FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
MÉXICO, D.F. (apro).- El martes 21 las redes sociales se cimbraron con una historia que ya no pudieron frenar los influyentes padres y abuelos involucrados en el caso: Alexia Imaz, hija del director actual del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Eugenio Imaz, subió al Facebook y a Instagram las fotografías de su rostro golpeado.
Su hermana menor, María, fue más explícita y señaló así al autor de la golpiza, Gerardo Saade Murillo, nieto del procurador general de la República y exgobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam: “Se saltó la casa como delincuente a golpearla mientras dormía. Ayúdenos a detener la violencia contra las mujeres. Es un delito. Denúncielo”.
En cuestión de horas, el caso llegó a Twitter donde los hashtags #NietoGolpeador y #MurilloKaram daban una idea muy clara del impacto político del caso. Por primera vez, la hija de un poderoso funcionario, responsable de la inteligencia política del país, ventilaba un asunto íntimo de violencia de género contra su expareja, nieto del procurador e identificado como “hombre fuerte” de la política hidalguense.
Un tuit se replicó miles de veces:
“@GerardoSaade, golpeador de mujeres. La violencia contra las mujeres es un delito, denuncien!!”.
El asunto daba más que para el morbo o el chisme. Se convirtió en un efecto-demostración de hasta dónde puede llegar la violencia de género y la doble violencia que representa minimizar estos hechos y exonerar a los responsables.
El caso de Alexia se complicó porque la PGR, como institución, trató de limpiarle las manos al titular del Ministerio Público federal en un caso que debía ser ventilado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, donde ocurrieron los hechos.
La denuncia se desvaneció ante un trato jurídico de “carácter conciliatorio”. El nieto de Murillo Karam, Gerardo Saade, confesó ser responsable de los golpes contra la joven Alexia y el ministerio estatal actuó como confesionario católico y no como entidad impartidora de justicia. Lo “absolvió” de sus pecados, como si se tratara sólo de pedir perdón.
El caso provocó que la titular de Inmujeres de Morelos, Adriana Mújica, rechazara el tratamiento jurídico e insistiera en la necesidad de sancionar al agresor, aunque fuera el nieto del titular de la PGR.
No terminaba de ventilarse este asunto cuando el nombre del expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Genaro Góngora Pimentel, fue mencionado en otro caso explosivo de abuso de autoridad y tráfico de influencia contra su propia expareja, Ana María Orozco.
Desde la cárcel, Orozco denunció en larga entrevista con Carmen Aristegui, en MVS, que el prestigiado ministro en retiro la encarceló por poner a su nombre –y no de sus dos hijos– una casa de 2 millones de pesos, y que Góngora Pimentel utilizó su influencia y la de su abogado defensor para privarla de la libertad.
El caso generó una nueva ola de indignación en las redes sociales. El nombre de Genaro Góngora ya no quedó involucrado en las anteriores batallas que le dieron prestigio como ministro del máximo tribunal del país, sino con el uso y abuso de su poder para “castigar” a su expareja.
Góngora Pimentel respondió con una misiva. Afirmó que se dejó llevar “por emociones de desconcierto por la situación” que vivían sus hijos (que padecen autismo), pero aclaró que como ministro de la Suprema Corte “siempre me opuse a encubrir y solapar causas injustas, fui un opositor de la corrupción y el tráfico de influencias”.
El ministro quiso salvar su buen nombre, pero no hizo la menor reflexión sobre el presunto abuso contra una mujer que fue privada de su libertad por un desarreglo personal entre ambos.
Este martes 28 –cuando algunos veneran a San Judas Tadeo, el patrono de las causas perdidas– el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) emitió un duro comunicado para condenar “el tráfico de influencias y el abuso de poder”.
Sin mencionar explícitamente ninguno de los dos casos, Inmujeres reprobó “enfáticamente” a personas y actores públicos que “han ejercido distintos tipos de violencia contra las mujeres, patentizando un nulo respeto a sus derechos humanos y en los cuales se presume tráfico de influencias y abuso de poder”.
El Inmujeres, organismo federal, exhortó a funcionarios responsables de las áreas de procuración de justicia a que “salvaguarden los derechos de las mujeres y cumplan todo lo que mandata la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
“El Estado mexicano tiene la obligación de velar por el bienestar de mujeres y hombres y no está al servicio de actores que ostentan y ostentaron posiciones de poder, quienes por sus responsabilidades deben ser ejemplo en todo lo relacionado con el respeto a la ley y a la aplicación de la justicia, sobre todo, en lo que respecta a los derechos de las mujeres”, sentencia el comunicado.
El problema, evidentemente, está en los dos fenómenos que han sido ventilados en las redes sociales y no en los medios masivos de comunicación: el influyentismo al estilo #LadyProfeco o al que va unido con violencia física y punitiva, como en los casos de Alexia Imaz y Ana María Orozco.
La lógica de estos dos casos es brutal: si ambas, con capacidad de influir y demandar públicamente, han sido tratadas de esta manera, qué sucede con decenas de miles de mujeres cuyos casos de violencia y abuso se quedan en el expediente negro de los que odian a las mujeres y no dan la cara.
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