AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
MÉXICO, D.F: Óscar Sánchez Juárez, reinstalado el miércoles 8 como presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado de México, es sinónimo de escándalo: No sólo por ser un declarado admirador de Adolfo Hitler, sino por acusaciones de malversar millonarios recursos públicos como diputado y dirigente, así como por ser parte de la red de complicidades de su partido con el gobierno priista de esa entidad desde que lo encabezaba Enrique Peña Nieto.
Lo primero que deberá aclarar Sánchez Juárez es el destino de casi 5 millones de pesos de prerrogativas “extraviados” y una cantidad igual que ejerció durante los 35 días que encabezó el PAN estatal por decisión del presidente nacional, Gustavo Madero, cargo del que luego fue destituido por el CEN y en el que lo reinstaló el Tribunal Electoral local, el miércoles 8.
El presidente estatal saliente, Octavio Germán Olivares, informó al CEN que Sánchez Juárez cometió “una serie de irregularidades” en el manejo de los casi 5 millones de pesos que recibió, en un “acto indebido”, del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).
En un oficio enviado a la secretaria general del CEN, Cecilia Romero, el 15 de abril, Olivares asegura que, además de violar leyes y reglamentos de fiscalización, Sánchez Juárez no entregó comprobantes de gastos, hizo contrataciones anómalas, desapareció vehículos y equipos de radiocomunicación, aumentó sueldos a personal afín a él y se dejó de pagar a los adversarios internos…
Por ello pide al CEN que se tomen medidas por el manejo de las cuentas de Sánchez Juárez, “ya que los movimientos realizados en la contabilidad, además de no estar apegados a la legalidad y la transparencia, nos pueden crear problemas con las autoridades electorales”.
Sin embargo, Olivares tampoco entrega buenas cuentas y de hecho hereda un PAN en quiebra, según las conclusiones de una auditoría a su trienio: Estados financieros “maquillados” que ocultan deudas diversas, como la multimillonaria evasión de cuotas al IMSS e Infonavit; asedio de acreedores y embargos en puerta, y hasta la venta bajo sospecha del edificio sede…
De tal magnitud es el caos financiero en el PAN estatal que el CEN ya destituyó al tesorero de la administración saliente, José Fernández Caballero, y designó a Elizabeth Molina para tratar de poner orden en lo que parece un torneo de turbiedades entre las dos facciones que se disputan el poder en la entidad.
Lo paradójico es que también el IEEM está involucrado en este desorden: Pese a que Sánchez Juárez y su tesorero, Óscar García Martínez, no tenían poderes para recibir las prerrogativas, como lo reconoció el propio órgano electoral, les entregó dos cheques por 4 millones 941 mil pesos.
El mismo día, 15 de marzo, y casi de manera simultánea, el IEEM hizo dos transferencias electrónicas a la cuenta del PAN estatal por otros 4 millones 941 mil pesos y ahora nadie sabe dónde quedó ese dinero.
Miembro del Grupo Tlalnepantla, que encabeza el diputado local Ulises Ramírez Núñez, Sánchez Juárez asegura que él jamás utilizó los recursos de esa transferencia electrónica, porque los únicos que tenían acceso a ellos eran Octavio Germán Olivares y Fernández Caballero; añade que, una vez reinstalado como presidente, concluirá una investigación al respecto.
“Supe que hubo disposición de cantidades importantes. Se habla de un cheque de 600 mil y otros de 300 mil. La pregunta es: ¿Quién dispuso de ese dinero?”, expone Sánchez.
–¿Ellos son los responsables?
–¡Claro, nosotros jamás tuvimos acceso a esas cuentas!
En contraste, el presidente de la Comisión de Vigilancia y expresidente del PAN estatal, Noé Aguilar Tinajero, afirma que la malversación de recursos es el sello de Sánchez Juárez, quien –asegura– nunca rindió cuentas de 13 millones de pesos que manejó cuando fue coordinador de la bancada.
“Y ahora en su gestión de 35 días no hay ningún comprobante de nada, no contabilizaron nada y no hay forma de hacerlo, porque no hay papeles”, insiste Aguilar, quien promueve ante la Comisión de Vigilancia nacional que Sánchez Juárez rinda cuentas y sea sancionado.
