El tribunal desechó en definitiva el amparo con el que se impugnó la solicitud para otorgar inmunidad al expresidente en la demanda por 50 millones de dólares presentada en su contra, en Estados Unidos, por la matanza de Acteal.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa revocó la sentencia dictada en marzo por un juez de Distrito, quien había afirmado que la embajada de México en Estados Unidos actuó ilegalmente al enviar una nota diplomática al Departamento de Estado, en la que solicitó reconocer la inmunidad del exmandatario.
Los magistrados determinaron improcedente el amparo, porque la nota diplomática no afectó el interés jurídico de los demandantes –parientes de víctimas de la matanza de 47 indígenas perpetrada en 1997–, ya que no fue con base en dicha nota que el gobierno de Estados Unidos solicitó a una corte federal de Connecticut la inmunidad para Zedillo en su carácter de exjefe de Estado.
“Como se ve, el Departamento de Estado de los Estados Unidos América determinó que el tercero perjudicado (Zedillo) goza de inmunidad en el juicio, y expuso las razones para considerar procedente su otorgamiento, de tal suerte que fue mediante ese acto, y no la nota diplomática reclamada, que se otorgó inmunidad” al expresidente.
El tribunal colegiado también rechazó una petición de los quejosos para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el ejercicio de su facultad de atracción, con lo que el juicio quedó cerrado en definitiva.
Desde finales de 2011, el Departamento de Estado solicitó desechar la demanda contra Zedillo, pero la Corte para el Distrito de Connecticut no ha resuelto, en buena medida, porque los abogados de los demandantes han intentado por todos los medios que se tome en cuenta la sentencia dictada en el amparo que ahora ha sido desechado.
De hecho, el 17 de abril, el juez Michael P. Shea aceptó una petición de los demandantes para realizar una audiencia en la que escuchará argumentos orales de las partes, luego de que le fue presentada una copia del amparo concedido por el juez décimo sexto de distrito en Materia Administrativa, Ricardo Gallardo, cuyo fallo ha quedado sin efectos.
La audiencia está agendada para el 18 de julio en la sede de la Corte en New Haven. Es previsible que, en los próximos días, los abogados de Zedillo presenten copia y traducción de la sentencia del tribunal colegiado, lo que debilitará sensiblemente el caso de los demandantes, pues los tribunales de Estados Unidos siempre se pliegan a la posición del Poder Ejecutivo en materia de inmunidad.
Los abogados de Zedillo han reiterado una y otra vez que la nota diplomática no tuvo relevancia, y que sus contrapartes sólo buscan prolongar artificialmente el litigio.
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