FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: http://www.sinembargo.mx/opinion/28-05-2013/14659.
Las cifras de agresiones en contra de las mujeres en el Estado de México sigue en aumento, sin que hasta ahora el gobierno del priista Eruviel Ávila Villegas haya expuesto un plan radical para atajar esa violencia.
Asesinatos, desapariciones y vejaciones físicas y sicológicas son el pan de cada día para miles de mexiquenses.
Apenas hace unos días, la asesora técnica de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres, María de la Paz López Barajas, sostuvo que el Estado de México, Distrito Federal, Guerrero, Nayarit, Durango, Nuevo León y Chihuahua son las entidades donde se realiza el mayor número de asesinatos contra mujeres.
“Del 100% de los feminicidios cometidos entre 2008 y 2011, Chihuahua, Estado de México, Guerrero y Distrito Federal reportaron 40% del total en la República Mexicana”, añadió López Barajas.
Organizaciones sociales e instituciones internacionales han evidenciado que en el Estado de México la desaparición de mujeres ha crecido de manera sostenida en los últimos siete años y aportan una cifra de miedo: desde 2010 más de una mujer desaparece cada día.
Otro dato que en cualquier otro país llamaría a la acción urgente del Estado y, por lo menos a la renuncia de las autoridades correspondientes, es que los indicadores de desapariciones de mujeres aumentaron hasta en 1,225 por ciento.
Según un punto de acuerdo promovido por Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC), desde los inicios de la administración de Enrique Peña Nieto en el Edomex –16 de septiembre de 2005 al 15 de septiembre de 2011– y hasta marzo pasado, se registraron 981 desapariciones de mujeres, y sólo se ha podido localizar a 290 mujeres, algunas vivas y otras muertas, con lo que hay 691 sin esclarecerse.
El municipio de Toluca, capital y sede del gobierno que encabeza Eruviel Ávila, es donde se han reportado el mayor número de desapariciones: 32 sólo en los dos primeros meses de este año; le sigue Naucalpan, con 13 casos, y Chalco con ocho.
Pero algo extraño ocurre ahí que los funcionarios no asumen su responsabilidad.
El colmo es, por ejemplo, que la actual titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, es una funcionaria que en diversas ocasiones ha minimizado el problema.
Cruz Sánchez fue vocal ejecutiva del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del gobierno del Estado de México durante la administración de EPN y, en su momento, se opuso a decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la entidad, argumentando que los 922 asesinatos documentados de 2005 a 2010 eran por diversas organizaciones, y sólo era una excusa para “golpear” políticamente al entonces Gobernador, Enrique Peña Nieto.
Aunque las autoridades del Edomex lo niegan, comenzando por el propio Gobernador Ávila Villegas, las cifras y los hechos no pueden taparse con un dedo. Menos aún si esos abusos vienen incuso de funcionarios públicos o de los legisladores locales, que ejemplos sobran.
El problema de la violencia en el Estado de México es grave en general, pero no atajar las agresiones contra mujeres no puede sostenerse más tiempo. Es una demanda que se ha postergado muchos años por gobiernos siempre emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), incluyendo el de Peña Nieto y el de Eruviel Ávila, que insisten en considerar a las mujeres como un grupo vulnerable y no como personas sujetas de derecho.
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