–¿Debe ser expulsado Óscar Sánchez?
–Ante este tipo de anomalías, personas como él y como Ulises Ramírez deben ser expulsadas del PAN y, además, darle vista a las autoridades correspondientes.
Partido quebrado
La honda crisis que vive el PAN en el Estado de México no es nueva, pero recrudeció a raíz de la elección interna del 24 de noviembre, cuando se enfrentaron por la presidencia Óscar Sánchez y Jorge Inzunza, que fueron diputados locales en la misma legislatura.
Sánchez Juárez ganó la elección por un solo voto y desde entonces es impugnado por la facción antagónica: Debía ser ratificado por el CEN, pero la votación se aplazó dos veces por falta de quórum hasta que Madero decidió, el 22 de febrero, darle posesión por “providencias”, una facultad sujeta al aval del CEN y que, el 19 de marzo, no se concretó.
Por ello Sánchez Juárez sólo ocupó el cargo del 25 de febrero al 5 de abril y decidió impugnar la decisión del CEN. El miércoles 8, el Tribunal Electoral del Estado de México lo restituyó en el cargo, decisión que será impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Durante la breve gestión de Sánchez Juárez se concluyó una auditoría a la gestión de Octavio Germán Olivares, a quien apoya el grupo que respaldó a Inzunza: La Organización Nacional del Yunque, que encabeza Luis Felipe Bravo Mena, y exdirigentes estatales como Noé Aguilar Tinajero, Juan Carlos Núñez Armas y Astolfo Vicencio Tovar.
La empresa que practicó la auditoría, Suárez del Real y Galván Flores, S.C., emitió una “opinión desfavorable” al trienio de Olivares debido a que se “maquillaron” los estados financieros y no se registraron pasivos por más de 40 millones de pesos, entre ellos la falta de pago al IMSS y al Infonavit de 2010 a 2012.
“Estos incumplimientos –establece la auditoría– se derivan principalmente de no haber inscrito obligatoriamente a todos los trabajadores, a que los salarios base de cotización manifestados al IMSS son inferiores a los salarios que cobraron realmente los empleados y funcionarios y a que no se pagaron en su totalidad los importes que se retuvieron a los trabajadores.”
Y precisa: “Se estima que las omisiones por cuotas del IMSS y del Infonavit, por cada uno de los tres ejercicios mencionados, asciende aproximadamente a más de 8 millones de pesos, sin considerar actualizaciones, recargos y multas; el total podría ascender a más de 26 millones de pesos, que no están reconocidos en los estados financieros”.
También se omitieron 3.9 millones de pesos que se adeudan al comité municipal de Toluca y 8 millones en cuentas por pagar a proveedores. Por la “antigüedad” de esas anomalías, el PAN podría ser multado por el IEEM.
Otro caso es la venta en 12 millones de pesos del edificio estatal del PAN, en abril de 2011, que indebidamente se sumó totalmente a los ingresos del ejercicio. “Debió ser únicamente la diferencia entre el precio de venta y el valor de adquisición, es decir 8 millones 836 mil. Por lo anterior, el incremento en el patrimonio contable no restringido del ejercicio 2012 está excedido por ese movimiento en 3 millones 163 mil pesos”.
Los auditores concluyeron que los estados financieros fueron maquillados:
“Si se hubiesen registrado los pasivos mencionados y en forma correcta la baja del inmueble enajenado y los gastos de operación, la situación financiera del CDE Edo. Méx. sufriría una modificación substancial y el resultado de sus actividades, incrementándose en más de 40 millones de pesos, consecuentemente se reflejaría como una disminución en el patrimonio neto de la entidad, convirtiéndolo en deficitario”.
Durante su trabajo los auditores enfrentaron diversas limitaciones, como la falta de documentación sobre las inversiones inmuebles, mobiliario y equipos propiedad del PAN. Un ejemplo fue la venta del edificio sede, que desde los ochenta se ubicó a un costado de lo que fue el Toreo de Cuatro Caminos.
