidades de la República Mexicana.
Al presentar el informe “Omisión e indiferencia. Los derechos reproductivos en México”, que abarca de 2007 a 2012, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) denunció que las reformas para “proteger la vida desde la concepción-fecundación” en casi la mitad del país, criminalizan a las mujeres que abortan.
De 1992 a 2007 se tenían documentadas 62 denuncias contra mujeres por interrupción del embarazo. Sin embargo, de 2007 a 2009 la cifra se disparó a 679 como consecuencia de esas reformas locales que limitan el derecho al aborto.
Regina Tamés, directora del GIRE, precisó que las mujeres son denunciadas en su mayoría por el propio personal de los servicios de salud (médicos, trabajadoras y trabajadores sociales, y enfermeras).
Acusó la “omisión” de las procuradurías locales de justicia al no brindar las autorizaciones correspondientes para que se practiquen abortos en casos de violación.
La abogada y directora de GIRE enfatizó que sólo una de cada seis mujeres que se realizan un aborto inseguro, busca u obtiene atención hospitalaria debido a la criminalización de que son objeto.
La activista llamó a Enrique Peña Nieto a homologar las causales de aborto seguro en todo el país, mediante la armonización de la legislación penal y de salud a nivel local y federal. Lo ideal, dijo Tamés, sería que tomara como base la legislación del Distrito Federal, que es la única que permite la interrupción legal del embarazo bajo cualquier circunstancia hasta la semana 12 de gestación.
Pero mientras eso es posible, añadió, por lo menos deberían homologarse las causales para el aborto legal en los 31 estados del país, tomando como referencia la legislación local más amplia en la materia.
La activista presentó un fragmento del documental del realizador Flavio Florencio en el que varias mujeres dan su testimonio sobre la criminalización del aborto en México.
Regina Tamés expresó que el informe evidencia el incumplimiento en la protección de los derechos reproductivos por parte del Estado mexicano, ya que los datos recopilados se relacionan con la cobertura de métodos anticonceptivos, la violencia obstétrica en los servicios de salud, y los índices de mortalidad materna, por lo que deben abordarse integralmente en las políticas públicas.
Además, el documento muestra que las mujeres más afectadas son las que viven en zonas indígenas y rurales, tanto por la falta de acceso a la información y a servicios médicos oportunos, como por la actitud de autoridades judiciales y el personal de salud que prefieren denunciarlas antes que atenderlas en casos de aborto, aunque éstos sean imprudenciales.
Los resultados en todos los temas del informe fueron negativos, ya que al analizar el marco normativo de los derechos reproductivos en los niveles local y federal, así como su implementación, se identificaron diversos obstáculos que enfrentan las mujeres en el ejercicio de tales garantías.
Tamés aseveró que mientras el Estado mexicano no atienda de forma integral el cumplimiento de los derechos reproductivos no podrá reducir el alto índice de mortalidad materna.
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