AUTOR: GEORGINA HOWARD.
Según documentos en poder de Reporte Indigo, la firma Global Consulting obtenía comisiones de los municipios para gestionar recursos federales que acababan en los bolsillos del panista.
Hoy las denuncias crecen en contra de Ernesto Cordero. Primero Golfmex Garocia, ahora Global Consulting. Las redes eran muchas y el objetivo siempre era el mismo.
Por un lado, cerraba las llaves de los recursos a los alcaldes, y, por el otro, mandaba a sus huestes a ofrecer sus servicios.
No era gratuito. Pedían una comisión del 30 por ciento por realizar la operación y además exigían que la obra la realizara una empresa constructora específica.
Su tarea, denuncia a Reporte Indigo Sergio Arredondo Olvera, consistía en obstaculizar a los munícipes la aprobación de los recursos “con cualquier pretexto”.
Como no sabían llenar los documentos oficiales para iniciar dicho trámite, les recomendaba a uno de los despachos que trabajaban para él, detalla el secretario general de la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm).
Una vez en sus redes, algunos alcaldes caían en la trampa y aceptaban pagar comisiones leoninas y entregar la obra a una empresa determinada.
Los implicados
Ese fue el caso de Global Consulting cuyo titular y socio, Gilberto Garduño Fernández, enviaba a los presidentes municipales una hoja de sus servicios.
Reporte Indigo obtuvo una copia donde se detallan los servicios y los cobros de comisiones por la gestoría.
Las oficinas de esta empresa, una de las muchas que utilizaba el ex secretario de Hacienda, se localiza en Coyoacán.
De acuerdo con Arredondo, uno de los socios de esta empresa que acudía con frecuencia a dicha oficina era Germán Martínez Cázares, ex presidente del PAN.
Una práctica común
De acuerdo con Arredondo Olvera, esta práctica se acentuó de 2010 al 2012.
Las dependencias del gobierno federal, principalmente la Secretaría de Hacienda, negaba de manera sistemática a los municipios el acceso a la oferta institucional de programas y recursos que el Congreso les otorga.
Pero abrían la posibilidad de que esas localidades pudieran recibir recursos “de fideicomisos fantasma” que sin reglas de operación, criterios técnicos o techos de montos, podían asignar recursos violando todas las reglas de aplicación de los programas federales.
“Nos hemos opuesto porque este mecanismo que usaba Hacienda, y que fue conocido por muchos alcaldes del país, implicaba la asignación de comisiones leoninas por parte de despachos privados que gestionaban estos recursos”.
Lo más extraño es que, por los cauces normales, el trámite nunca se resolvía y a través de esos gestores como Global Consulting o Golfmex Garocia, que también defraudó a muchos municipios, los recursos llegaban de forma expedita.
No se cumplía con ningún tipo de reglas institucionales ni normatividad presupuestal, explica el secretario general de la Fenamm.
Por eso “hemos denunciado ese manejo” discrecional y sesgado que orquestó la dependencia a cargo de Ernesto Cordero, hoy senador, en el gobierno de Felipe Calderón.
Fue una “práctica sistemática”, dice, y la denunciamos de manera permanente.
A pesar de que su situación financiera era difícil, muchos municipios prefirieron quedarse sin los recursos para desarrollar obra pública, dadas las elevadas comisiones que les pedían.
Todo mundo sabía, recuerda, que las peticiones y los procesos utilizados por estas firmas “iban en contra de los criterios institucionales”.
“Estos despachos de consultoría siempre mencionaban como fuente de esos recursos a la Secretaría de Hacienda, sin especificar el programa de donde provenían dichos capitales”.
La Fenamm recomendó a muchos municipios, desde entonces, que no fueran partícipes de ese mecanismo irregular e ilegítimo. Muchos sí aceptaron, los aplicaron y pagaron la comisión respectiva, reconoce.
Club de amigos
Sobre la obligación de ceder la obra a una constructora en especial, Sergio Arredondo revela que este mecanismo lo utilizaban “algunos legisladores sobre todo del PAN”.
Estos legisladores ofrecían la gestión de recursos, pero la condicionaban a que la obra a desarrollar la ejerciera una empresa constructora específica que ellos mismos proponían.
“Conocí el caso de legisladores que gestionaban recursos del Fondo de Pavimentación, pero recomendaban a ciertas constructoras para que aplicaran esos recursos”.
Aunque aclara no estar enterado del caso específico de Golfmex Garocia, Arredondo admite que es el mismo “modus operandi que utilizaron otras empresas”.
Y que coincide con el tiempo en que Ernesto Cordero era Secretario de Hacienda.
El blindaje
Para evitar este tipo de fraude, recomienda denunciar eventuales estrategias del gobierno en este sentido.
“Nos parece irresponsable, reprobable y delicado que instancias del gobierno manejen este tipo de mecanismos de operación a través de despachos privados”.
Además, aconseja a los alcaldes no aceptar ese tipo de planteamientos porque pueden implicar responsabilidades de todo tipo, incluso penal.
En México, admite, hay despachos que ofrecen los servicios de gestoría, pero se desenvuelven con comisiones y mecanismos de operación regulados, pero solicitan sólo pagos de gastos por el trámite con reglas tradicionales y razonables para los municipios.
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