AUTOR: JENARO VILLAMIL.
Después de la ‘megamentada’ dedicada a Peña Nieto el 10 de mayo, el hashtag #SATHazmeUnParo se convirtió en el termómetro de la animadversión social no sólo a la principal empresa televisora sino a los favoritismos del gobierno federal a la compañía de Emilio Azcárraga Jean.
“Es legal”, insistió el SAT a través de un comunicado. Afirmó que esta condonación respondió al programa “Ponte al Corriente”, “general y abierto a todos los contribuyentes”. El SAT y sus defensores afirmaron que desde el 19 de febrero pasado se puso en marcha este programa atendiendo el artículo tercero transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para 2013.
El SAT quería “normalizar” lo que a todas luces constituye un favor más –y muy jugoso– a una empresa que se ha caracterizado por litigar sus intereses a través de la pantalla y de la presión a políticos y funcionarios de todos los niveles.
La suspicacia no era arisca. El 19 de febrero fue la fecha que la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión entró en su etapa decisiva. Inevitable pensar que hubo una negociación con Grupo Televisa desde la Secretaría de Hacienda. Sobre todo, cuando los puntos más delicados de esta reforma (el must carry y el must offer, los criterios de dominancia en radiodifusión y la conformación de un organismo autónomo) fueron pactados desde la oficina de Luis Videgaray, titular de Hacienda, con la empresa de Emilio Azcárraga.
El problema no es esta condonación sino la suma de medidas aplicadas desde el sexenio de Ernesto Zedillo para beneficiar fiscal y financieramente a Televisa.
Este es un breve recordatorio de la suma de beneficios fiscales que ha tenido Televisa desde la llegada de Azcárraga Jean a la presidencia de esta empresa-Estado:
a) Con la ayuda de la presidencia de Ernesto Zedillo, Azcárraga Jean consiguió reestructurar la deuda de Grupo Televisa con Hacienda, con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y con sus propios socios y parientes. En particular, el heredero de El Tigre renegoció la deuda de 320 millones de dólares con la familia Diez Barroso (llamada Deuda Alameda), a través de una reestructuración accionaria y lo que constituyó un “acto de simulación mercantil”, de acuerdo con la demanda que estableció Paula Cusi, la última esposa de Emilio Azcárraga Milmo.
b) En octubre de 2002, a menos de cumplir dos años “el gobierno del cambio”, la administración de Vicente Fox autorizó el famoso decretazo que echó abajo la reforma integral a la Ley Federal de Radio y Televisión para favorecer los intereses de Televisa.
El decretazo fue, de facto, una condonación fiscal. El 10 de octubre de ese año se eliminó el tiempo fiscal de 12.5% (equivalente a 180 minutos diarios), decretados en 1968, y sustituido por un porcentaje menor de 1.25% o 18 minutos diarios en televisión y 35 minutos diarios en radio.
c) En noviembre de 2009, en medio de la negociación de la Ley de Ingresos para 2010, operadores de Grupo Televisa, de la SCT, de Cofetel y de la Secretaría de Hacienda del gobierno de Felipe Calderón lograron exentar del pago de derechos de la famosa Licitación 21 (la banda 1.7Ghz), a partir de una adición al artículo 244-E de la Ley Federal de Derechos.
Alrededor de la mitad de los 2 mil 386 millones de pesos fueron exentados para Grupo Televisa, entonces asociada a Nextel, para la licitación que derivó en uno de los mayores litigios del sexenio de Calderón.
d) Con la exención y los descuentos al pago de impuestos prediales y aguas de sus principales instalaciones en el Distrito Federal y en otras ciudades del país, Televisa se ha beneficiado por la falta de transparencia y rendición de cuentas.
En 2008, el reportero de Proceso, Raúl Ochoa Rincón, interpuso ante el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (InfoDF) una solicitud para conocer “los montos y sus respectivos recibos por concepto de predial y agua” que han pagado los estadios de futbol Azteca, propiedad de Televisa, así como el Azul.
El pago de impuestos prediales del coloso de Santa Ursula constituyó el secreto mejor guardado de la administración de Marcelo Ebrard. La Secretaría de Finanzas y el InfoDF negaron la información. Se especula que suman más de cinco décadas sin pago de impuesto predial del estadio Azteca.
Estas son tan sólo algunas “perlas” de los beneficios y favoritismos a Grupo Televisa.
¿Aún así se sorprenden de la indignación ciudadana por la condonación de los 3 mil millones de pesos del SAT?
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