AUTOR: PEDRO MATÍAS.
Pese a que el monto del quebranto en los Servicios de Salud asciende a más de 700 millones de peso, Arias Cruz únicamente pagó 273 mil pesos como reparación del daño, 80 mil más para cumplir obligaciones procesales y otros 5 mil 991 pesos de multa.
Una vez exhibida la fianza ante el Juzgado Sexto de lo Penal, la madrugada de este martes obtuvo su libertad, aunque fue citado para mañana a las 11:00 horas, a fin de que rinda su declaración ante el Ministerio Público.
Cuando el indiciado ya se encontraba libre bajo fianza, el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca (TSJO) emitió un comunicado en el que resaltó la captura del ulisista: “Detienen a exfuncionario por delito de peculado (…) José Yuri Arias Cruz es acusado por su presunta responsabilidad en el delito de malversación de recursos públicos”.
Detalló que en atención a una solicitud del fiscal especializado en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, José Benítez Zárate, “el juez Sexto Penal libró orden de aprehensión en contra de José Yuri Arias Cruz, quien fue detenido por agentes estatales de investigación por su presunta responsabilidad en el delito de peculado”.
Añadió:
“De acuerdo con el expediente penal, el exdirector de Administración de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) en la administración del exgobernador Ulises Ruiz Ortiz, junto con otras cuatro personas más, está involucrado en el desvío de recursos públicos por un monto superior a los 700 millones de pesos”.
El TSJO puntualizó que Arias Cruz fue aprehendido el pasado lunes 6 en esta ciudad y trasladado a la comandancia para su certificación médica.
“Posteriormente fue puesto a disposición del juez sexto penal que lo requirió y que continuará el proceso judicial”, subrayó, pero en ningún momento mencionó que el exfuncionario ya había sido liberado.
Por la mañana, Benítez Zárate confirmó la captura del ulisista y señaló que aún quedan pendientes de ejecutar otras tres órdenes de aprehensión por el mismo caso.
Se trata del exdirector general de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, Sergio Roberto Patoni y Partida; la suplente del director, Marina Martha Martínez Tamayo, y el encargado de nóminas, Oscar Adrián Quinta López.
Respecto del exsecretario de Salud y actual diputado federal, Martín Vásquez Villanueva, así como la directora de Administración, Sofía Laura León Silva, manifestó que siguen siendo investigados debido a que quedó “abierto el triplicado de la presente indagatoria para seguir conociendo de los hechos y personas que no fueron motivo de estudio en la presente resolución ministerial”.
Documentos en poder de Apro revelan que el fiscal consignó la averiguación previa 69/V.G/2011 al Juzgado Sexto de lo Penal para que se ejercite acción penal en contra Patoni y Partida, Martínez Tamayo y Quinta López, además de Arias Cruz.
El pedimento tiene fecha 2 de abril de 2013, razón por la que los trabajadores afectados exigieron al Poder Judicial que librara las órdenes de aprehensión y que la Procuraduría General de Justicia las ejecutara de inmediato.
Una vez que aquéllos hicieron pública su inconformidad, se tuvo conocimiento de la detención de Arias Cruz en el presunto delito de peculado, que podría ascender a 700 millones de pesos.
Un documento dirigido al procurador Manuel de Jesús López López y firmado por 17 trabajadores de los Servicios de Salud, resalta que una vez que la autoridad ministerial concluyó en su investigación que están reunidos los elementos del cuerpo del delito y su probable responsabilidad, se debe ejercer la acción de la justicia contra todos los ulisistas involucrados.
Cecilia Marilú Ruiz Marcial, empleada del área de Administración Hospitalaria, y la enfermera Agustina Salazar Cruz, presentaron su denuncia el 27 de mayo de 2011, junto con María de los Ángeles, Olga Jiménez Cruz, Maribel Luis García, Margarita Consuelo Vásquez Santiago, Blanca Clara Gómez Chávez, Marino Zárate Carrillo, Aracely Reyes Esquivel, Luz María López Vásquez y Humberto José Luis Castellanos Roldan, entre otros.
En la denuncia acusaron al exsecretario de Salud, Martín Vásquez Villanueva, así como a Sergio Roberto Patoni y Partida, José Yuri Arias Cruz, Marina Martha Martínez Tamayo, Sofía Laura León Silva y Oscar Adrián Quinta López, por el presunto desvío de recursos de los trabajadores a la campaña de Eviel Pérez Magaña.
“Sustrajeron nuestro dinero de nómina para pagar campañas y a otros empleados, es decir, fue tomado el dinero de todos los trabajadores de los Servicios de Salud para gastos de campaña y hasta ahorita venimos arrastrando los intereses de ese dinero que se le debe al Fovissste”, puntualizaron las afectadas.
Añadieron:
“Hace tres años debían cerca de 700 millones de pesos que no justificaban, y hasta ahora a cada trabajador se le quita su porcentaje de intereses moratorios que se reinvierten en su cuenta general, por eso no es muy perceptible”.
Lo indignante, subrayaron, es que “ni los Servicios de Salud ni la representación sindical han hecho caso, y cada seis meses nos quitan intereses respectivos según la cantidad que se adeude”.
Aunque los trabajadores afectados suman alrededor de 9 mil, únicamente 17 decidieron presentar su denuncia, debido a que su deuda se incrementa cada mes y la Secretaría de Salud se niega a cubrir esos compromisos.
Los demandantes explicaron que cada uno de los trabajadores se endeuda de acuerdo con sus necesidades, porque a través del pago a terceros se pueden adquirir desde aparatos de línea blanca, mueblería, préstamos personales, seguros de vida y hasta viviendas.
Sin consultar a los trabajadores, funcionarios de los Servicios de Salud tomaron su dinero en 2010 para canalizarlo a la campaña del entonces candidato del PRI a la gubernatura, Eviel Pérez Magaña, hecho que se confirmó cuando se enteraron de que no se había pagado al Fovissste, institución que prefirió cerrar su página antes que dar una explicación.
Han pasado más de dos años y “estamos en la misma situación: hay atraso de tres meses de pago y estamos enterados de que ese dinero que llega quincenalmente de pago a terceros lo están tomando para el pago de trabajadores de contrato”, puntualizaron los trabajadores afectados.
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