Las autoridades autogestivas que se han instaurado desde 2011 en ese municipio michoacano están potenciando pequeñas empresas que buscan conjugar la recuperación de los bosques y la explotación sustentable.
Las nuevas autoridades autogestivas y horizontales que se han ido instaurando desde 2011 con base en los usos y costumbres indígenas están potenciando pequeñas empresas que buscan conjugar la recuperación de los bosques y la explotación sustentable de los recursos con la generación de empleo y de ingresos para el pueblo.
Desde que los vecinos de Cherán decidieron bloquear todas las entradas del pueblo con barricadas y hogueras y atrajeron la atención de todo el país, distintas instituciones federales y estatales les han ofrecido ayuda. Una de ellas es la Comisión Nacional Forestal (Conafor), que ya el año pasado destinó recursos al municipio purépecha para la reforestación de sus bosques esquilmados.
Sin embargo, los pinos que se plantaban en el municipio provenían de otro lado. Este año, por primera vez, está prevista la reforestación de 400 hectáreas con pinos plantados y cuidados en el vivero creado hace dos años con el impulso del Consejo de Bienes Comunales en el pueblo.
“Tenemos un convenio de 400 mil plantas (mil por hectárea) con Conafor”, si bien “la capacidad de este vivero es de un millón de plantas”, explica Vicente Sánchez, un ingeniero agrónomo que trabaja en el proyecto. A su espalda, varios trabajadores riegan los miles de diminutos pinos listos para ser trasplantados.
Actualmente trabajan unas diez personas en el vivero, pero para la reforestación y el mantenimiento de las hectáreas reforestadas (poda, retirada de maleza, fertilización…) se emplearán muchas más.
Sánchez calcula que faltan unos 15 años para llegar a reforestar lo que deforestaron los talamontes ilegales en dos años.
Entretanto, en los bosques del municipio, una patrulla de la ronda comunitaria –las fuerzas de autodefensa- con cinco hombres y una mujer armados con fusiles AR-15 y M-1 y vestimenta militar, recorre los bosques en una pick-up de la policía estatal y vigila que nadie tumbe más pinos.
El día anterior habían capturado a dos personas con madera fresca, por lo que los llevaron al Morelia. “Si sorprendemos a alguien cometiendo un delito rápidamente es puesto ante el Ministerio Público. Nosotros nada más cumplimos con arrestarlos y llevarlos ante ellos”, explica uno de los miembros de la patrulla que se identifica sólo con el número 38 por seguridad.
Muchos en Cherán coinciden en que desde la instauración de la ronda comunitaria la inseguridad ha remitido de forma palpable.
“Antes de que se empezó el movimiento casi nadie subía a hacer sus labores allá en el campo y ya prácticamente habían abandonado todos los terrenos. Desde que existió la ronda para acá se empezó a retomar todo el terreno”, asegura el elemento 38.
En total, conforman la ronda comunitaria unas 100 personas, elegidas en asamblea para un periodo de tres años. Unos patrullan dentro del pueblo y vigilan los retenes instalados en los principales accesos a la comunidad, en los que se revisan los vehículos sospechosos. Y otros, los denominados guardabosques, recorren el monte de alrededor.
Así han acabado con los levantones, los asesinatos (unos 20 en total entre ambos delitos desde que empezó el problema), el cobro de piso, los robos y la tala ilegal.
De repente la patrulla escucha una motosierra entre la vegetación. Pero se trata de una de las cuadrillas encargadas de recolectar los restos de los árboles abandonados por los ilegales. Esa madera, es llevada a otra de las empresas comunales, el aserradero.
Cuando los talamontes clandestinos tumbaban un árbol, sólo se llevaban el tronco o parte de él, y dejaban los restos regados por el monte: las ramas, las copas, las bases… Ahora, para poder reforestar, es necesario limpiar todos estos restos.
“Después de evaluar el daño que se había ocasionado por la tala ilegal se llegó a la conclusión de que teníamos en el monte 74 mil metros cúbicos de madera que debían ser extraídos”, indica Pedro Rivera, responsable del Aserradero Comunal San Francisco Cherán.
Con esos restos de árboles que son recuperados del bosque el aserradero da empleo a 24 personas para su procesamiento y a otras 40 para su recolección. Además, busca estimular otros rubros de la economía local ofreciendo su producción a precios bajos a los artesanos y los carpinteros del municipio. “El promedio en una maderera normal está de 10 a 13 pesos el pie-tabla y aquí lo tenemos a 6.50” , comenta Rivera.
La más reciente de estas empresas comunales es la adoquinera, situada junto al aserradero y que emplea arena y grava provenientes de minas del municipio.
Estas iniciativas productivas dependen del Consejo de Bienes Comunales, que es uno de los pilares del nuevo sistema de gobierno basado en los usos y costumbres purépechas. Después de la sublevación de los vecinos y de la formación como autodefensa de la ronda comunitaria, el sistema de elección de autoridades en base a partidos políticos fue desechado y ahora la base de la toma de decisiones son las asambleas generales de los cuatro barrios del pueblo.
Las autoridades oficiales “no dieron respuestas, todo el mundo decía que no le competían los problemas”.
“Simplemente ya no los tomamos en cuenta y se formó un tipo de gobierno comunal, como siempre había sido”, recapitula Don José (rehúsa dar su apellido también por seguridad), uno de los miembros del Consejo Mayor, una especie de autoridad moral formada por 12 representantes, tres por cada barrio del municipio. Colabora con la veintena de comisiones operativas que se encargan de los distintos asuntos del pueblo y ocupa lo que antes era el palacio municipal.
“Este es un gobierno horizontal”, sostiene el miembro del Consejo. “Aquí desde tiempos inmemoriales se ha llevado este tipo de gobierno, que le tiene que informar a la gente del pueblo sobre el dinero, sobre las actividades… sobre todo”.
Junto al vivero comunal ha abierto un nuevo restaurante: La Parangua (“El fogón”, en purépecha). Fue creado, con financiamiento de la Comisión Nacional para el Desarrollo Indígena (CDI) y de las arcas municipales, para el sustento de un grupo de 19 mujeres cuyos esposos fueron asesinados y hechos desaparecer por los talamontes.
Sin embargo, “las que estamos ahora somos cuatro que no tenemos trabajo en la casa y las demás se quedaron en sus trabajitos”, ya que de momento el restaurante apenas da para cubrir gastos, señala María Juárez. Su esposo, Rafael García, está desaparecido desde el 10 de febrero de 2011, poco antes de que estallara la revuelta.
Los talamontes ilegales, denuncia la mujer, “no querían que uno subiera al cerro y por eso la gente que subía ya no bajaba sino en partes, en pedazos, quemados…”. En uno de los enfrentamientos “mi esposo sí alcanzó a bajar, pero desgraciadamente lo alcanzaron y se lo llevaron y hasta ahorita no sé nada de él”, cuenta.
Apenas unos metros más delante de La Parangua tres miembros de la ronda controlan los vehículos que salen y entran de Cherán en un retén carretero. Visten unos impolutos uniformes verde oliva con la bandera de México en una manga y la purépecha en la otra. Muchas cosas han cambiado en el pueblo desde aquellas primeras fogatas improvisadas en la noche del 15 de abril de 2011.
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