AUTOR: MARÍA LUISA VIVAS.
El objetivo de este segundo punto es garantizar los derechos sociales y cerrar las brechas de desigualdad social persistente, a fin de crear una sociedad equitativa, cohesionada e igualitaria.
Pero la meta dista mucho de la realidad, según el diagnóstico elaborado por el gobierno actual, porque persisten altos niveles de exclusión, la privación de derechos sociales y la desigualdad entre personas y regiones del país.
Un dato lo demuestra: según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) 2010, 46.2% de la población está en condiciones de pobreza, sin la posibilidad de adquirir bienes y servicios, para satisfacer sus necesidades o sin poder acceder a alguno de los derechos sociales: educación, salud, seguridad social, calidad y espacios de vivienda, servicios básicos de vivienda y alimentación.
Por si fuera poco, 10.4% de la población nacional se encuentra en pobreza extrema, es decir, carece del ingreso mínimo necesario para adquirir una canasta básica alimentaria y no tiene acceso a tres o más derechos sociales.
Las mismas cifras del Coneval señalan que en 40% de los municipios del país, más de 75% de su población es pobre, y 190 municipios concentran la mitad de la población en pobreza extrema. Son municipios pequeños, en localidades rurales y con altos porcentajes de población de habla indígena.
Y pese a que el artículo 4 constitucional garantiza el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, el Coneval asienta que 28 millones de personas no tuvieron acceso a una alimentación adecuada en 2010. De éstos, 7.4 millones están en pobreza extrema.
De acuerdo con el PND, a pesar del creciente gasto social y de la implementación de un amplio abanico de políticas públicas en los tres ámbitos de gobierno los niveles de pobreza se han mantenido altos.
Entre 2008 y 2010, según el Coneval, en medio de un escenario de crisis económica y volatilidad de precios internacionales de alimentos, “la única carencia social que aumentó su incidencia fue la alimentaria”.
Distribución desigual
Según el PND también la distribución del ingreso del país representa un reto para el desarrollo nacional y la equidad social. Y no es para menos, en la última década, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), México fue la segunda nación más desigual después de Chile.
Datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2010 señalan que la relación de ingresos entre el 10% de la población más rica y el 10% más pobre fue de 25 a uno.
La misma medición destaca que el 44% de la clase trabajadora del país percibe ingresos por debajo de dos salarios mínimos mensuales.
El panorama por regiones es menos alentador, según el PND. Alrededor de 45% de las personas ubicadas en áreas urbanas son pobres y la cifra aumenta a 65% en zonas rurales.
Parte del problema, según el programa, es que los recursos públicos destinados a atender los problemas de pobreza y desigualdad en algunos casos no están dirigidos adecuadamente: la mitad de esos recursos se destinan al segmento superior de la escala de ingresos y sólo 10% se asigna al 20% más pobre de la población.
A todo esto se suma otro problema: la discriminación de la que son víctimas 6.7 millones de personas que hablan
lenguas indígenas y los más de 5.7 millones que viven con alguna discapacidad.
“La discriminación, intolerancia y exclusión social que enfrentan estos sectores de la población mexicana constituyen uno de los mayores desafíos para la presente administración”, señala el PND.
Es imperativo, subraya, generar políticas públicas para corregir desigualdades, dar poder a quienes no lo tienen y crear una auténtica sociedad de derechos y de igualdad de oportunidades. También, dice, es fundamental atender el creciente número de jóvenes que no estudian ni trabajan y diseñar acciones específicas de política pública enfocadas a mejorar su calidad de vida y sus oportunidades.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, hay 6.1 millones de niñas, niños y adolescentes que están fuera de la escuela.
Otro eje transversal del PND en el ámbito de la igualdad es el de género. En esta materia, dice, los retos son muchos y muy complejos.
A pesar de que la participación femenina en la economía ha crecido aceleradamente en los últimos 40 años, en su mayoría se siguen desempeñando en puestos de menor jerarquía, en trabajos que carecen de seguridad social y en actividades “propias de los roles asignados a su género” en el sector servicios como vendedoras, profesoras, enfermeras y cuidadoras de niños.
También hay grandes diferencias en cuanto al trabajo remunerado, ya que 49.5% de las mujeres ocupadas gana menos de dos salarios mínimos, en comparación con 34.7% de los hombres.
Según el índice de Discriminación Salarial 2012, las mujeres ganan en promedio 5% menos que los hombres, aunque en algunas ocupaciones la brecha es mayor.
Además, el PND refiere que cuatro de cada 10 mujeres son cabeza de familia y desempeñan una doble jornada, porque además de su empleo se encargan del trabajo doméstico, aunque este último no se contabiliza en las encuestas nacionales.
