AUTOR: ÁNGEL PLASCENCIA.
El Ayuntamiento de la capital del estado fue apercibido por el ITEI al rechazar fundar de forma adecuada sus motivos para negar –por segunda vez– la información sobre el operativo del 1 de diciembre.
Desde el 4 de enero de 2013, el reportero de este medio solicitó “el listado con nombre, fotografía y cargo de los policías que participaron en el operativo realizado el 1 de diciembre del 2012, en el que a las afueras de la Expo Guadalajara fueron detenidas 25 personas que participaron en una manifestación.
“También se pide el listado de patrullas que estuvieron en dicho operativo especificando los patrulleros asignados a cada unidad”.
Luego de una negativa (14 de enero) y un recurso de revisión favorable al reportero de este medio para que fuera entregada la información (20 de febrero), la autoridad volvió a negar la información sin fundamentar sus motivos para esta negativa: justo como se le solicitó que lo hiciera en el recurso de revisión.
La información ha sido negada en dos ocasiones por el Ayuntamiento de Guadalajara por el mismo argumento: se pone en riesgo la seguridad de terceros y hasta del propio “Municipio”.
Pero en este proceso de más de cinco meses, de impugnaciones y revisiones solicitadas por parte del reportero de este medio, el Ayuntamiento tapatío jamás respondió a la pregunta de ¿por qué?
¿Por qué se pone en riesgo la seguridad de terceros si el operativo ya fue realizado?
Es una respuesta que la Policía de Guadalajara se ha negado –en dos ocasiones- a argumentar de forma adecuada, dejando en la ambigüedad la interpretación de los artículos 41 y 71 de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco, donde se expresa que la seguridad del Estado puede estar en riesgo por la revelación de información.
Por eso es que ahora el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (ITEI) en su última resolución amonestó al Ayuntamiento de Guadalajara.
Y de no responder a la solicitud del instituto, la autoridad tapatía podría hacerse acreedora a una multa.
La amonestación pública
En el “Acuerdo de Cumplimiento” del ITEI, al que se llegó luego de una sesión extraordinaria celebrada el 3 de junio del 2013, se establece que “la resolución de veinte de febrero del año dos mil trece, siente por INCUMPLIDA”, y enseguida expone una serie de consideraciones.
Una de ellas deviene del argumento del Ayuntamiento donde expone que la información solicitada “encuadra perfectamente en el artículo 41 fracción I incisos a), b) y c) y 71 fracción III de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios”.
A esto, el ITEI responde en el acuerdo: “lo anterior es insuficiente para tener al sujeto obligado cumpliendo con la obligación de emitir una resolución motivada en relación a la información reservada solicitada, toda vez que no se expresan argumentos específicos de los cuales se desprenda de qué manera se puede poner en riesgo la vida, la salud y la seguridad del Municipio”.
Por lo cual, y según lo dispuesto en la fracción II del artículo 87 de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, “si el sujeto obligado incumple con la resolución en el plazo anterior, el Instituto le impondrá una amonestación pública con copia al expediente laboral del responsable”.
Por otro lad, en el acuerdo del ITEI también se señala que “se le requiere (al Ayuntamiento de Guadalajara) para que en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de aquel en que surta efectos su notificación, emita una resolución debidamente motivada respecto a la información de carácter reservado de la solicitud presentada por Ángel Plascencia”.
Aunque existe una diferencia entre lo señalado en la resolución del ITEI y lo que se establece en la ley, pues en la legislación se estipula que si en “diez días hábiles” no hay respuesta de parte del sujeto obligado –en este caso, el Ayuntamiento de Guadalajara- el ITEI actuará conforme a la fracción II del mismo artículo:
“Si el sujeto obligado persiste en el incumplimiento dentro del plazo anterior, el Instituto le impondrá una multa de 20 a cien días de salario mínimo general vigente en la zona metropolitana de Guadalajara, le concederá un plazo de hasta cinco días hábiles para el cumplimiento y le apercibirá de que en caso de no hacerlo se procederá en los términos del siguiente párrafo”.
Por los montos consultados en el sitio de Internet del Banco de México, el salario mínimo en Guadalajara –en mayo de 2013- es de 64.76 pesos, por lo que la multa podría ir de mil 295 a 6 mil 476 pesos.
La sanción es directamente contra la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Guadalajara.
Luego de un litigio de más de cinco meses ante la autoridad de transparencia para que se revelen las identidades de los policías del operativo, la autoridad ha dado largas y respuestas a medias, con lo que queda bastante clara su intención de catalogar de forma inadecuada información reservada.
La solicitud del #yosoy132GDL
Por su parte, integrantes del movimiento #yosoy132 de Guadalajara realizaron una solicitud de información similar a la de Reporte Indigo el pasado 24 de mayo de 2013.
En dicha petición solicitaron: “un listado de grupos y unidades policiacas que participaron en el operativo del primero de diciembre de 2012 a las afueras de Expo Guadalajara, en el marco de la Feria Internacional del Libro y la manifestación por la toma de protesta del Presidente de México. Se solicita el plan operativo de ese día, el número de agentes de fuerza pública que participaron y los aditamentos, armas o equipamiento que utilizaron”.
A lo que la autoridad tapatía respondió con una negativa con los mismos argumentos de información reservada referidos en el artículo 41 de la Ley de Información Pública del Estado.
En cuanto a los “aditamentos, armas o equipamiento” el Ayuntamiento respondió de forma escueta: “PR-24 (bastón policial o macana), Escudos antimotines y Aros Aprehensores”.
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