Incluso, señaló que su desempeño como abogado general de la paraestatal se guió siempre con los principios de “legalidad, honradez, imparcialidad y profesionalismo”.
El también exdiputado federal argumentó que estuvo en Pemex como abogado general de octubre de 2001 a octubre de 2003, y que los presuntos pagos ilegales realizados por particulares a funcionarios de la paraestatal se habrían realizado en 2004.
Y pretender ligar esos hechos con su gestión en 2002, reviró, “rebasa y contradice la más elemental lógica, por lo tanto, rechazo categóricamente que se me pretenda vincular con esos supuestos actos de corrupción”.
Es más, aseguró que su labor en la paraestatal estuvo auditada tanto por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
“Pretender ensuciar mi reputación y asociarme con posibles hechos ilícitos presuntamente cometidos por particulares y servidores públicos sólo puede obedecer a una lógica ajena a la recta procuración de justicia”, acusó el exlíder panista.
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