AUTOR: JENARO VILLAMIL.
Con la publicación de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones se inicia un periodo de 180 días en que deberá elaborarse una ley convergente que sustituirá o modificará ordenamientos anacrónicos. En entrevista con Proceso, la senadora Alejandra Barrales, presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, comenta que la nueva norma podrá terminar con las prácticas monopólicas, anticompetitivas y de competencia desleal que los agentes dominantes impusieron en el campo de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Pese a su optimismo, se espera que empiecen los verdaderos jaloneos.
Al entrar en vigor la reforma constitucional el miércoles 12, existe un plazo de 180 días para cumplir con una serie de compromisos impuestos por el propio Congreso: la elaboración de una ley convergente que sustituya a la Ley Federal de Radio y Televisión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones, así como la revisión y modificación de cerca de 14 ordenamientos que se verán impactados.
Durante la ceremonia de publicación de la reforma constitucional en el Diario Oficial de la Federación, Joaquín Vargas, concesionario de Grupo MVS, afirmó que este periodo será “la madre de todas las batallas” porque se dará el verdadero “jaloneo” entre los poderes involucrados en el sector.
Por su parte, el subsecretario de Comunicaciones, Ignacio Peralta, uno de los artífices de la reforma constitucional, declaró a la agencia Reuters que la labor en los próximos seis meses equivaldrá a “demoler” y reconstruir “piedra por piedra” el edificio de las telecomunicaciones en México.
En entrevista con Proceso, Barrales comenta que la nueva ley convergente tiene “un reto inmenso si tomamos en cuenta la regulación que deberá contener”. Explica: “Durante los últimos 15 años ha imperado la autorregulación de los concesionarios haciendo de las prácticas monopólicas, anticompetitivas y de competencia desleal el terreno de juego de las telecomunicaciones y la radiodifusión”.
–¿Cuáles serán los ejes rectores de la legislación secundaria? –se le pregunta.
–La reforma legislativa debe traducirse en calidad de contenidos, variedad en los servicios y mejores tarifas. No estaremos cumpliendo con las expectativas si no respondemos a estas demandas. Y habrá que sancionar a los concesionarios que no cumplan con estas reglas.
–¿Qué puede esperar de esta legislación secundaria la ciudadanía descontenta con los contenidos de medios televisivos?
–Hay que estar pendientes de que se cumpla el ordenamiento de garantizar los derechos de las audiencias. Es un tema al alcance de la reforma y que incluimos aquí en el Senado. Los ciudadanos deben demandar información de mejor calidad, internet libre, que no es lo mismo que internet gratuito, y también cuidar la programación para los niños.
–¿Existen riesgos de que se quieran incorporar mecanismos para el control o censura de las redes sociales?
–Puede surgir la tentación de regular las expresiones de libertad y crítica en las redes sociales. Precisamente en la sesión de la Comisión Permanente firmamos un punto de acuerdo para exigir que se dé marcha atrás a la iniciativa de Nuevo León que pretende censurar Twitter y otras redes. Nada más incongruente: justo el día en que se promulga la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, en Nuevo León los legisladores quieren meter candados al libre flujo en redes sociales. Debemos blindarnos ante todas estas tentaciones de censura y hay que cuidar que internet no sólo sea mejor, sino libre.
–Otro tema espinoso es el de las violaciones a los derechos de intimidad y privacidad en redes sociales, a través del espionaje, como acaba de documentarse en Estados Unidos. ¿Qué se hará en México para que esto no suceda?
–Así como pugnamos para que no exista censura, también tenemos que defender la privacidad e intimidad. Necesitamos armonizar ambos derechos hasta donde sea posible. Nosotros lo intentamos en la Ley de Acceso y Protección de Datos Personales en el Distrito Federal. No debemos frenar el proceso de avance tecnológico y de comunicación a través de Facebook o de Twitter, pero hay que darles también una personalidad jurídica a estos nuevos fenómenos.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1911 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
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