AUTOR: GLORIA LETICIAS DÍAZ.
En el informe que dieron a conocer este mes, los delegados de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias y el Instituto Internacional de Prensa que visitó México en febrero pasado señalaron las alarmantes presiones contra la libertad de prensa que se viven en el país. Además, tras entrevistarse con gente del gremio, legisladores y políticos, la misión internacional advierte que, digan lo que digan los funcionarios de Javier Duarte, Veracruz está convertido en una trampa mortal para periodistas, ya que ahí convergen el crimen organizado y la impunidad institucionalizada.
El documento refiere que con nueve asesinatos en los últimos años –entre ellos el de Regina Martínez, la corresponsal de Proceso en el estado– y con 20 comunicadores desplazados, ser periodista en Veracruz “puede tener consecuencias mortales”.
En el texto, de 31 páginas, se refleja la experiencia que obtuvieron tras un viaje a México en febrero pasado los integrantes de las organizaciones mencionadas, con oficinas en París, Francia, Damstadt, Alemania, y Viena, Austria
La delegación incluyó a Roger Parkinson, expresidente de WAN-IFRA, exeditor, director general y presidente del grupo canadiense Globe&Mail y miembro del IPI; Larry Kilman, director general adjunto de WAN-IFRA; Bárbara Trionfi, responsable de la Libertad de Prensa del IPI; Rodrigo Bonilla Hastings, responsable de misiones de Libertad de Prensa de WAN-IFRA, y Scott Griffen, asesor de Libertad de Prensa para América Latina y el Caribe del IPI.
Tras entrevistarse con periodistas, editores, miembros de la sociedad civil, representantes del cuerpo diplomático, legisladores y funcionarios federales, así como integrantes del gobierno estatal que encabeza el priista Javier Duarte, la misión internacional llegó a la conclusión de que la Secretaría General de Gobierno, a cargo de Gerardo Buganza Calderón, “ejerce un firme control sobre todos los canales de información, poniendo al descubierto un estilo de gobierno preocupantemente autoritario”.
En ese estado, los periodistas “no sólo se enfrentan al riesgo que conlleva cubrir (informativamente) al crimen organizado, sino también al de ejercer su profesión bajo un régimen de hostil intolerancia”, y peor aún, “se sabe que, en muchos casos, el crimen organizado actúa bajo los dictados del gobierno local”.
Las agrupaciones defensoras de la libertad de prensa consideran como operadora de la “hostil intolerancia” hacia la prensa y los periodistas a la coordinadora general de Comunicación Social, Gina Domínguez Colío, a quien –dice el informe– llaman “vicegobernadora”, “un apodo que revela su inmensa influencia política en el estado”.
También se narra el encuentro que la misión de WAN-IFRA y el IPI tuvieron con Buganza Salmerón, Domínguez Colío, la secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas de Veracruz, Namiko Matsumoto, y la directora de Investigaciones Ministeriales de la procuraduría veracruzana, María del Consuelo Lagunas.
En esa ocasión, se indica, “las autoridades de Veracruz insistieron en que los periodistas no eran asesinados por su profesión, sino por comportamientos dudosos en sus vidas privadas –incluyendo la complicidad con el crimen organizado– o por falta de profesionalismo”.
La misión internacional da cuenta asimismo de la desconfianza que muestran los informadores hacia la Comisión Estatal para la Atención y la Protección de Periodistas, entre otras razones porque de los 15 millones de pesos de su presupuesto sólo destina 747 mil 755 al apoyo del gremio y el resto se reparte entre los altos salarios de sus funcionarios y los gastos de oficina.
Como los miembros del gobierno veracruzano se resistieron a admitir que los periodistas enfrentan un ambiente hostil en la entidad y no quisieron hablar de las irregularidades en la investigación del asesinato de Regina Martínez, Larry Kilman los interrumpió:
“Han confirmado nuestro profundo escepticismo. No reconocer la magnitud del problema de la libertad de prensa en su estado y pretender que tienen una respuesta a todas las cuestiones que les hemos planteado hoy sólo aumenta nuestras reservas sobre su versión de los hechos”, dijo al final de la reunión el director general adjunto de WAN-IFRA, según el informe.
En entrevista telefónica Rodrigo Bonilla Hastings detalla que en la junta realizada el 13 de febrero en el hotel Four Seasons de la Ciudad de México, Domínguez Colío “empezó afirmando que en Veracruz hay 100% libertad de expresión, garantizada; después seguimos con detalles, entre ellos el caso de Regina, y nos bombardearon con citas de la investigación, que el folio tal y no se cuánto, y que aquí está clara la confesión del supuesto asesino (Jorge Antonio Hernández Silva) y que podían conseguir sin problema el certificado médico de cuando hizo la confesión para probar que no hubo ningún tipo de tortura… Tuvimos que pararlos, era un diálogo de sordos”.
Veracruz es uno de los lugares más peligrosos en el mundo para ejercer el periodismo, “con un saldo de 11 muertos desde 2006, de acuerdo con (el programa) Death Watch del IPI”, acota Bonilla Hastings. Y después de oír a los funcionarios de Duarte “se fortalece la hipótesis de que está concientemente queriendo borrar una parte de la realidad y mostrar otra. Es gravísimo”, más aún cuando hay muchos casos de violencia contra periodistas que no se están reportando:
“Me habló el dueño de un medio. Me comentó cómo habían levantado a uno de sus editores, lo habían golpeado. Amenazaron que si se iba del estado iban a ir por el resto del equipo del periódico. El tipo se tiene que quedar muerto de miedo y a la cabeza de la redacción, también atemorizada. Todo esto no salió a la luz. Si lo que se sabe es terrible, ¿cuántas cosas hay que no se saben?”.
Bonilla Hastings recuerda que al reunirse la delegación internacional con los subsecretarios de Derechos Humanos y de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón García y Eduardo Sánchez Hernández, respectivamente, se les planteó el tema de Veracruz. Sánchez respondió que “el gobierno federal va a usar los instrumentos legales que tiene a su disposición para no permitir que los gobiernos estatales cometan un abuso, sean del partido que sean”.
Por ello, dice el activista, “estamos por enviar una carta al presidente Enrique Peña Nieto para exigir garantías de seguridad para (el periodista) Jorge Carrasco, así como esclarecimiento de las denuncias presentadas porProceso, y vamos a recordar lo que dijo Sánchez, que fue publicado en un comunicado que emitimos el 15 de febrero. Si es verdad lo que dicen, que no importa qué partido gobierne en los estados donde hay abusos, que empiecen por Veracruz”.
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