AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
En el salón Tesorería de Palacio Nacional, presidente y dirigentes partidistas retomaron la agenda del Pacto a partir de la inclusión en éste de 11 compromisos con los que supuestamente se evitará el uso de recursos públicos con fines electorales.
Los 11 compromisos añadidos son, en su mayoría, declaraciones y pronunciamientos sobre obligaciones que se establecen en la Constitución, leyes y reglamentos, vinculados al derecho administrativo, penal y electoral.
Como un estribillo, tanto Peña Nieto como el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, repitieron el lugar común de “anteponer los intereses de la nación”, con lo que reconocieron el regreso de Gustavo Madero, dirigente del PAN, y de Jesús Zambrano, del PRD, a la mesa del Pacto.
El 22 de abril, las dirigencias de PAN y PRD anunciaron que dejarían de participar en actividades públicas relacionadas con el Pacto, por considerar que Peña Nieto había minimizado la denuncia de la oposición, que documentó un operativo de ‘mapachería electoral’ en Veracruz.
La crisis se precipitó luego de que el 19 de abril, con numerosas grabaciones que evidenciaron la implicación de funcionarios de los tres órdenes de gobierno, entre ellos de la Sedesol, Peña Nieto se dirigió en un discurso en Chiapas a Rosario Robles pidiéndole “aguantar” las críticas de quienes tenían intereses electorales.
Para entonces estaba programada la presentación de la iniciativa de reforma financiera, el tercer proyecto legislativo impulsado desde el Consejo Rector del Pacto, pero el acto convocado para el 23 de abril fue suspendido.
Hoy, con el relanzamiento del Pacto, la iniciativa de reforma financiera se presentará este miércoles 8.
Después de todo, Peña Nieto pudo expresar hoy que “el Pacto por México está vigente y se mantiene”.
En su mensaje, el presidente describió una serie de virtudes del Pacto, cuya fortaleza, consideró, radica en la actitud positiva de todos los partidos políticos, el compromiso constructivo del gobierno de la República, la responsabilidad del Congreso y el respaldo de la sociedad.
Además, ofreció mantener la flexibilidad del acuerdo, con el fin de enriquecerlo.
En este caso, destacó que el adéndum implica blindar los programas sociales de los tres órdenes de gobierno de cualquier desviación, manejo sesgado o uso electoral. Y, en concreto, sobre la Cruzada contra el Hambre, expuso que no debe confundirse con la lucha electoral.
Las suspicacias
El secretario de Gobernación dio a conocer el contenido del agregado al Pacto, no sin antes fijar su dimensión sobre el acto.
“Este día reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con los valores de nuestra democracia: libertad, legalidad, equidad, tolerancia, transparencia, independencia y respeto”.
Así, el presidente y el responsable de la política interior dieron la bienvenida de nuevo a los dirigentes de la oposición más representativa que, por su parte, no dejó de hacer observaciones.
Gustavo Madero, por ejemplo, mostró una fotografía donde el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, presenta su estructura electoral en una atiborrada plaza de toros. Con ello ilustró las “prácticas indebidas” que marcan los procesos electorales y que, dijo, se deben erradicar.
Peña Nieto no respondió al señalamiento y se concentró en su discurso preparado para celebrar el reencuentro. Tampoco lo hizo respecto de la observación discursiva de Jesús Zambrano: “Usted (presidente) está empeñando su palabra”.
El dirigente del PRI, César Camacho Quiroz, fue prolijo en encomiar el Pacto, pero no admitió llevar a su partido solo en las renuncias de corrupción electoral:
“Coincidimos y vamos juntos a combatir la suspicacia, a eliminar la zozobra de la sospecha. Queremos aportar más certeza jurídica para favorecer el clima de civilidad política”.
Más adelante dijo:
“Por decisión popular, todos los partidos somos gobierno en diversos ámbitos y, por lo tanto, compartimos responsabilidades, pues la evidencia demuestra que la tentación es la misma y existen denuncias de todos colores”.
Las obviedades
Los 11 puntos del adéndum incluyen en realidad “compromisos” que están marcados por las leyes y el “deber ser”, y no tendrían por qué ser objeto de acuerdo como el signado hoy. Por ejemplo, el primero compromete a los firmantes a “garantizar y exigir” que se aplique la ley a quienes incurran en delitos electorales.
Jesús Zambrano reparó en ello. En su intervención, rechazó las críticas por los compromisos que buscan cumplir la ley y la Constitución.
“No les falta razón, diría yo, situados desde una perspectiva, en un plan teórico. Pero nos vemos obligados a hacerlo así porque hay también quienes actúan en sentido contrario; de otra manera no habría explicación racional sobre el contenido del adéndum”.
Y es que la lista de “compromisos” sigue en el mismo sentido:
Un “blindaje electoral” en el que se expresan seis acciones para evitar el uso electoral de programas sociales.
Inclusión de la sociedad civil, es decir, una suerte de observatorio ciudadano especializado en temas de transparencia, para vigilar el funcionamiento y la operación de esos programas.
También, “profesionalización e imparcialidad” de los delegados federales y operadores de esos programas.
El adéndum expresa, en su quinto compromiso, crear comisiones locales cuyo fin es la equidad electoral. Como en los casos anteriores, las acciones de esas instancias que funcionarán en las 14 entidades donde haya elecciones están previstas por las leyes y la Constitución.
La función de las comisiones será atender denuncias, desplegar acciones para garantizar equidad en la competencia y cumplir con el 134 constitucional.
El sexto compromiso implica la creación de una comisión nacional que supervisará a las estatales y también “atenderá denuncias”, es decir, un asunto que corresponde a las fiscalías electorales y, en su caso, a las instancias de contraloría.
Las acciones concretas se extienden, en el compromiso siete, a suspender entrega de apoyos 45 días antes de los comicios, publicar los padrones de beneficiarios de programas y a que los gobernantes no favorezcan partidos ni entreguen despensas o utilitarios.
Además, se considera un compromiso para gestionar la participación de observadores electorales, algo que desde hace al menos dos décadas prevén las leyes electorales en el país.
Adicionalmente, se agregan tres acuerdos vinculados con el compromiso 89 del Pacto por México. Se trata de impulsar una reforma electoral; diseñar una iniciativa para crear un Sistema Nacional de Programas Sociales y, quizás, como única novedad de todo el adéndum pero que no se materializa en algo concreto:
“Redoblar esfuerzos para que las iniciativas de ley relacionadas con deudas estatales, transparencia y combate a la corrupción alcancen los más altos objetivos planteados en el propio Pacto por México”.
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