Después de la álgida discusión sobre el aplazamiento del apagón analógico en la ciudad de Tijuana, Baja California, hay muchas lecciones por aprender de este programa piloto, entre las principales, está la responsabilidad que corresponde a cada uno de los actores involucrados en este proceso, que debería de culminar en el 2015 con la transición a la televisión digital terrestre en todo el país, y que forma parte de las bases que se deben de sentar para la competencia de la televisión abierta, en aras de poder tener otras opciones informativas y de entretenimiento.
Es inaceptable que se pretenda diferir nuevamente el apagón por esta circunstancia, así que tanto autoridades como partidos, deben de preverla para dar entrada a la competencia y el pluralismo en la televisión, y para ello es indispensable que la mayor parte de la población pueda acceder a las señales digitales. Los partidos políticos, a su vez, deberían de asumir su responsabilidad legal de no utilizar con fines de cooptación del voto este proceso, como ya lo hicieron en declaraciones insolventes en Baja California.
Toca también una importante responsabilidad al Congreso, para que se cuenten con los recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos, para que se puedan adquirir los decodificadores para la población con menos recursos para recibir las señales, y a todos los niveles de gobierno, involucrarse para evitar que vuelvan a ser utilizados como arietes de intereses de las televisoras para impedir este apagón.
Se promulga la reforma
Este lunes, el Presidente Enrique Peña nieto, promulgó la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica, como le he comentado en otras colaboraciones, a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, comienzan a correr los plazos para su implementación.
Uno de ellos, de la más alta trascendencia, es el inicio del proceso para la integración de lo que será el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFETEL y la Comisión de Competencia Económica en un plazo de dos meses.
Desde ya, han comenzado las especulaciones y las alertas sobre las maniobras que harían las empresas reguladas para tratar de incrustar a sus personeros. El Comité de Evaluación, encargado de esa integración, tiene en sus manos lo que prácticamente será el futuro del país en los sectores económicos, de telecomunicaciones y radiodifusión, por ello su actuar y el proceso que realicen, debe de ser lo más transparente y que entiendan que se trata no solamente de un asunto técnico que merece conocimientos especializados, sino también, de escoger a las personas que tengan suficiente independencia y capacidad para regular un sector en el que las decisiones están ineludiblemente ligadas a aspectos de gran impacto político.
Este comité que estará constituido por tres organismos autónomos - el Banco de México, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y el recientemente creado Comité Nacional de Evaluación Educativa, con el acompañamiento de dos universidades, que esperamos sean públicas, habrá de tener bajo sus manos la posibilidad de que por primera vez contemos con órganos de verdadera independencia y autonomía. Deberán, por lo tanto, demostrar su blindaje ante lo que seguramente serán fuertes presiones de diferentes sectores, entre ellos el gubernamental y comercial, para dotarle a este proceso no sólo transparencia, sino también legitimidad social, pues de ello dependerá el arranque vital de esos órganos.
Igualmente comienzan a correr los tiempos para que se elaboren en el Congreso las leyes secundarias de competencia económica, la convergente de telecomunicaciones y radiodifusión y se hagan los cambios en aquellas que serán vinculantes, el éxito de la reforma constitucional dependerá mucho de estos marcos normativos, por lo que su resultado es clave para los cambios que muchos esperamos. Los legisladores no deben soslayar que se trata básicamente de garantizar derechos fundamentales de la ciudadanía y que tiene que dejar de verla sólo como consumidora o usuaria, si bien hay una parte notable en materia de competencia, con esta reforma también nos estamos jugando uno de los grandes pendientes de la transición democrática y que es la democratización de nuestro actual sistema de medios.
Empieza la cuenta regresiva.
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