Aunque un juez dictó formal prisión contra 8 exfuncionarios por irregularidades en la construcción de la Estela de Luz, estos no pisarán la cárcel
Los inculpados contra quienes se inició el proceso por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, y no por el de malversación de fondos son: Domitilo Barragán Álvarez, exgerente jurídico de iii Servicios; Bernardo Garza Garza, exgerente comercial y Érick Treviño Lartundo, exsubgerente de Evaluación, Estadística y Mejora.
Además de Juan Ricardo Díaz Ortega, exsubgerente de Construcción; Fernando Raúl Spadoni Rodríguez, exsubgerente de Concursos, y José Carlos Olivares Correa, exsubgerente de Contabilidad y Presupuesto.
También serán procesados Ricardo Morales Jaramillo, exgerente de Administración y Finanzas, y Sergio Salas Arellano, excoordinador de Mantenimiento Zona Centro.
A pesar del auto de formal prisión girada en su contra, los extrabajadores de la empresa que es subsidiaria de Petróleos Mexicanos (Pemex), enfrentarán el juicio en libertad y no tendrán que pisar la cárcel debido a que el delito por el que se les acusa no es grave.
Gabriel Regino, quien fuera subsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal y actual abogado de los acusados, señaló que cuentan con una suspensión provisional concedida por un tribunal federal.
Según información de Proceso, el defensor dijo que dicha suspensión volvió a tener vigencia después de que sus clientes se presentaran el pasado jueves 16 de mayo a declarar ante el juez Noguera Gregoire y pagaran una garantía de cinco mil pesos, requisitos que les solicitaron para gozar de la suspensión.
La PGR solicitó también órdenes de aprehensión para los otros cuatro implicados en el caso, pero no se ha definido su situación jurídica.
El cambio de planes
Aunque el proyecto original del llamado “Monumento a la corrupción” consideraba 38 mil 877 metros cuadrados de espacios conmemorativos, al ser adjudicada la obra se redujo a 11 mil 573 metros, y al final solo se desarrollaron ocho mil 138 metros cuadrados.
Aún así el costo se triplicó, pues de los 398 millones de pesos que se tenían contemplados para su edificación, al final se invirtieron más de mil millones de pesos, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La ASF acusó a la Secretaría de la Función Pública de incumplir con su función de inspeccionar y vigilar la construcción de la obra y aplicar las sanciones correspondientes.
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