Por ello “no nos fue posible satisfacernos de la legítima propiedad de los inmuebles a favor del PAN que reportan los estados financieros, su correcta evaluación y si existe o no alguna restricción o gravamen sobre los mismos”, explican.
Los millones “perdidos”
En ese contexto Sánchez Juárez asumió su primer breve periodo como presidente del PAN el 25 de febrero. Lo primero que hizo al día siguiente fue solicitar dinero al IEEM, que es el origen de un manejo irregular, según el informe entregado al CEN el 15 de abril:
“De la revisión que estamos realizando a las cuentas y patrimonio del partido, derivado de la entrega-recepción de la administración presidida por el Lic. Óscar Sánchez Juárez, hemos encontrado una serie de irregularidades en el área de Tesorería, misma que ahora hago de su conocimiento para que se tomen las medidas más adecuadas, ya que los movimientos realizados en la contabilidad, además de no estar apegados a la legalidad y la transparencia, nos pueden crear problemas con las autoridades electorales.”
En un anexo, Olivares concluye que el manejo irregular de Sánchez Juárez y su tesorero, Óscar García, asciende a un total de 4 millones 376 mil 597 pesos y lo hicieron a través de una cuenta que abrieron en Banorte, al no tener acceso a la cuenta oficial del PAN por falta de poderes.
De hecho, esa falta de poderes es el origen de una serie de sucesos descritos en el informe y que, según Olivares, representan la violación de la normatividad vigente, como no reportar al IEMM la apertura de la cuenta bancaria, las transferencias realizadas y la falta de comprobación de las mismas.
Según el informe, del que Proceso tiene copia íntegra, Sánchez Juárez actuó indebidamente porque, “utilizando hojas membretadas de la representación del partido ante el IEEM, y sin contar aún con los poderes necesarios”, solicitó recursos al secretario ejecutivo del órgano electoral, Francisco Javier López Corral.
Y aunque el director de Partidos Políticos, Sergio Anguiano Meléndez, informó a López Corral que no se cumplían los requisitos, el IEMM realizó, el 15 de marzo, dos transferencias electrónicas a la cuenta del PAN estatal: Una de 4 millones 844 mil por concepto de “financiamiento público para actividades permanentes” y otra de 96 mil 883 pesos por “actividades específicas”.
No obstante estas transferencias –de las que nadie sabe nada–, el IEMM entregó dos cheques por la misma cantidad y por los mismos conceptos a Sánchez Juárez y García Martínez, como consta en las pólizas cuyas copias tiene el reportero, por un total de 4 millones 941 mil pesos con 82 centavos.
El informe enviado al CEN refiere: “Este acto es indebido por parte del IEEM, ya que entregó el financiamiento de marzo 2 veces, una mediante transferencia y otra mediante cheques expedidos a favor del partido”.
Con esos dos cheques, ese mismo 15 de marzo se abrió una cuenta en Banorte, sucursal Troncoso, en la Ciudad de México, y se registraron las firmas de Sánchez Juárez y García Martínez. Desde ahí se emitieron cheques y se hicieron transferencias.
El informe acota: “Ambos cheques son depositados en la misma cuenta, debiendo ser en cuentas separadas para cada uno de los conceptos, según la normatividad del IEEM”.
Adicional a esos recursos del IEEM, la Tesorería Nacional del PAN depositó en las cuentas del comité estatal 2 millones de pesos por concepto de anticipo de prerrogativas, pese a que se había acordado retenerlas hasta nuevo aviso, si bien los movimientos de esta cuenta los realizó personal de la Tesorería Nacional.
Con la cuenta de Banorte-Troncoso, Sánchez Juárez y su tesorero Óscar García hicieron varios movimientos, como la contratación –“sin contar con el poder correspondiente”, según el informe– de 60 radios Nextel, de servicios por más de 100 millones de pesos, y el pago de nómina del comité estatal y de los comités municipales, así como financiamiento a éstos.
La mano de Peña
Todos esos movimientos irregulares se realizaron con tarjetas de nómina, por lo que no hay comprobantes y, según el informe entregado al CEN, las “inconsistencias habidas en esta nueva cuenta suman un importe total de 4 millones 376 mil 597 pesos”.
