AUTOR: LYDIA CACHO.
¿Cómo logró el PRI convencer a la oposición de entrar al Pacto por México? Nadie olvida que fue justamente el PRI, con Manlio Fabio, Emilio Gamboa y los patriarcas de la corrupción institucionalizada, quienes paralizaron al país durante el negro sexenio de Felipe Calderón.
Sin duda el PRD, el PAN y el propio michoacano que da cátedra en Harvard, mostraron una gran incapacidad para crear un liderazgo formal en el Congreso, pero no todo es culpa suya, los priistas sabían lo que hacían aletargando decisiones vitales para el país, esperando que la seguridad se desmoronara tanto en manos de sus gobernadores como de los federales.
Está claro que una democracia necesita partidos que representen la diversidad, y también que esos partidos deben ser oposición y no enemigos mortales. Sin embargo este pacto tiene un tufo a trampa, no porque no sea necesario el trabajo conjunto, sino porque quien lo lidera, el PRI, somete al país a liderazgos disfuncionales y esquizofrénicos.
La discusión sobre el riesgo que este pacto corre es infructuosa, porque la desató la denuncia sobre el uso de programas sociales para fines electorales, y su salvación radica, según los líderes partidistas, en lograr acuerdos que van desde pedir la cabeza de Rosario Robles, hasta el absurdo de exigir que se hagan más leyes sobre las leyes electorales, más candados sobre los candados preexistentes.
La verdadera discusión de los pactantes en la víspera electoral no es sobre la legalidad electoral, sino sobre la desigualdad para hacer trampa.
El 7 de julio se llevarán a cabo elecciones en 14 estados, una gubernatura, 441 diputaciones y 931 presidencias municipales; es decir, más de un tercio de las alcaldías (hay 2 mil 445 en total).
Mientras esto sucede, de los 14 estados en elecciones 10 son gobernados por el PRI y la maquinaria lleva meses operando campañas con todas las triquiñuelas que el Código Federal de Procedimientos Electorales castiga, pero que quienes operan las entidades electorales estatales no implementan, porque han sido elegidos por los gobernadores.
Tras bambalinas los partidos dan una batalla prácticamente perdida por adelantado. No puedo decir que los dos estados gobernados por el PAN y los dos por la coalición PRD-PAN no incurran en corruptelas, todos lo hacen. Pero sin duda el “empujoncito” que Rosario Robles y la Segob les están dando a los estados priistas es notable a pie de tierra.
Quienes vivimos en provincia lo atestiguamos plenamente. Por eso, si los partidos quieren que la sociedad les crea que esta discusión sobre el pacto y las elecciones es real, lo menos que esperamos es transparencia y debate inmediato sobre:
• La utilización de las procuradurías como instrumentos de extorsión judicial y amenaza de encarcelamiento a líderes políticos de oposición que puntean en encuestas.
• El número de periodistas corruptos que tienen en nómina los gobernadores para destruir reputaciones fuera del radar de tribunales electorales.
• La connivencia entre diarios locales y gobernadores para disfrazar material de campañas como noticias (para estar fuera del radar).
• Los convenios pagados con sindicatos de taxistas y de obreros transportistas para forzar el voto en sus sindicatos y operar acarreos.
• El uso del espionaje de Estado filtrado a los medios para ataque político.
• La inequidad en la compra de publicidad oficial, que ha favorecido una dinámica patológica de extorsión del Estado y de manipulación informativa.
• La participación flagrante de los DIF estatales y municipales en el condicionamiento de servicios a mujeres y familias pobres a cambio de su voto.
• La utilización, documentada también, de recursos de las secretarías de Desarrollo Económico en entrega de despensas y vales especiales, con fines electorales.
• La participación de diarios nacionales en campañas (costosísimas para el erario) para limpiar la imagen de políticos.
• La extorsión a empresarios locales para hacer “donativos” en especie (a cambio de no perseguir a sus negocios por faltas reales o imaginarias), como la entrega gratuita de publicidad en camiones, el no cobro de renta de cientos de espectaculares o dinero en efectivo.
• Y, claro, el dinero del narcotráfico en los procesos electorales.
Esto es como llevar a un atropellado moribundo al hospital del dueño del auto que lo atropelló. Los partidos han despedazado al Instituto Federal Electoral (IFE) y a los institutos estatales electorales (IEE), y quieren culpar a las llantas pero no al conductor. Despedir a un operador obediente no es sanar el atropello, es perpetuar la farsa. La sociedad quiere fondo, no sólo forma.
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