Otro grupo que requiere atención especial, señala el PND, es el de los adultos mayores de 65 años, que representan 6.2% de la población. Casi la mitad de ellos es pobre.
También están los 5.7 millones de personas con alguna limitación física o mental, a los que, desde 1995, el gobierno federal ha destinado recursos para la creación de instituciones y mecanismos que garanticen su derecho al desarrollo integral e inclusión plena.
En este ámbito, señala el PND, aún persiste una brecha importante en el acceso a la educación en condiciones adecuadas, así como el acceso a oportunidades de trabajo.
Acceso a la salud limitado
En materia de salud, refiere el documento, el ingreso del Seguro Popular en 2004 representó un avance en términos de igualdad a la protección social de la salud.
Sin embargo, apunta el PND, su paquete de servicios es limitado en comparación con la cobertura que ofrecen el IMSS y el ISSSTE a sus derechohabientes, y también “representa un reto para promover la formalidad del empleo con el tiempo”.
El documento señala que entre 2000 y 2010, el gasto público en salud como porcentaje del PIB creció de 2.6% a 3.1%, lo que representa un aumento de 19.2%. Sin embargo, “este nivel de gasto sigue siendo bajo en comparación con el de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”.
Se ha avanzado también en el aumento de la esperanza de vida o la disminución de la mortalidad infantil. La mortalidad materna se redujo a menos de la mitad entre 1990 y 2011, al pasar de 89 a 45 defunciones de mujeres por cada 100 mil nacidos vivos. Sin embargo, la cifra aún está lejos de la meta de 22 defunciones, pactada para 2015 con países miembros de la ONU.
La obesidad es otro indicador. En 2008 su atención representó un gasto de 67 mil millones de pesos. “De no actuar, el costo que pagaremos en el futuro será mayor a la inversión requerida hoy para implementar políticas que hagan frente a esta problemática”, advierte el documento.
Seguridad social insuficiente
Un problema más de desigualdad es el sistema de seguridad social, que está directamente relacionado con la condición laboral y favorece principalmente a quienes cuentan con un trabajo formal. Actualmente el 84% del gasto del gobierno en protección social está destinado a ese sector de la población que representa apenas un 40% del total. El resto está en la informalidad.
Dicho de otra manera, sólo el 15.6% del gasto de seguridad social del gobierno se utiliza para atender al 60% de la población, fracción en la que se ubican las personas de menores ingresos.
El sistema, señala el PND también se caracteriza por la falta de “portabilidad de derechos” cuya consecuencia directa es que quienes deciden cambiar de empleador, antes de cumplir con cierta antigüedad laboral, pierden sus beneficios de pensión y atención médica lo que genera una gran cantidad de trabajadores con largas trayectorias laborales y desprotección de la vejez.
Dentro del sistema, el IMSS, la institución de seguridad social más grande de Latinoamérica, con más de 16 millones de trabajadores asegurados, “presenta un panorama financiero complicado” por dos factores en particular.
El primero es la prevalencia de padecimientos crónico-degenerativos, cuya atención requiere de mayores recursos económicos; y el segundo, los retos financieros derivados de su régimen de jubilaciones y pensiones y de una contratación acelerada de personal en los últimos años.
Por su parte, el ISSSTE, la segunda institución de seguridad social más importante del país, “requiere ser fortalecido para garantizar su viabilidad”.
El reto para el gobierno actual en materia de seguridad social, señala el PND, es llevar a cabo políticas que fortalezcan la situación financiera de ambas instituciones y que considere un seguro de desempleo que proteja a las familias ante cambios temporales en la condición laboral.
El acceso a la vivienda digna también se ha convertido en un problema, debido en parte a que la oferta de casas se encuentra lejos de servicios como escuelas, hospitales y centros de abasto. Esto ha generado, según el PND, comunidades dispersas, un debilitamiento del tejido social y un uso poco eficiente de los recursos de la economía.
Actualmente, según el Censo de Población y Vivienda 2010, ese fenómeno ha generado que cinco millones de casas estén deshabitadas y, otros dos millones, estén ocupadas de forma temporal.
Política social de nueva generación
Ante el panorama adverso, el gobierno de Peña Nieto se plantea el reto de contar con una política social “de nueva generación”: una política enfocada en alcanzar una sociedad de derechos ciudadanos y humanos “plenos”.
La prioridad, señala el documento, será integrar una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades.
“Un México incluyente busca consolidar plataformas de movilidad social que contribuyan a cerrar las brechas existentes entre diferentes grupos sociales y regiones del país”, subraya el PND.
La acción del gobierno para lograr un México incluyente girará en torno a cinco ejes: garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población, transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente, asegurar el acceso a los servicios de salud, ampliar el acceso a la seguridad social y proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.
No hay comentarios:
Publicar un comentario