La queja asienta que desde la semana pasada el gobernador Aguirre emprendió una campaña de desprestigio en contra del corresponsal, al afirmar públicamente que su trabajo periodístico está basado en “inventos”, generando una atmósfera de hostilidad que pone en riesgo al reportero por las expresiones del mandatario, es decir, un funcionario que desde el poder pretende denostar a un periodista.
Ayer, en este contexto, un oficial federal que se ostentó como “jefe de seguridad” de la sede de los juzgados Primero y Séptimo de Distrito intentó obstruir mediante agresiones físicas y verbales la labor del corresponsal y el colaborador, que acudieron al lugar donde los dirigentes del magisterio disidente, Gonzalo Juárez y Minervino Morán, ratificaron la solicitud de amparo para evitar ser detenidos y enfrentar en libertad su proceso penal.
Los dos comunicadores acudieron esta mañana a la sede de la Coddehum para interponer una queja en contra del gobernador Aguirre y el agente federal Marco Antonio Huerta, con el propósito de consignar lo ocurrido, sentar un precedente ante cualquier nueva agresión y exigir a las autoridades estatales y federales que ajusten sus actos a la legalidad.
Luego de narrar los hechos sucedidos ante la visitadora adjunta Rosalba de la Colina Salmerón, la queja quedó integrada en el expediente UVG/095/2013/II por actos cometidos por servidores públicos que atentan contra los derechos humanos.
Al respecto, Flores Contreras y De la Cruz González responsabilizaron al gobernador Aguirre y al agente federal de cualquier atentado en contra de su integridad personal, de sus familiares y de sus compañeros de gremio.
El corresponsal de Proceso recordó que las manifestaciones de odio y rencor del exgobernador Zeferino Torreblanca Galindo en contra del gremio provocaron que su administración se haya convertido en el periodo más funesto para el periodismo en la entidad, donde fueron asesinados al menos una decena de reporteros y se registraron varias agresiones contra empresas y trabajadores de medios de comunicación, crímenes que hasta la fecha siguen impunes.
Por ello, dijo que es grave que el gobernador Aguirre, emulando a su antecesor, desde el poder intente desprestigiarlo al afirmar que su trabajo periodístico está basado en “inventos”, sin presentar pruebas que apuntalen su acusación.
“Si el gobernador tiene pruebas para afirmar que la información publicada sobre el conflicto magisterial es inventada, debería acudir ante las instancias correspondientes o hacer las aclaraciones pertinentes, porque al denostar sin pruebas mi trabajo pone en riesgo no sólo mi integridad sino la del resto de los compañeros periodistas en la entidad”, expresó Ezequiel Flores.
Flores Contreras advirtió que las expresiones del mandatario pueden provocar que sus subordinados y demás servidores públicos repliquen la misma conducta, como ha ocurrido en medios electrónicos locales, que se han mofado de la información difundida por el corresponsal de la Agencia Proceso (Apro) sobre el hecho de que el gobierno estatal negocia la ley con el magisterio disidente y las renuncias en el gabinete de Aguirre, que están ocurriendo esta semana.
Luego, señaló que todo lo que ha publicado en Apro sobre los actos del gobierno estatal frente al movimiento magisterial tiene base y fundamento en documentos oficiales y testimonios de personajes involucrados en el conflicto, por lo que categóricamente rechazó que sean “inventos”, como afirma el gobernador Aguirre.
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