Por. Emir Olivares Alonso
Buscaban destruir archivos que documentaban deuda del gobierno de Sonora
Presentan pruebas ante la PGR
Dan a conocer documental sobre la tragedia en Hermosillo
Demandan al ex gobernador Eduardo Bours y al presidente Peña Nieto aclarar la situación
Padres de algunos de los 49 menores que fallecieron durante el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, presentaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) evidencias que apuntan a que el siniestro
fue provocadopara destruir archivos que documentaban una deuda del gobierno estatal, los cuales se encontraban en una bodega contigua a la estancia infantil.
Integrantes del grupo Manos Unidas
por Nuestros Niños dio a conocer que los deudos han recabado diversas pruebas que señalan que, conforme a diversos datos recientemente obtenidos, el incendio en el que murieron nuestros hijos fue intencionalmente provocado, con la finalidad de destruir documentos relacionados con la deuda por 10 mil millones de pesos generada durante el sexenio del ex gobernador Eduardo Bours Castelo en la aplicación del programa de obras Sonora proyecta.
El incendio, que se inició en una bodega de la Secretaría de Hacienda estatal y se extendió al local contiguo, donde estaba la guardería, ocurrió el 5 de junio de 2009. Cuarenta y nueve menores perdieron la vida y más de 70 resultaron lesionados, muchos de ellos con quemaduras en más de 80 por ciento de su cuerpo y a la fecha presentan secuelas.
Durante la presentación a la prensa del documental ABC, nunca más –en el que se narran las historias de varias familias afectadas por la tragedia–, Ofelia Vázquez y Germán León, padres del niño Germán Paul, quien falleció en el incendio, afirmaron que éste fue ocasionado
por tres personas comandadas por Carlos Andrés López Meza, quien era chofer y guardaespaldas personal de Juan Carlos Lam Félix (entonces secretario técnico del gobernador Eduardo Bours.
Agregaron que,
casualmente, dos meses después del siniestro, López Meza fue asesinado –recibió nueve impactos de bala– y
no se ha investigado nada, a pesar de que trabajaba como escolta de una persona que ostentó en su tiempo uno de los cargos más altos en el gobierno de Sonora.
La familia León Vázquez indicó que una persona, de la que no pueden revelar su identidad, presenció cuando esas tres personas se encontraban afuera de las instalaciones de la Secretaría de Hacienda de Sonora y fue testigo de lo sucedido.
La PGR ya tiene sus datos. Esas pruebas se las entregamos el 17 de abril pasado y corresponderá (a la dependencia) dar respuesta.
Consideraron que el primer interesado en aclarar esa información debe ser el ex mandatario estatal.
Estamos seguros de que él será el primer sorprendido ante ese hallazgo y que no usará su poder económico ni el de su grupo político para obstruir la justicia, enfatizaron.
Demandaron al titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, cumplir su palabra, que empeñó como candidato presidencial a los deudos de esa tragedia, ante quienes incluso se comprometió a esclarecer el caso y hacer justicia. En particular, porque más de cinco meses después de iniciada su administración no los ha recibido como prometió, aun cuando se solicitó una audiencia.
Esperamos que Peña Nieto cumpla su palabra y no le tiemble la mano para investigar la verdad, caiga quien caiga, y que los involucrados en estos lamentables hechos sean sometidos a la acción de la justicia, sin importar su condición política, económica o social. Es fundamental que el nuevo gobierno federal haga efectivo su principal postulado y dé la seguridad de que nada ni nadie está por encima de la ley.