Así lo determinó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) que además solicitó a la dependencia hacer el desglose de cuántas personas de las que estuvieron arraigadas fueron liberadas, procesadas, enjuiciadas y sentenciadas en el periodo solicitado.
Asimismo, deberá especificar la entidad federativa, el año y el delito por el que se ordenaron los arraigos.
En una primera respuesta, la PGR indicó que, de acuerdo con datos de la Dirección General Adjunta de los Centros Federales de Arraigo de la Policía Federal Ministerial, 10 mil 573 personas fueron arraigadas en el periodo indicado.
Sin embargo, se declaró incompetente para especificar cuántas personas fueron liberadas, sometidas a proceso, enjuiciadas y sentenciadas, porque la Policía Federal Ministerial “no es competente” para integrar procesos penales y/o imponer sentencias.
El particular interpuso un recurso de revisión porque además la PGR no indicó las entidades federativas en las que se llevaron a cabo los arraigos y no proporcionó información desglosada por año, mes y delito. El caso fue turnado a la ponencia de la comisionada Sigrid Arzt.
La PGR modificó su respuesta en la etapa de alegatos, a través de la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), e informó que de diciembre de 2006 a marzo de 2013 fueron arraigadas 7 mil 984 personas.
Además detalló los motivos por los que se ordenaron los arraigos: delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, operaciones con recursos de procedencia ilícita, contra la salud, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, tráfico de indocumentados, posesión de vehículo robado en el extranjero, robo equiparable y posesión de vehículo robado.
También especificó que, del total de personas arraigadas, 464 fueron liberadas, pero no proporcionó datos de las sometidas a proceso, enjuiciadas y sentenciadas, debido a que su Dirección General de Control de Procesos Penales y Amparo en Materia de Delincuencia Organizada es un área de reciente creación.
En una relación aparte emitida por la Dirección General de Control de Procesos Penales Federales, adscrita a la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, entregó al particular los siguientes rubros de información: delegación, año, liberados, procesados, enjuiciados (sentenciados), delitos y arraigados, de 2006 a 2012 y, en algunos casos, de 2013.
Al analizar el caso, la comisionada ponente determinó que existen diversas inconsistencias entre los datos reportados por las distintas unidades administrativas a las que les fue turnada la solicitud.
Por ejemplo, refirió que mientras la Dirección General Adjunta de los Centros Federales de Arraigo de la Policía Federal Ministerial reportó en su respuesta inicial, un total de 10 mil 573 casos, de enero de 2006 a abril de 2013, la SEIDO informó que de diciembre de 2006 a marzo de 2013, han sido arraigadas siete mil 984 personas.
Además declaró la inexistencia de la información correspondiente al periodo de enero a noviembre de 2006, y la de abril de 2013.
Por su parte, la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, sólo proporcionó el desglose de la información relacionada con 2 mil 170 arraigados.
Asimismo, la comisionada Arzt advirtió que la PGR no turnó la solicitud a la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional, que se encarga de manejar el Sistema Institucional de Información Estadística.
En dicha área se encuentra la información relacionada con averiguaciones previas y procesos penales en primera y segunda instancia, y juicios de amparo, entre la que se encuentra el número de personas arraigadas, liberadas, sujetas a proceso, enjuiciadas y consignadas.
También, señaló Arzt, la PGR omitió turnar la petición al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, que se encarga de establecer y proporcionar los sistemas de información estadística.
Por ello propuso al pleno revocar la respuesta e instruir a la PGR a que realice una nueva búsqueda exhaustiva en todas las unidades administrativas competentes, incluidas las que mencionó en su proyecto. La propuesta fue aprobada por el pleno del IFAI.
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