FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0.
AUTOR: ZAZIL CARRERAS.
El intento de compra de votos usando programas sociales en Veracruz es un tema que no ha abandonado el panorama político mexicano desde el pasado 17 de abril, momento en el que el Partido Acción Nacional (PAN) denunció la existencia de una red política integrada por funcionarios locales, así como por funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social(SEDESOL) del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Este hecho logró que, con el paso de los días, tanto el PAN como el Partido de la Revolución Democrática (PRD) hicieran una pausa en las negociaciones ya planeadas e integradas al Pacto por México, que hasta ese momento funcionó como plataforma para aprobar sin discusión alguna las reformas propuestas por Peña Nieto.
La condición de ambos partidos para regresar al pacto: tomar medidas radicales de corrección y, por parte del PRD, un juicio político en contra de Rosario Robles, titular de la SEDESOL.
Ante esto, cayó el primer pez gordo. El Secretario de Finanzas de Veracruz, Salvador Manzur, dejó el cargo que ocupaba , por instrucciones de Javier Duarte, gobernador del estado.
La decisión se tomó para “evitar cualquier suspicacia en torno del comportamiento político de su gestión en el debate generado por algunos partidos políticos por el uso de programas sociales”.
En conferencia de prensa, Duarte agregó que existe una investigación en curso “que debe desarrollarse con plena libertad y a fondo para deslindar responsabilidades”.
El 24 de abril, Duarte negó la posibilidad de la destitución de Manzur, exalcalde de Boca del Río que llegó a este cargo apenas en marzo. Por su parte, Rosario Robles, casi de manera inmediata a la publicación de los audios que incriminaban a Manzur y denunciaran la relación Veracruz-SEDESOL, anunció la destitución del delegado de dicha secretaría en Veracruz, Ranulfo Márquez, y de otro puñado de colaboradores.
El 30 de abril, después de críticas leves y espaldarazos al Pacto por México, Jesús Zambrano Grijalva, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) decidió unirse al PAN.
“El Pacto por México está en un impasse y en espera de que el gobierno federal ejerza acciones en contra de los 57 funcionarios involucrados en el caso de desvío de recursos de Veracruz”, dijo.
Zambrano –quien defendió al Pacto y que siguió con las reuniones de la agenda sin Gustavo Madero, presidente del PAN– dijo que se reuniría con Acción Nacional para proponerle ir juntos a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de la República (PGR) a interponer una denuncia en contra de Robles Berlanga y Javier Duarte.
“La denuncia será contra el gobernador y demás funcionarios que se vieron directamente involucrados en los hechos de Veracruz. Esperamos que haya una reacción inmediata. Se puede decir que estamos en un impasse de los trabajos relacionados con el Pacto y que esperaremos respuesta”, dijo.
El líder perredista exigió “hechos, no palabras” al gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y pidió la renuncia de los delegados que la Sedesol designó en los estados y que tienen pasado como operadores electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), diputados y ex funcionarios del tricolor.
En un comunicado conjunto, dijeron que comparten la convicción de que el Pacto por México es un instrumento útil y que, en las actuales circunstancias, la responsabilidad de que se conserve y fortalezca depende del Gobierno Federal. Pero exigieron al gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto “que se cumplan los compromisos expuestos en los comunicados y declaraciones difundidos en días recientes, para que pueden ser hechos visibles y verificables”.
Del total de los 14 estados donde habrá comicios, la Sedesol nombró como delegados a ex legisladores, operadores electorales y ex funcionarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 12 entidades: Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Tlaxcala, Quintana Roo, Zacatecas, Veracruz, Puebla y Tamaulipas.
Jesús Zambrano adelantó que el PRD todavía va a esperar, porque se planteó el juicio político contra Rosario Robles y contra el gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Lo anterior, abundó, “tiene que caminar por su propia cuenta, nosotros hemos dicho en el PRD que sería muy buena señal que no solamente tomaran medidas contra funcionarios menores sino contra quienes propiciaron esta acción.
¿Cuántos más deben caer para que Enrique Peña Nieto recupere su Pacto por México? La pregunta está en el aire, pero hasta el momento, la cabeza principal sigue sin caer.
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