AUTOR: JAVIER ESTRADA.
El mismo funcionario que dio el Visto Bueno a las medidas de seguridad del trágico casino Royale, también autorizó dos gasolineras que se encuentran a un lado de escuelas primarias.
El responsable de otorgar el Visto Bueno (VoBo) a los dictámenes de seguridad de estas potenciales “bombas de tiempo” fue el mismo que lo dio al trágico casino Royale, donde hace dos años murieron 52 civiles por un ataque del crimen organizado.
El subdirector de Administración de Emergencias de Protección Civil del Estado, Martín Castillo, favoreció a dos concesionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) con los trámites.
Este funcionario que depende del comandante Jorge Camacho Rincón, sin embargo, no sólo dio los VoBos a los centros de abastecimiento de combustible aunque no reunían los requisitos mínimos para funcionar.
También omitió la ley estatal y se basó en un obsoleto acuerdo federal para otorgarlos.
Una de las gasolineras que se ubica en el número 260 de la calle Acueducto, en la colonia Enrique Rangel, está en medio de la escuela primaria Ramón López Velarde y el Instituto Sierra Madre.
El establecimiento se ubica del primer plantel a una distancia de 13 metros y a 10 del segundo, según un croquis del predio elaborado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Santa Catarina (SEDUOP).
Esto contradice a la Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Urbanos y de Desarrollo Urbano de Nuevo León, que prohíbe construir gasolineras a menos de 50 metros de una escuela.
El artículo 120 Bis 1 del ordenamiento estatal establece que las gasolineras podrán operar si se ubican a esta distancia mínima contada “a partir de los límites de propiedad del predio”.
Aún así, el subdirector Castillo no respetó la ley y dio el VoBo a favor del propietario y arrendador del terreno, Fernando García Sada, y la empresa operadora Carburantes Acueducto S.A. de C.V.
En el oficio del 29 de junio de 2009, el funcionario justifica que se otorgó en base al dictamen de seguridad elaborado por Protección Civil de Santa Catarina, en ese entonces dirigido por Jorge Vargas Díaz.
Pero la autoridad municipal se basó en un acuerdo firmado en 1994 por la Comisión Federal de Competencia y Pemex, en el que se detalla el “Programa simplificado para el establecimiento de nuevas estaciones de servicio”.
El programa tenía el objetivo de simplificar los trámites para operar gasolineras y favorecer el incremento de estos negocios, pero es obsoleto porque no responde a la realidad urbana que el país tenía hace 19 años.
Aunque el convenio fuera válido, tanto el Municipio como el Estado también lo habrían incumplido, porque en él se señala que las gasolinera pueden establecerse a una distancia mínima de resguardo de 15 metros.
Así que en dos ocasiones las autoridades no habrían cumplido los requisitos de la ley estatal y el acuerdo federal.
Preocupada porque dos de sus hijos asisten a la primaria Ramón López Velarde, la ciudadana Cruz Puente Saucedo promovió el juicio de amparo 653/2013, en el que demandó al Ayuntamiento por la autorización y el permiso de construcción de la gasolinera.
De tal manera que las obras fueron suspendida provisionalmente por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, encabezado por Javier Rubén Lozano Martínez, hasta que se resuelva el fondo del amparo.
La audiencia constitucional del juicio está programada para el próximo 22 de mayo.
Se equivocan y Municipio corrige error
Castillo se basó en el mismo acuerdo federal para dar el VoBo a otra gasolinera ubicada justo atrás de la escuela primaria Mariano Escobedo, en la colonia La Fama.
El subdirector lo otorgó el 12 de noviembre de 2009, luego de que un inspector de Protección Civil del Estado elaboró el dictamen técnico de seguridad a la estación, localizada sobre el boulevard Díaz Ordaz.
Un mes después de que se expidió el VoBo los concesionarios se percataron que habían cometido un error, a pesar de que un perito supuestamente había acudido al predio para estudiar sus colindancias y riesgos.
“Nos percatamos que el inmueble (….) colinda al sur con la escuela Mariano Escobedo”, reconoció uno de los promotores en una misiva enviada el 17 de diciembre del mismo año a René Garza Valdez, entonces titular de la SEDUOP.
¿Y qué fue lo que hizo el Municipio para enmendar el error de un particular? Subdividir el terreno para respetar la ley estatal y cumplir con los 50 metros de distancia de resguardo.
“Será necesario gestionar y obtener de esa Secretaría de la cual es usted titular, la autorización de subdivisión del predio, para el efecto de una vez hecha la partición del mismo se destine uno de los inmuebles resultantes para la construcción del giro de gasolineras.
“Por lo que atentamente solicito se sirva proporcionar los requisitos para la obtención de dicha autorización o licencia de subdivisión”.
En un informe del 11 de marzo de 2011, dos años después del error, la Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento constata que ya se cumplía con la separación mínima requerida.
“(La escuela) se ubica a una distancia de 50.50 metros contados a partir del límite de propiedad del inmueble, objeto de la presente solicitud, según se corrobora con la autorización y plano de subdivisión”.
Los documentos de esta gasolinera fueron desclasificados luego de que el ciudadano Pablo González de la Cruz giró una solicitud de información a las autoridades para conocer las irregularidades de la obra.
Él fue miembro del Consejo Consultivo Ciudadano de Seguridad Pública de Santa Catarina en las administraciones de los exacaldes Dionisio Herrera Duque y Gabriel Navarro Rodríguez, que las acusa de “corrupción organizada”.
Pero datos importantes de los oficios fueron borrados, como los nombres de los propietarios del predio y funcionario municipales, la permisionaria, la arquitecta encargada de la obra y números de expedientes.
Información que tal vez un día se conocerá si ocurre una tragedia como la del casino Royale por estas “bombas de tiempo”, que representan un riesgo latente para cientos de niños que cada día acuden a clases.
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