AUTRO: ARMANDO GUZMÁN.
Dio el aviso un empleado inconforme con el mísero salario que le daban por ocultar la montaña de dinero que presuntamente robaban del erario el extesorero del estado José Manuel Saiz Pineda y su socio Martín Alberto Medina. Pero las denuncias en torno a la corrupción monumental en el gobierno de Andrés Granier vienen al menos desde 2008, y ahora las procuradurías estatal y General de la República cuentan con testimonios, demandas penales anteriores e investigaciones periodísticas que muestran, entre otras cosas, cómo Granier aprovechó la solidaridad por las inundaciones de 2007 para socorrer sus propios bolsillos y los de sus socios.
De acuerdo con la PGJE, dos hombres son clave para armar el expediente que podría llevar a la cárcel al exmandatario y a los principales saqueadores. Se trata de Martín Alberto Medina Sonda y Abraham Cupil Córdova. El primero, un empresario yucateco que es socio y operador financiero de los negocios de Saiz Pineda; el segundo, padre de Marlis Cupil López, secretaria del mismo exfuncionario.
El dinero –88 millones 560 mil 134 pesos– fue hallado en una casa de dos plantas donde está la refaccionaria Jumali, en la calle Mario Trujillo García número 225, ejido Lomitas del municipio de Nacajuca, unos 15 kilómetros al norte de esta capital. Lo guardaban en cinco cajas de cartón.
El inmueble es propiedad de Abraham Cupil Córdova, padre de Marlis Cupil López, secretaria de Saiz Pineda en la firma Patrimonium Asesores Fiscales, S.C.P. Este despacho, del que es socio Medina Sonda, se ubica en la calle Andrés Sánchez Magallanes 1113, del centro de Villahermosa. Al catearlo, la PGJE halló “abundantes” documentos contables del gobierno de Granier Melo.
La refaccionaria es propiedad de Abraham Cupil López, hermano de Marlis e hijo de don Abraham Cupil, conocido en la comunidad como vendedor de agua de garrafón.
La dirección de la refaccionaria Jomeli es la misma que proporcionó Cupil Córdova para adquirir la empresa Suministros del Carmen, S.A. de C.V., que en abril de 2008 compró 160 hectáreas a 500 mil pesos cada una e inmediatamente la revendió al Instituto de Vivienda de Tabasco (Invitab) a 1 millón 400 mil pesos la hectárea, con lo que ganó más de 140 millones de pesos.
El entonces diputado federal del PRD y ahora senador Adán Augusto López Hernández denunció estos hechos en octubre de 2008 y presentó una demanda penal ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Al legislador le pareció inexplicable que Cupil Córdova, “humilde vendedor de agua”, y José Alberto de la Rosa Santamaría, dependiente de una tienda, compraran Suministros del Carmen y, de inmediato, invirtieran cerca de 100 millones para comprar los terrenos que revendieron al Invitab, con una ganancia de 900 mil pesos por hectárea.
Suministros del Carmen, fundada en 1997 en Campeche, estaba quebrada. Su capital contable era de apenas 250 mil pesos y ya no podía pagar sus deudas.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1908 de la revista Proceso, ya en circulación.
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