AUTOR: JESUSA CERVANTES.
Pero no sólo eso, los grupos criminales del país avanzan a pasos agigantados en el orbe. Su poder de corrupción, violencia y muerte abarca no sólo Estados Unidos, Centroamérica, Colombia, Argentina o Brasil.
Del continente europeo que Joaquín El Chapo Guzmán, logró penetrar ahora ha brincado a Asia; los últimos reportes de la PGR dan cuenta de ello, analistas estadunidenses advierten sobre su presencia y alianza con grupos guerrilleros de Sudamérica.
En todas partes se habla del poder del narcotráfico mexicano, sólo el gobierno, encabezado en este momento por Enrique Peña Nieto, parece ser omiso en su responsabilidad. Me refiero a la inacción en que ha caído por lo que ha lavado de dinero se refiere y la reglamentación que desde diciembre debió establecer.
Reportes de agencias estadunidenses y británicas estiman que en México se lavan anualmente entre 20 mil y 40 mil millones de dólares. El narco, la trata de blancas, la pornografía infantil, los casinos ilegales, la venta de inmuebles, joyas y otras vías por las cuales se limpia el dinero negro, obtenido de manera ilegal, siguen encontrando en nuestro país terreno fértil.
Durante el último periodo de sesiones de la pasada legislatura, los diputados federales aprobaron la ley para frenar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Luego, hubo de transcurrir el proceso electoral para que los nuevos senadores de la República la avalaran. De inmediato, el aún gobierno de Felipe Calderón la publicó en el Diario Oficial de la Federación para dejarle al entrante el paquete de elaborar su reglamento y poder entonces, implementar frenos a esta industria.
Sin embargo, el gobierno de Peña Nieto ha estado más ocupado aniquilando a la oposición mediante el llamado Pacto por México, que no le ha dado tiempo para crear la reglamentación que, por ley, tenía sólo 30 días para darlo a conocer.
En los primeros cien días de la administración priista, la administración peñista se dedicó a vanagloriarse por la detención de Elba Esther Gordillo, la reforma educativa y la reforma a la ley laboral que regaló a Felipe Calderón antes de que concluir el periodo, pero de la violencia, el narcotráfico y sus consecuencias económicas nada ha dicho.
Resulta hasta de pena ajena ver cómo los medios de comunicación, en su mayoría, se han vuelto ciegos. Desde la llegada de Peña Nieto las ejecuciones, los enfrentamientos entre cárteles, la aparición de narcofosas y el lavado de dinero ya no existen en muchos medios, sobre todo del norte del país.
El general Naranjo, a quien con tanta pasión defendió Peña Nieto en su campaña presentándolo como el hombre que acabaría con esta violencia y ríos de sangre que sigue corriendo por los rincones de nuestro país, parece haber desaparecido.
Lo mismo ha sucedido con el verdadero hombre fuerte de México, Luis Videgaray, el secretario de Hacienda que no ha podido articular un discurso antilavado.
Sobre Videgaray recae la responsabilidad de crear el reglamento mediante el cual se pretende poner fin al lavado de dinero, sin embargo, las deudas de los estados y municipios, y el presupuesto federal han ocupado más su tiempo.
De acuerdo con la ley contra recursos de procedencia ilícita publicada el 17 de octubr3e de 212, el gobierno contaba con 30 días para emitir el reglamento; ya han pasado más de tres meses y ello no ocurre.
A su vez, diputados y senadores no han exigido al gobierno que cumpla con su obligación de hacerlo, también han entrado a la espiral de las negociaciones fuera de San Lázaro y dentro del Pacto por México que no han tenido tiempo para pensar en cómo frenar al crimen organizado.
Y mientras diputados, senadores, dirigentes de partidos, funcionarios federales y el propio Peña Nieto siguen empalagados con las mieles del Pacto por México, deslumbrando a la población con aquello de que este país avanza por la civilidad política, en algún rincón del mundo El Chapo Guzmán estará agradeciéndoles que lo dejen ser libre, ampliar sus horizontes en la venta de estupefacientes y lavar sus millonarias ganancias en la economía mexicana, la cual a falta de reglamentación sigue siendo un paraísos para cualquier grupo criminal.
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