Acota el documento: “Con fecha de 25 de marzo, Óscar García Martínez, en funciones de tesorero del CDE, envía comunicado a Banorte solicitándole cambiar el término ‘nómina’ por el de ‘pagos diversos’. Con ello algunos de los pagos hechos al personal del partido aparecen como pagos diversos”.
Y añade: “Por lo tanto, no existe comprobante alguno de haber realizado pagos al personal correspondientes a la segunda quincena de febrero, 1 y 2 de marzo”.
El documento enviado al CEN enumera otras anomalías: “Se dieron de alta 74 personas, se incrementó el salario de personas afines a su grupo, se dejó de pagar a personas que no consideran de su grupo, no existen recibos de pago de salarios ni se hicieron las correspondientes deducciones de ley”.
Entre las anomalías descritas por Olivares se consigna también que no se entregaron como patrimonio del PAN estatal 60 equipos de radiocomunicación ni un lote de automóviles, al parecer de 40.
Al respecto, y con la aclaración de que no conoce el documento de su antecesor en el cargo, Sánchez Juárez niega las imputaciones y asegura que, en los 35 días de su primera gestión, resolvió problemas heredados con los casi 5 millones de pesos de prerrogativas del IEEM y 1 millón 350 mil pesos del CEN.
Según él, como su antecesor omitió el pago al personal de la segunda quincena de febrero, él debió pagar tres quincenas por un total de 3 millones 900 mil pesos; también solventó dos meses de financiamiento a los comités municipales por 1 millón 650 mil pesos, y evitó que el IMSS suspendiera la atención a los trabajadores al liquidar 390 mil pesos por dos mensualidades atrasadas y la de marzo.
“En esto se nos fue todo el dinero”, afirma el polémico dirigente, quien rechaza que haya irregularidades en el manejo de los recursos de la cuenta –que él abrió, dice, por recomendación del CEN– y, aunque reconoce que transfirió los recursos vía tarjeta de nómina y sin comprobante, asegura que “no lo marca así la norma”.
Pero para Aguilar Tinajero no hay duda: Sánchez Juárez actúa con la misma opacidad que cuando fue coordinador de la bancada del PAN, de 2009 a 2011, como lo acreditó la auditoría practicada por la empresa BDO Castillo Miranda y Asociados.
Interrogado sobre si él como responsable del manejo financiero del PAN no advirtió de las anomalías en las que también incurrió Octavio Germán Olivares, como lo reveló la auditoría que él conoció en primera instancia, Aguilar Tinajero reconoce que sí, y señala que se identifican “cosas graves”.
Sin embargo, aclara que “por lo menos del dinero que entra está todo registrado y sabemos dónde están las fallas. Sí es un grave error no pagar impuestos, eso es gravísimo, pero eso está registrado. En cambio en el caso de los 35 días de Óscar Sánchez no hay ningún comprobante de nada, no contabilizaron nada y no hay forma de contabilizar, porque no hay papeles”.
Una vez que el Tribunal Electoral del Estado de México reinstaló a Sánchez Juárez en el cargo de presidente del PAN, Aguilar advierte que la crisis no se resuelve y afirma que en esta decisión intervino el gobierno estatal del priista Eruviel Ávila e influyeron los nexos de los magistrados con Ulises Ramírez.
De hecho, fue Sánchez Juárez quien propuso como magistrado a Crescencio Valencia Juárez y éste, a su vez, trabajó en el ayuntamiento de Tlalnepantla mientras Ulises Ramírez fue alcalde.
“Lamento que el gobierno del estado tenga tanto interés en apoyar al Grupo Tlalnepantla, aun a costa de que el Tribunal Estatal le haya dado un fallo en contra de la decisión del CEN”, dice Aguilar, y da como un hecho que el asunto llegará al TEPJF.
“Veremos si el TEPJF es capaz de tomar una decisión que ayude a sanear la vida interna del PAN o colabora a hundirnos aún más. Si así fuera, entonces pienso que el mismo Peña Nieto está metido en este asunto. Qué lamentable que el gobierno del estado se meta en la vida interna del PAN. Muy lamentable.”
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