AUTOR: ADRIANA AMEZCUA.
El abuso a migrantes, agresiones contra periodistas, las desapariciones forzadas, la tortura y la violencia contra la mujer, siguen permeando el territorio mexicano.
AI denuncia que el gobierno se negó sistemáticamente a reconocer la envergadura y gravedad de los abusos y la falta de credibilidad de las investigaciones oficiales, y que en el último año su administración recurrió de forma generalizada a la detención arbitraria, la tortura y los malos tratos para extraer información y confesiones de los detenidos durante los interrogatorios.
La organización internacinal reconoce que en México el discurso público ha cambiado, la crónica de los sucesos también, pero la realidad que sufre la mayor parte de la población del país es la misma: las graves violaciones a los derechos humanos se mantienen constantes.
AI documenta que a lo largo del último año el abuso de migrantes, las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos, las desapariciones forzadas, la tortura, la violencia contra la mujer, la discriminación a los pueblos indígenas siguen permeando el territorio mexicano.
También destaca que el gobierno encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto signó un pacto con otros partidos políticos que incluía algunos compromisos en material de derechos humanos comprometiéndose, además, a luchar contra los altos índices de pobreza.
Sin embargo, tras concretarse la transición política el pasado 1 de diciembre, el país no logra cambiar.
Daniel Zapico, director de Aministía Internacional México, reconoce que en los últimos meses ha habido una apertura de las actuales autoridades federales para conocer las graves violaciones a los derechos humanos que acontece en el país, “lo cual es muy importante”, pero no suficiente.
Ante la realidad prevaleciente, lo que hace falta no son buenas palabras sino hechos concretos. Así lo refiere el experto.
“De nada le va a servir a la madre de una pesona desaparecida, el simplemente saber que su hijo es una más de las 26 mil personas, lo que quieren son resultados, saber qué ha ocurrido, quieren justicia”, recalca.
Entrevistado luego de la presentación del informe anual 2013, que tuvo lugar al sur de la Ciudad de México, Zapico dice que Amnistía Internacional considera preocupante que ha habido muy pocos avances en los últimos meses.
Si bien ha habido algunos avances, como la firma de la Ley de Víctimas, vista como un elemento positivo de la nueva administración, la tortura, las desapariciones, la prevalencia del fuero militar, por ejemplo, no han tenido cambios significativos.
Para AI es claro que la actual política de seguridad no está cumpliendo su función fundamental. Frente al actual panorama.
“Creemos que México necesita cambios urgentes y radicales”, asegura el entrevistado a Reporte Indigo.
Durante la presentación de su informe, la organización destacó que el gobierno federal cuenta con la oportunidad de cumplir con sus compromisos para así dar fin a las graves violaciones de derechos humanos.
La crisis de violencia que sacude a México desde 2006 ha sido terreno fértil para la comisión de graves atrocidades y el último año no ha sido la excepción, según AI.
Zapico refiere que, a nivel general, el Informe 2013 arroja una lamentable realidad: la pasividad de la comunidad internacional frente a las numerosas violaciones de derechos humanos que acontecen en diversos países del mundo.
“Se mantiene ajena, pasiva, sin actuar”. Pese a contar con capaciad y medios e incluso la obligación legal, como ocurre con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, diversos actores y gobiernos no están actuando.
Habla de las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la tortura, incluso de os desalojos masivos de personas de sus propias casas para dar paso al desarrollo de infraestructuras.
“Son hechos corrientes, comúnes en muchos países”, comenta.
Y aunque se les considera deleznables no hay una acción decidida de la comunidad internacional por modificarlos. México no es la excepción.
AI: cansados de promesas
Por Carolina Hernández
Esta no es la primera ocasión en la que Amnistía Internacional (AI) ha señalado a México su falta de compromiso hacia los derechos humanos.
A principios de este mes, la organización reconoció que con la transición de gobierno había llegado un nuevo discurso que prometía terminar la impunidad y garantizar el acceso a la justicia, la verdad y a la seguridad.
“Sin embargo, Amnistía InternacionaI ya ha escuchado una y otra vez las mismas promesas en boca de distintas administraciones, sin que se hayan materializado”, expresó en su informe.
En noviembre del año pasado, Amnistía Internacional emplazó al presidente electo Enrique Peña Nieto a comprometerse a acatar las recomendaciones de la ONU para abolir la práctica de la tortura, luego de asegurar que el presidente Felipe Calderón y su gobierno habían invertido esfuerzos para ignorar y minimizar esta realidad.
AI hizo referencia a las conclusiones del Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés), en donde se dio un plazo de un año para acatar algunas medidas específicas para combatir la impunidad creada alrededor de la tortura, para sancionar a los responsables y resarcir los daños a las víctimas, así como dar garantías de seguridad a periodistas y defensores de derechos humanos.
Resaltó que los expertos del CAT fueron claros en señalar que “la impunidad es la norma y las medidas actuales para prevenir, investigar y sancionar el uso de la tortura son totalmente ineficaces” en México.
También en 2011, la organización no gubernamental hizo una contundente denuncia en un documento público que presentó en Londres, en el que instó al gobierno de Calderón a enmendar sin demoras el grave problema en material de procesos judiciales.
“Aún sigue siendo aceptada como evidencia las confesiones obtenidas mediante tortura, y esas violaciones flagrantes de derechos humanos son ignoradas por el Ministerio Público y algunos jueces del país”, acusó.
Además, la ONG criticó los esfuerzos del país para proteger a sus ciudadanos y los migrantes que van de paso, haciendo referencia sobre todo, al hallazgo de las fosas clandestinas en el poblado de San Fernando, Tamaulipas.
México se mantiene en la mira de la organización, y aunque en este reciente informe reconocen los esfuerzos en material de justicia, se mantienen firmes al destacar que la política de seguridad en el país no está cumpliendo su función fundamental.
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