AUTOR: GUADALUPE LIZÁRRAGA.
Galván Segura fue liberada frente al edificio federal de Migración en San Diego y se le otorgaron doce meses de refugio antes de que tenga que solicitar oficialmente el asilo político que tendrá que presentar ante la juez que recientemente la atendió en la audiencia del 30 de mayo en el Centro de Detención, días antes de ser liberada. También se le autorizó un permiso de trabajo para integrarse profesionalmente a la sociedad estadounidense con efecto para cualquier entidad de este país.
"Jamás imaginé que al pedir asilo en el puente fronterizo a donde llegué aterrada y con desconocimiento total del proceso, se convertiría en mi propia experiencia de las vicisitudes que pasan los migrantes en los centros de detención de Estados Unidos", dijo la abogada de derechos humanos. Abundó que el estar detenida ha cambiado su percepción sobre este problema público que también existe en Juárez, donde los migrantes son invisibles como en su momento lo fueron las desapariciones de jóvenes.
Se trata del tercer refugio político otorgado a miembros del Comité de Madres de Juárez a causa del hostigamiento de las autoridades del gobierno del estado de Chihuahua y de la directora de Justicia para nuestras hijas, Norma Ledesma. Detrás de estos acosos también se han denunciado al presidente municipal, Héctor Murguía, y a la fiscal Rosa María Sandoval, de la Fiscalía del Estado.
Francisca Galván Segura ha sido la abogada voluntaria de las madres de víctimas de feminicidios y raptos desde marzo de 2010. Ha documentado las investigaciones y denunciado la corrupción en las evidencias e información, por lo que las autoridades intentaron acallarla por exigir la verdad acerca de estos crímenes de género.
Francisca Galván también señaló que la mayor evidencia de sus denuncias es la protección otorgada por las autoridades migratorias estadounidenses que después de investigar su caso determinaron el riesgo que corría ante las mismas autoridades del estado de Chihuahua.
El Comité de Madres de Juárez se fundó como un grupo alternativo de ayuda a la madres de víctimas de feminicidios y desaparecidas que no están dispuestas a seguir guardando silencio ante los crímenes de género en los que han sido denunciados por complicidad directa desde agentes ministeriales hasta autoridades municipales, y se han presentado evidencias, testimonios e información que sustenta la corrupción en las investigaciones, según explicó la abogada.
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