Esas acciones, acusó la paraestatal en un comunicado, causaron quebranto económico tanto a Pemex como a Pemex Refinación.
La paraestatal presentó, el martes 14, una demanda ante una Corte de Nueva York en contra de César Nava –exlíder nacional del PAN y uno de los hombres más cercanos al expresidente Felipe Calderón–, quien fue abogado de Pemex entre 2001 y 2003 por una presunta conspiración criminal del consorcio Conproca para defraudar en 2002 a la petrolera mexicana durante las obras de reconfiguración de la refinería de Cadereyta.
Diez días después ambas empresas presentaron ante la Corte estadunidense una petición para que el juez desestimara la demanda presentada por Pemex, al sostener que se plantearon asuntos ya resueltos en un arbitraje previo.
“Cabe aclarar que lo que se discutió en el arbitraje fueron los pagos realizados a Conproca y si ésta había ofrecido el soporte documental que, de manera suficiente y clara, justificara la legitimidad de las facturas presentadas y la procedencia de su pago, mas no actos fraudulentos relacionados con el contrato”, se destaca ahora en el comunicado de Pemex.
Además, la paraestatal aclara que este sistema buscaba compensar el déficit financiero en que incurrió Conproca al haber presentado “una oferta en términos económicos muy inferiores a los del mercado, promoviendo, a través de sobornos, la firma de diversos convenios, plazos adicionales y extensión de plazos para la ejecución de garantías relacionadas con el contrato.
“Lo anterior tuvo lugar a pesar de las opiniones negativas del Cicata-IPN (auditor técnico del contrato), en el sentido de que los pagos reclamados por Conproca no estaban considerados originalmente o no se documentaron de manera adecuada”, detalla Pemex en el boletín.
También señala que hace la aclaración ante la “información engañosa” difundida por Siemens y SK Engineering sobre el pleito judicial que enfrentan con la paraestatal.
Pemex reiteró que “continuará actuando en estricto apego a derecho y en el marco de las acciones y medios de defensa que las leyes le otorgan, por lo que rechaza toda gestión que pretenda evadir el debido proceso legal por el que deben velar las autoridades jurisdiccionales y generar confusión en la opinión pública”.
De acuerdo con la demanda, Siemens y SK Engineering obtuvieron 182.4 millones de dólares mediante siete facturas fraudulentas cobradas entre agosto de 2000 y enero de 2002, como parte de una conspiración criminal para inflar los costos de la reconfiguración de Cadereyta.
No hay comentarios:
Publicar un comentario