AUTOR: JESUSA CERVANTES.
Aquel año, ante las elecciones federales al Congreso de la Unión, candidatos de Michoacán renunciaron a sus candidaturas; luego en 2010, durante las campañas locales de Tamaulipas, fue asesinado Rodolfo Torre Cantú, candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas; un mes antes, el 13 de mayo, el candidato del PAN a la alcaldía de Valle Hermoso, José Guajardo, fue asesinado junto a su hijo… Y la lista siguió.
Hoy, a un mes de que se celebren los comicios en 14 estados de la República, han iniciado las amenazas en contra de candidatos; en los municipios de Maguarichi y Gómez Farías, Chihuahua, los aspirantes del PAN a ocupar dichas alcaldías decidieron retirarse de la contienda ante la abierta amenaza del crimen organizado, quien los amenazó advirtiéndoles que ahí sólo el PRI vale.
Desde el inicio de la administración federal priista que encabeza Enrique Peña Nieto, se comentó en este mismo espacio del peligro de la llamada “pax mafia”, es decir, del posible acuerdo entre el gobierno priista y los grupos del crimen organizado para mantener “la paz” en algunas zonas, siempre y cuando las autoridades les retribuyan con el “dejar hacer y dejar pasar”.
También se habló de los funcionarios federales de segundo nivel que por diversas vías tienen vínculos con personajes del crimen organizado, incluso se comentó del tío del joven que detuvieron en España en agosto pasado por ser presunto integrantes de una célula de Joaquín El Chapo Guzmán. Hoy su tío forma parte de la estructura administrativa de Sagarpa; además, se mencionó a otros que laboran en el área de Hacienda, y se establecieron las hipótesis de que su ubicación en dichos puestos pueda forma parte de una estrategia del crimen organizado.
Edgardo Buscaglia, uno de los estudiosos –en campo– del crimen organizado, la presencia de los carteles en más de cien países y su análisis del trabajo en Italia para atacar a las mafias, ha dicho que los primeros lugares donde capos de la droga ubican a su gente son las dependencias de Seguridad de los municipios, la presidencia y en Dirección de Obras.
Seguridad es para eso, precisamente, para que les brinden trabajar con seguridad y no ser molestados por otras autoridades o que les avisen cuando se realice algún operativo; en Obras, para lavar dinero mediante precios inflados y la contratación de sus empresas; así, lavan parte de sus ganancias ilícitas y, bueno, la presidencia para que manipule al cabildo y logre la autorización de proyectos.
Hoy, los candidatos del PAN de los municipios de Maguarichi y de Gómez Palacios han tenido que renunciar a sus aspiraciones políticas ante las amenazas del crimen organizado; les dicen que ahí sólo el PRI vale. Es probable que “la pax mafia” se haya establecido con antelación en esos ayuntamientos del norteño estado de Chihuahua.
Y mientras los políticos son amenazados, los periodistas asesinados, los defensores de derechos humanos levantados o ejecutados, y los jóvenes atrapados por el crimen organizado para luego ser sacrificados, el gobierno de Peña Nieto hace como si no pasara nada. Se placea tranquilamente con el presidente de China por Yucatán o hace eventos en la caliente Sinaloa para asegurar que no se privatizará el petróleo.
En lugar de pacificar al país, de menguar el poder del crimen organizado, de atacar el corazón de la mafia: el lavado de dinero, echa más leña al fuego de la incertidumbre y la violencia. Dice que se respetarán los comicios del próximo 7 de julio, pero ni siquiera puede garantizar proceso electorales seguros, ¿cómo espera hacer lo otro? Es pregunta.
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