FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
OAXACA, Oax., (apro).- Las autoridades municipales de San Juan Mazatlán Mixe se negaron a aceptar la recomendación 12/2012 emitida el 18 de diciembre del año pasado por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), por presuntas violaciones a los derechos humanos del padre Alejandro Solalinde y de tres de sus acompañantes.
El organismo determinó que en diciembre de 2011 autoridades de la agencia municipal de Santiago Tutla, perteneciente a San Juan Mazatlán Mixe, violaron los derechos a la libertad, integridad y seguridad personales del director del Albergue para Migrantes “Hermanos en el Camino” y de sus acompañantes, al ser privados de su libertad ilegalmente.
El ombudsman Arturo Peimbert Calvo advirtió que ante la negativa del ayuntamiento, los afectados podrían recurrir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) vía el recurso de impugnación, a efecto de que la recomendación –emitida en tiempo y forma–, sea acatada.
Por su parte, el visitador general de la DDHPO, Juan Rodríguez Ramos, aclaró que ese organismo reconoce y respeta la normatividad que tienen los ayuntamientos regidos por el sistema de usos y costumbres para resolver cuestiones de su competencia, sin embargo, añadió, la Constitución de México establece que dichos sistemas deben sujetarse a los principios de derechos humanos y a los tratados internacionales en la materia signados por el Estado.
En este caso, subrayó, no se cumplió en la detención del presbítero y sus escoltas, pues les impidieron circular libremente, violando su derecho a la libertad de tránsito.
Según el visitador, las personas que invitaron a Solalinde Guerra a Santiago Tutla también vieron violado su derecho a la integridad y seguridad personal, debido a que los servidores públicos municipales los hicieron declarar, bajo amenazas de muerte, a favor de la autoridad.
El 30 de diciembre de 2011, el prelado y tres miembros de su equipo de seguridad fueron detenidos por hombres armados en un retén que se encontraba a la entrada de Santiago Tutla y trasladados al centro de la comunidad, donde los guardias de Solalinde fueron agredidos por los pobladores.
De acuerdo con la investigación realizada a partir de esos hechos, la DDHPO recomendó al presidente municipal de San Juan Mazatlán Mixe girar instrucciones al agente municipal de Santiago Tutla para que retire el retén que se encuentra a la entrada de la población, a fin de permitir el libre tránsito, y que se instrumenten las medidas pertinentes para evitar su reinstalación.
Asimismo, girar instrucciones a quien corresponda para iniciar y concluir el procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los servidores públicos que participaron en los hechos violatorios.
La recomendación, emitida el 18 de diciembre de 2012, establece que en un plazo no mayor a 60 días naturales “se imparta un curso dirigido a las autoridades municipales y elementos de la policía municipal de Santiago Tutla, San Juan Mazatlán Mixe, para capacitarlos acerca de sus facultades en materia de derechos humanos, a fin de evitar la reiteración de violaciones”, lo cual, ante la negativa, ha sido imposible llevar a la práctica.
La DDHPO también recomendó al presidente municipal en turno una disculpa pública a los agraviados por los hechos en los que incurrieron los elementos de la Policía Municipal y el entonces agente municipal de Santiago Tutla. Nada de eso ocurrió hasta ahora.
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