El organismo expuso que el objetivo de este sobre precio al consumo de combustibles es propiciar un uso más racional y reducir las emisiones, la congestión vehicular y obtener recursos adicionales para fortalecer el sistema de transporte público.
El organismo expuso que el objetivo de este sobre precio al consumo de combustibles es propiciar un uso más racional y reducir las emisiones, la congestión vehicular y obtener recursos adicionales para fortalecer el sistema de transporte público.
En su publicación "Análisis económico ejecutivo", considera que este es el mejor momento para definir una política de precios de los combustibles alineada con los objetivos de crecimiento y competitividad, y acorde con las necesidades del país.
En su opinión, debe ponerse un impuesto al consumo de combustibles porque en sólo 10 años, de año 2000 a 2010, el número automóviles particulares en México aumentó más de ciento por ciento, al pasar de nueve millones 786 mil a poco más de 21 millones, lo que significó una tasa media anual de crecimiento de 7.9 por ciento.
Advierte que darse una tasa menor de crecimiento, de 5.0 por ciento anual, hacia el año 2035 se sentiría el efecto de 70 millones de vehículos particulares, perspectiva que calificó como pavorosa.
Refiere que no hay forma de financiar la infraestructura que esto va a requerir y, al mismo tiempo, enfrentar las necesidades de la población en un sinnúmero de sectores como agua potable, saneamiento, salud, educación, entre otras muchas, así como de las empresas en puertos, aeropuertos, carreteras, tecnología, solo por mencionar.
Existe tal demanda por vehículos particulares, señala, porque los mexicanos hacen todo lo que sea posible con tal de adquirir un automóvil, ya sea de producción nacional, o en su caso, procedente de los desechos de Estados Unidos, con tal de evitar el transporte público.
Ello, porque en la gran mayoría de los casos, la alternativa de transporte público en las ciudades mexicanas es de extraordinaria mala calidad, frecuentemente caro, lento y peligroso.
Además, en los últimos años la política del gobierno federal significó vender los combustibles en el país a un precio inferior al de importación de referencia, señala.
Para el organismo de investigación del sector privado, esto condujo a otorgar subsidios que significaron verdaderas fortunas que podrían haberse usado para llevar a cabo una verdadera política moderna de transporte de calidad para personas en todas las ciudades de México.
Pero esto no fue así, más bien al contrario, incentivó aún más la compra de automóviles particulares, afirma el CEESP.
Argumenta que el resultado de todo ello ha sido negativo, pues cada vez se tiene que construir más infraestructura (generalmente para los vehículos particulares), pero no alcanza ir a la par que el crecimiento del número de vehículos.
Indica que esto se traduce no solo en tiempo perdido para un enorme número de mexicanos, sino que también se incrementa la contaminación atmosférica y los accidentes viales, con lo que el costo social ha sido "simplemente colosal".
Solo en la Zona Metropolitana del Valle de México se realizan alrededor de 22 millones de viajes diarios, y de suponer que estos viajes duran en promedio media hora más de lo que lo harían si no hubiera congestión, esto se traduce en una pérdida cercana a 100 mil millones de pesos al año, solamente en tiempo.
Además habría que agregar el costo social por enfermedades procedentes de la contaminación adicional, así como de los mayores accidentes y robos que ocurren, debido al volumen del tráfico de vehículos en la ciudad capital que crece de manera exponencial.
Según refiere, algunos cálculos indican que para mitigar el efecto de estas "externalidades" negativas ocasionadas por el excesivo uso de vehículos particulares, se debería establecer un sobre precio de alrededor de cinco pesos por litro de combustible en el país.
Ello, con el propósito de dedicar la recaudación a modernizar y subsidiar el transporte público, así como a mitigar los daños en salud y ambientales, menciona el CEESP.
Reconoce que los consumidores directos de combustibles verán esta propuesta como una afrenta porque resentirán de inmediato el efecto en sus carteras, pero los millones de personas que tienen necesariamente que usar el transporte público lo verán como un extraordinario beneficio.
El sobre precio planteado sería una aplicación del popular dicho "el que contamina paga", sólo que aquí la contaminación también significa la pérdida innecesaria de tiempo que se requiere para transportarse mediante un medio eficaz y eficiente: el transporte público.
Así, agrega, los combustibles no pueden ser "baratos", pues tienen que compensar a la sociedad por el extraordinario daño que ocasionan tanto en el tiempo de traslado de millones de personas que todos los días tienen que usar las "micros", como por los mayores accidentes y la mayor contaminación que ocasiona su uso.
El organismo reconoce que a partir de este mes y después de más de tres años, los precios de las gasolinas en México volverán a ser más elevados que el de comparación con el mercado de Estados Unidos.
Resalta que esto representa un importante beneficio para las finanzas del sector público, pues de seguir esta tendencia durante lo que resta del año, significaría la eliminación del subsidio a los combustibles, el cual llegó a poco más de 200 mil millones de pesos el año pasado, monto que equivale a 1.3 por ciento del PIB.
Debe considerarse que si bien no habría el compromiso de subsidiar el precio, las externalidades negativas no desaparecen por lo que, independientemente de ello, sería razonable insistir en un impuesto verde, que podría ser de cinco pesos por litro.
Además, continúa, si se consolida el hecho de que no habrá necesidad de subsidiar las gasolinas en lo que resta del año, sería benéfico mantener el ajuste mensual como parte de ese impuesto verde mencionado.
El CEESP menciona que otra de sus propuestas ha sido liberar el precio de los combustibles, es decir, que su precio se determine con base en la oferta y demanda de gasolinas.
"Tal vez lo más relevante es que podría ser el mejor momento para definir una política de precios de los combustibles acorde con las necesidades que tiene el país", expone.
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