AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.
Los señores que han firmado el Pacto por México viven una realidad ajena a la que viven millones de mexicanos. Estos señores no pagan gasolina, comida, luz, teléfono fijo ni celular; tampoco viajan en camión, metro, peseros o camionetas de carga. Seguro no saben los precios de los productos básicos ni el costo de los medicamentos. No conocen de la inseguridad, ni del miedo de ser atacados. Viven una burbuja de lujo pagada por los impuestos.
Pero basta con echarle una mirada a lo que está ocurriendo en el país para ver que esa realidad pactada, ese sueño de los justos, no es más que una ilusión y que el territorio nacional está teñido de manchas oscuras y rojas, por los conflictos sociales, los actos de violencia del crimen organizado y los problemas de tierra que están brotando con sus consecuencias de inseguridad social, enfrentamientos, conflictos y expresiones de rebelión popular.
Desde el año pasado la reportera Laura Castellanos retomó un estudio que sigue vigente, en el que María Fernanda Paz, a cargo del proyecto Conflictos socioambientales y movilización social, tipificación y análisis del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala que hay 125 conflictos rurales y urbanos en 22 estados del país.
La antropóloga señala que de 95 casos de su mapa nacional de conflictos el 40% es por agua, 25% por tierras de cultivo y territorios indígenas, 15% por áreas naturales protegidas, 9% por bosques o cerros, 6% por el entorno urbano, 4% por zonas costeras, 1% por contaminación del suelo. La mayoría de sus casos están concentrados en el centro, centro occidental y sur del país.
A estos problemas hay que agregar los conflictos sociales que han emergido en Guerrero, Oaxaca y Michoacán a raíz de la reforma educativa con marchas, mítines y tomas de carreteras que ya dan visos de rebelión popular.
Además, tenemos enfrente los brotes de hartazgo social producto de la inseguridad y la violencia en 11 estados, donde hay cincuenta grupos de autodefensa y policías de comunidades que han decidido tomar las funciones de seguridad y justicia que no les da el Estado.
Al mapa de conflictos se tienen que añadir los que ha provocado el crimen organizado en tres terceras partes del país, en las cuales hay regiones completas donde no hay más autoridad que la de los grupos o bandas criminales.
El número de muertos no ha disminuido en este gobierno en el cual el conteo periodístico registra más de 4 mil quinientos en medio año.
Enrique Peña Nieto dijo en días pasados que no llegó a la presidencia en busca de popularidad, sino de contribuir al desarrollo del país. Pidió tiempo para demostrarlo, pero todo lo está soportando en el Pacto por México que ya está desacreditado por el escándalo de los programas sociales con fines electorales en Veracruz.
El Pacto por México es un acuerdo de las cúpulas políticas de poder y en él están ajenos los grupos sociales, campesinos, indígenas, estudiantiles, obreros y de víctimas de la guerra contra el crimen organizado que piden justicia.
Estos conflictos sin resolver, que están fuera de la agenda política de partidos y gobierno, son los que con el tiempo se van acumulando hasta crear la tensión que estalla en movimientos sociales y brotes de rebelión popular.
Todo parece indicar que esto podría pasar y las primeras señales ya se están viendo en algunas regiones donde maestros, campesinos, indígenas, estudiantes, padres de familia y desempleados han tomado la decisión de desconocer a todas las autoridades.
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