FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: ÓSCAR BALDERAS.
Si a los 23 detenidos este lunes, durante la marcha del 10 de junio, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal les acusa de un delito grave y no puedan obtener su libertad bajo fianza, se enfrentarán a la firma de un hombre que se ha vuelto clave para Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Se trata de Ignacio Gilberto Silva Hernández, fiscal de Mandamientos Judiciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), cuya rúbrica es obligada para que se ejecute cualquier orden de aprehensión en la Ciudad de México.
Su trabajo es uno de los invisibles en la administración de Mancera, pero con mayor impacto: tiene a su disposición 60 mujeres y hombres como personal administrativo, y 140 agentes de la Policía de Investigación para oficializar el ingreso a la cárcel de cualquier capitalino.
Apenas tiene seis meses en el gobierno local, pero su trayectoria de 18 años en la Procuraduría General de la República se nota: desde su llegada a la administración capitalina, se giran entre 50 y 60 órdenes de aprehensión al día; es decir, una casi cada 30 minutos.
Y parte de ellas están relacionadas con capturas a personas que han participado en marchas, mítines o expresiones de descontento social desde las revueltas del 1 de diciembre hasta la más reciente del 10 de junio, cuando 19 hombres y 4 mujeres fueron aprehendidos.
Desde su oficina en el “búnker” de la PGJDF, Silva Hernández detalló en entrevista cómo opera una de las fiscalías con mayor labor de inteligencia, espionaje e infiltración, a través de cuatro direcciones.
La primera es la Dirección Operativa Técnico-Penal, la cual realiza sobre cualquier habitante del Distrito Federal, a petición del Ministerio Público, una “investigación de gabinete”, es decir, una búsqueda de datos personales a través de fuentes de información públicas y privadas.
Basta la identificaciónde una persona mediante una cámara de video, una llamada de celular, un tuit o una publicación en Facebook para que esta dependencia, a cargo de María Ruíz, entre en acción.
Inteligencia cibernética, localización mediante GPS, técnicas de evaluación de rostro, así como el cruce de datos con Telmex, IMSSS, FOVISSSTE, INFONAVIT, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, autoridades federales, locales, procuradurías estatales, Procuraduría General de Justicia Militar, embajadas, dependencias internacionales, Interpol, entre otras, hacen disponible la información de cualquier persona a la policía.
A partir de entonces, la Dirección de Mandamientos Judiciales comienza a laborar bajo la directriz de Ángel Uribe, quien entrega los datos recabados a la Policía de Investigación para que se ejecuten las órdenes de aprehensión, reaprehensión, localización y presentación.
“La gente, por lo regular, va a salir de su casa a determinada hora para salir a trabajar y, por eso, es en las mañanas cuando más órdenes de aprehensión se cumplen. No así en la tarde o noche.
“Siempre una detención muy temprano implica un menor riesgo por parte de los familiares, amigos, vecinos”, relató el fiscal Silva Hernández.
Si la persona que se busca tiene algún pendiente con una autoridad de provincia o de otro país, la Dirección de Normatividad, a cargo de Alan Villegas, atiende las colaboraciones con otras procuradurías; si los aprehendidos se amparan, Martha Saldierna los atiende desde la Dirección de Amparos.
El trabajo de la Fiscalía de Mandamientos Judiciales se realiza en completo sigilo: sólo revela someramente sus labores, pero nunca sus procedimientos o técnicas que utiliza para ubicar personas, montar operativos y trasladarlas a la cárcel.
Extraoficialmente, mandos de la PGJDF señalaron a REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO que en esta dependencia actualmente se investigan a jóvenes que han participado en distintas marchas y cuyas órdenes de aprehensión se encuentran en proceso.
A la par, ya trabajan en los trámites que se requieren para ingresar a la cárcel a los actuales 23 detenidos por la marcha del 10 de junio, en caso de que se les acuse de un delito grave o que no puedan pagar la fianza de un delito menor.
Además de su labor en PGR y PGJDF, el fiscal Silva Hernández ha fungido como socio del despacho Molrod Silber y Asociados, donde ha prestado sus servicios como experto en temas policiacos.
Entre los servicios de dicho despacho se encuentra el de productos de inteligencia: el análisis de información basados en “metodología de inteligencia para la determinación de acciones ejecutivas y obtención de información sobre lugares y personas”.
Su trabajo determinará si los 23 detenidos pisan o no la cárcel en las próximas horas.
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