FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
LEÓN, Gto. (apro).- El grupo parlamentario del PRI en el Congreso local presentó hoy ante la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia por los presuntos delitos de abuso de autoridad, ejercicio indebido de la función pública, peculado, enriquecimiento ilícito y cohecho en contra de colaboradores del exgobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, actual secretario adjunto de elecciones del CEN del PAN.
La denuncia involucra el uso de recursos públicos en tres rubros: la adquisición de terrenos para la Refinería Bicentenario –que finalmente fue asignada a Hidalgo–, la compra de terrenos y la construcción y operación del Parque Bicentenario en Silao, y el pago de derechos de vía para el tren interurbano.
Los dos primeros fueron proyectos emblemáticos del sexenio de Oliva Ramírez, quien gobernó la entidad del 2006 a los primeros meses del 2012, cuando pidió licencia y dejó el cargo para irse a trabajar a la campaña presidencial de la candidata Josefina Vázquez Mota.
En ambos casos se desconocen con precisión los montos ejercidos, puesto que antes de irse Oliva la información al respecto se clasificó como reservada, aunque públicamente se manejan cifras superiores a los 3 mil millones de pesos en conjunto.
En cuanto al tren interurbano, particularmente en lo que se refiere a la liberación de los derechos de vía, ha recibido fondos en los últimos cuatro sexenios, y en el actual el Gobierno federal tampoco lo tiene previsto.
El coordinador y dirigente estatal del PRI, Francisco Javier Contreras Ramírez, quien aseguró que la denuncia “va en serio, no es mediática” y responde a un reto que fue lanzado por el presidente estatal del PAN, Gerardo Trujillo, “quien nos pidió que la presentáramos y lo estamos haciendo”.
Esto luego de que la mayoría panista rechazara la integración de una Comisión especial del propio Congreso para investigar posibles ilícitos en el sexenio de Oliva Ramírez, a propuesta del PRI.
Aunque para echar abajo esta propuesta de los priistas, la bancada del PAN contó con el apoyo de un legislador tricolor, el leonés Guillermo Romo.
No obstante, este lunes se presentaron los 11 integrantes del PRI –incluido Romo incluido–, ante el Ministerio Público Federal para interponer esta denuncia.
Los priistas encomendaron la integración del expediente al prestigiado abogado penalista Paulino Lorea, quien poco antes de ingresar a la delegación de la PGR explicó que se detectaron hechos que posiblemente constituyen alguno de los delitos mencionados en los tres rubros que involucran varias dependencias de la administración que encabezó Oliva Ramírez.
“Son los tres hechos que nos encomendaron, pudo haber una desviación de recursos por las compras que se hicieron a través de terceros y se reservaron las informaciones hasta 12 y 15 años, ¿por qué? Todo ocultamiento, toda reserva, es sospechosa”, señaló.
Para la adquisición de unas 900 hectáreas destinadas a la construcción de la refinería Bicentenario –que ni en Hidalgo se ha construido– a través de la Secretaría de Desarrollo Económico se creó una empresa fantasma, denominada “Cereal y pastas finas” que operó como intermediaria con comisiones millonarias.
Al frente de la citada dependencia continúa Héctor López Santillana, quien además sustituyó a Juan Manuel Oliva en los últimos meses de su sexenio el año pasado.
Lo mismo ocurrió en la adquisición de predios para liberar el derecho de vía del tren interurbano, pues un solo operador contratado exprofeso, Carlos Abugaber, cobró 12 millones de pesos.
Al frente del comité del Parque Bicentenario fungió el ex Secretario de Gobierno Gerardo Mosqueda, mientras que como presidente del Fideicomiso creado para administrar los recursos estuvo el actual diputado federal del PAN, el empresario transportista Juan Carlos Muñoz.
Al respecto, el abogado Loera explicó que para el tren se contrataron a tres o cuatro empresas intermediarias, pero se ignoran los montos de las comisiones “porque también quedó reservada la información, lo que para la autoridad ministerial no aplica, no tiene restricción alguna”.
En la denuncia se incluyeron como anexos publicaciones periodísticas, copias de cheques, listas de empresas involucradas en los tres proyectos y sus registros, así como datos de ejidatarios de las tierras adquiridas.
En tanto que el diputado Francisco Javier Contreras dijo que la pelota “está ahora en la cancha del Ministerio Público” y que a él se entregaron “pruebas suficientes y contundentes, con toda la relación de los hechos, con toda la documentación, con los elementos adecuados para que pueda proceder”.
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