AUTOR: FRANCISCO BEDOLLA CANCINO.
Como hoy sabemos, de nada o de muy poco sirvieron las presiones. Sea por la incompetencia de los funcionarios del Instituto de la Judicatura, órgano encargado de la organización del concurso, o por su mala fe, lo cierto es que los exámenes aplicados exhibieron múltiples reactivos con problemas de diseño o de inexistencia de la opción correcta. Lo que por tanto se avecina, habida cuenta de lo desastroso que resultó el pasado concurso, es un golpe durísimo, porque exhibe la incapacidad y, posiblemente los sesgos de corrupción, del órgano garante del profesionalismo y la imparcialidad del funcionariado del Poder Judicial. Ahora sí que, como dice el refrán, “en la casa del herrero, cuchillito de palo”.
En medio de la mar de historias que dan cuerpo a la tragicomedia de la política mexicana, podría pensarse que “un prieto más en el arroz” no hace diferencia. A final de cuentas, si uno observa el perfil de la preparación y la experiencia de los altos funcionarios actuales de la SEP o de la SEDESOL, en cuyos hombros recaen las responsabilidades estratégicas de formar a las nuevas generaciones y combatir la pobreza y la inequidad, salvo contadas excepciones, habría que concluir que están ahí no por sus capacidades y méritos profesionales, sino en pago a la lealtad y la disciplina ciegas mostradas con sus superiores.
El común denominador entre los patrones de atracción y retención de personal entre el Poder Judicial y las secretarías de Estado es fácil de develar: salvo rarísimas excepciones, el criterio de selección es la amistad y cercanía personal; esto es, se trata de patrimonialismo puro. Las consecuencias de dichos patrones son igualmente similares: desempeños profesionales de baja calidad y alejados de los principios de la legalidad y la ética pública, por un lado; y, por el otro, climas laborales de desencanto y poca motivación al logro y el desempeño extraordinario. Sin menoscabo de ello, una diferencia importante tiene que ver con los dispositivos legales e institucionales que aplican al manejo de los recursos en los casos del Poder Judicial, anclado en un entramado más o menos fuerte de servicio civil de carrera, y de las dependencias del Ejecutivo, anclados en la facultad presidencial para nombrar a los secretarios y subsecretarios y en los laxos dispositivos para que éstos puedan nombrar y remover a quienes ocupan los cargos de director general hacia abajo.
El escándalo con los dudosos manejos del Consejo de la Judicatura Federal, así, se debe más a la incontinencia de sus pulsiones patrimonialistas, dada la regulación sobre los concursos y la promoción de los funcionarios, que a la realización de actos disonantes. Dicho en otras palabras: si valieran para el Poder Judicial las mismas reglas y expectativas que valen para las dependencias del Ejecutivo Federal, el problema mediático sería menor.
Los escándalos de las instituciones "autónomas", el IFE en la lista
La regla de que el patrimonialismo en la integración de las instituciones públicas mexicanas es la regla máxima y de que, consecuentemente, los escándalos son siempre mayores en las instituciones autónomas del Estado, aplica a la perfección al caso del Instituto Federal Electoral y a su servicio profesional electoral.
Los problemas que éste acusa apuntan en todas direcciones: incumplimiento con la disposición legal de hacer un concurso anual de incorporación; celebración más que dudosa para la compra millonaria de un software para la administración integral de los procesos que, a más de un año y un contrato adicional para reparaciones, no se ha utilizado; diseño y uso de exámenes de escasa pertinencia como predictores del desempeño profesional de los aspirantes; un sistema de evaluación del desempeño complejo en su diseño pero rupestre en su implementación, incapaz por cierto de distinguir entre desempeños regulares, buenos y excelentes; un sistema de incentivos sin lógica y sin rumbo, que exhibe mayor preocupación por extender a más funcionarios los beneficios que por estimular el desempeño extraordinario; un sistema de formación y desarrollo ineficiente, desconectado de las exigencias y por demás escolástico; y, lo que no es menor, un sistema sancionatorio que poca ayuda a la forja de un clima laboral digno y compatible con la eficiencia y la productividad laboral.
En un clima público y político de autopretendido corte reformador, las preguntas relevantes para las élites impulsoras del 'Pacto' es ¿no ha lugar al impulso de una solución a los vicios patrimonialistas que impiden la llegada de las mejores mujeres y los mejores hombres a los cargos de mayor relevancia para el bienestar público nacional?, ¿no ha lugar a que los poderes públicos prediquen con el ejemplo de la legalidad y la transparencia en la asignación de las oportunidades laborales?
Hasta donde da nuestro saber, no ha habido pronunciamientos en sentido contrario a la máxima de que el capital más valioso de una organización son sus integrantes, el capital humano. De ahí que, al margen de si se reconoce o no, uno de los dilemas de mayor relevancia en el futuro del México de hoy sea el de virar en 180 grados hacia un modelo de atracción y retención meritocrática o un refuerzo del modelo patrimonialista.
La lista de oportunidades para saber el derrotero por el que nuestro país se enfilará está encabezada por la renovación parcial o total del Consejo General del IFE, que deberá resolverse entre agosto y octubre del presente año. Significa que en las manos del Poder Legislativo está dar un golpe de timón y demostrar que el patrimonialismo en la integración de las instituciones públicas no es una fatalidad. Por ahora, tal y como ha sucedido en los dos últimos concursos, la Cámara de Diputados, al igual que el Poder Judicial y el IFE, han mostrado senda incapacidad. ¿Se reivindicarán en los próximos meses? Al tiempo.
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