AUTOR: FRANCISCO BEDOLLA CANCINO.
A propósito de lo anterior, pretensiones aparte de sus respectivos equipos intelectuales de confección, no hay mayor diferencia entre el Plan Nacional de Desarrollo de Felipe Calderón y el presentado recientemente por Enrique Peña Nieto. Existen, cierto, diferencias en cuanto a nomenclatura, estilo, matices y armado de sus componentes, pero la cosmovisión estratégica es exactamente la misma: impulsar en nuestro país un marco institucional y de políticas apto para el desarrollo económico. En buena lógica, la traducción es que el fin último estriba en la homogeneización funcional del Estado mexicano al imperativo del desarrollo económico planetario, entendido éste al entre inconfesado e inconsciente modo de entender economicistamente a la elite global.
En tal contexto, nada de extraño tiene que a unas cuantas horas de su entrada en escena, el PND 2013 haya ameritado la felicitación por parte de la OCDE, que aglutina a las elites centrales que operan en el sistema económico mundial. Muy probablemente, dichas elites encontraron en el último apartado, el núcleo verdaderamente duro del PND, las señales incuestionables que querían ver: la formulación de un paquete de indicadores que revelan la disposición gubernamental a evaluarse a través de los indicadores de desempeño utilizados internacionalmente. Resaltan aquí, entre otros, los índices de productividad del trabajo, integridad global, gobierno electrónico, carencias de la población pobre, competitividad, presencia global y globalización.
En sí misma, valga la aclaración, lejos de ser cuestionable, resulta loable que el PND se haga cargo explícitamente del objetivo del desarrollo económico del país. En un país azolado por las carencias y por la crudeza de la pobreza extrema, por decir lo menos, sería una completa necedad solicitar mayor argumentación acerca de la relevancia de dicho fin. Igualmente impertinente, o más, resultaría izar las velas propias en contra de los vientos de la economía global; o, peor aún, desconocer que la eficiencia económica está en función del impulso de equivalentes de política a los obstáculos que ésta enfrenta a lo largo y ancho del planeta. La lista es larga y compleja, pero sin duda cada uno de los indicadores puede ser visto en clave de grado de efectividad en la superación de los obstáculos al desarrollo económico.
Otro problema es si la ecuación del desarrollo económico global, el alfa y el omega de las elites de la gobernanza mundial, descansa en una comprensión científico-social consistente, tal que sus derivaciones técnicas (políticas estratégicas y políticas públicas) ofrezcan buenas posibilidades de éxito en nuestro país. Vale la pena cuestionarse al respecto, en el entendido de que dicha fórmula, en buena medida, entraña el relato autodescriptivo de las prácticas exitosas en las zonas centrales de la economía-mundo que, a juzgar por los datos emanados de las encuestas internacionales en la materia, no han sido precisamente las más exitosas en promover la felicidad humana.
Adicionalmente, en el caso específico de nuestro país, una cuestión clave a elucidar es si los componentes políticos de la ecuación global del desarrollo económico, que mal que bien sí operan en las zonas centrales de la sociedad mundo, están o no dados; a saber, una estructura estatal fuerte, asentada en una asignación más o menos eficiente de derechos de propiedad, a partir de la cual la elite gobernante pueda “conducir” a la sociedad hacia el desarrollo económico y, de esa forma, dar vigencia al lema peñanietista del PND: “Un México donde cada quien pueda escribir su propia historia de éxito y sea feliz”; y un régimen democrático capaz de procesar el conflicto, generar representación política legítima y dar sustento a la gobernabilidad democrática, cualquiera sea lo que ello signifique.
Y es precisamente el componente político del PND 2013 el que hay que colocar en duda, cuando no en alerta roja. La intensidad con la que se discuten hoy temas como el estado fallido, el control sobre vastas zonas del territorio nacional por parte de las bandas del crimen organizado o la existencia de privilegios monopólicos de ciertos grupos de interés al amparo de la elite gubernamental actual son apenas muestras sintomáticas de la honda brecha que nos separa de los supuestos de la ecuación global del desarrollo. Todo ello sin tener en cuenta el impacto corrosivo de la corrupción, que alcanza a miembros conspicuos de la clase política.
Igualmente preocupante que la fragilidad estatal es el trato tangencial y falaz que en el PND se da al diagnóstico de la democracia y a las tareas que en torno a ella es preciso realizar. Más allá de afirmaciones vagas sobre los logros en cuanto a su institucionalidad y el déficit de ciudadanía, quedan en el olvido las crisis postelectorales de las dos últimas contiendas electorales presidenciales y la debacle de la confianza en las partidizadas instituciones responsables organizarlas y juzgarlas. Así, más importante que democratizar el régimen político, para el PND resulta más relevante “democratizar la productividad”, que en el doméstico y precario entender conceptual de sus elaboradores “significa que las oportunidades y el desarrollo lleguen a todas las regiones, a todos los sectores y a todos los grupos de la población.” Curioso, por no decir frívolo, concepto y propuesta de democracia para un país que se bate en el dilema de la consolidación democrática o la regresión autoritaria.
Así las cosas, más allá de si el economicismo de la elite mundial responde a los ideales o la utopía propios, la pregunta urgente a responder es ¿disponemos o no de las bases políticas (imperio de la ley y democracia) necesarias para el impulso de las políticas del desarrollo económico? Valga ésta como ejercicio preventivo para evitar sorpresas por la rebeldía de la realidad o para el balance nostálgico de llorar, a toro pasado, por lo que pudo haber sido y no fue.
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