FUENTE: PROCESO.
MÉXICO, D.F. (apro).- Sin salir aún de la crisis generada por el caso Tepito, el mandatario capitalino Miguel Ángel Mancera Espinosa, enfrenta un nuevo problema: la supuesta detención ilegal de presuntos anarquistas que participaron en la trifulca de ayer, durante la marcha conmemorativa del “Halconazo”.
Resguardados por aproximadamente 300 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPDF), familiares y amigos de los detenidos realizaron este martes una marcha hacia el Palacio del Ayuntamiento para exigir a Mancera la liberación de los jóvenes.
Según los inconformes, las detenciones de ayer fueron similares a las del 1 de diciembre pasado, y sostuvieron que aunque la Procuraduría General de Justicia (PGJDF) y la Comisión de Derechos Humanos (CDHDF) afirman que son 22 los detenidos, la Liga 1 de Diciembre, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y el Comité Cerezo México difundieron una lista con 27 jóvenes arrestados por la policía.
Esta tarde personal de la Secretaría de Gobierno de la ciudad recibió a una comisión, mientras y el resto de los manifestantes regresaba a la agencia 50 del Ministerio Público, donde mañana se definirá la situación legal de los detenidos.
El secretario de Gobierno, Héctor Serrano, aseguró que suman 22 las personas detenidas el lunes 10 –entre ellas un menor de edad–, y se tienen identificadas a ocho más que participaron en los desmanes pero se encuentran libres.
Se trata, dijo, de un “grupúsculo” que actuó de forma violenta y lesionó a dos trabajadores de la dependencia a su cargo. No obstante, agregó, será la PGJDF la que determine si se procederá legalmente contra esas personas.
De acuerdo con Serrano, las autoridades detectaron que varios de los sujetos detenidos ya han generado problemas en otras protestas.
“Hemos detectado que algunos de ellos prácticamente se dedican a participar en este tipo de marchas, tratan de vincularse a las marchas que normalmente transitan en paz, sin complicaciones, y tratan de generar este tipo de problemas”, puntualizó.
Luego de reunirse con comerciantes, empresarios, hoteleros y restauranteros de la Zona Rosa, así como autoridades de la delegación Cuauhtémoc, el funcionario local se comprometió a presentar “pruebas contundentes” que exhiban la participación de los detenidos y los otros ocho que fueron identificados.
Por su parte, el procurador Rodolfo Ríos garantizó que no volverá a suceder lo mismo que el pasado 1 de diciembre, cuando se consignó con un mismo expediente a todos los arrestados.
No se violarán los derechos humanos de los detenidos y únicamente serán consignados quienes, con pruebas de por medio, hayan participado en la agresión, aseguró.
“Tengan la certeza de que si de alguna persona no hay evidencia de que participó en algún hecho delictivo el día de ayer, será puesta en libertad”, sostuvo.
En cuanto a los cargos por los que podrían ser acusados los presuntos responsables, refirió que sería por ataque a las vías de comunicación, ataques a la autoridad y, en su caso, lesiones y robo, ya que dos empleados de la Secretaría de Gobierno fueron robados y hubo daños a un edificio del PRI.
Además, dijo que la autoridad está a la espera de que la tienda de conveniencia que también fue dañada interponga su denuncia.
Detenciones ilegales
En conferencia de prensa en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, familiares y abogados de las personas detenidas ayer, durante la movilización para conmemorar la represión del 10 de junio de 1971, denunciaron detenciones ilegales, por parte de policías vestidos de civil, en sitios distintos a las zonas de los disturbios, así como abusos físicos e incomunicación de los jóvenes arrestados.
Asimismo, presentaron una lista de 27 personas detenidas, dos de ellas menores de edad.
Miguel Méndez y Jenny Godínez, miembros de la Liga de Abogados 1 de Diciembre, advirtieron que el operativo policiaco realizado por efectivos de la SSPDF tuvo el mismo “modus operandi” que el del 1 de diciembre de 2012, cuando Enrique Peña Nieto tomó posesión como presidente de la República, y denunciaron que hasta el mediodía de este martes ni los defensores ni los familiares habían tenido acceso a los detenidos.
Méndez explicó que la lista de 27 detenidos fue elaborada con información que proporcionaron los padres de familia que se acercaron al colectivo de abogados, pero no ha podido ser corroborada porque la PGJDF les ha impedido acercarse a ellos.
“Hasta que nos permitan tener contacto con ellos vamos a poder corroborar sus nombres, porque algunos no aparecen como detenidos en la agencia 50, y si al final no aparecen estaríamos hablando de desapariciones forzadas, pero hay que esperar”, manifestó el abogado.
Resaltó que a los jóvenes se les acusa de forma genérica de ataques a la paz pública, ultrajes a la autoridad y lesiones, delitos por los que podrían alcanzar libertad bajo caución, “pero hay que esperar 48 horas para saber si el Ministerio Público decide incluir agravantes en las lesiones”.
Méndez consideró que “la PGJDF va a utilizar la misma estrategia, va a liberar a algunos compañeros cuando concluyan las 48 horas; a otros se les dictará auto de libertad tras la consignación y otros más quedarán bajo proceso con la finalidad de restar fuerza a la movilización social”.
Por su parte, Jenny Godínez explicó que por los testimonios de testigos y algunos más recabados por los familiares que pudieron tener contacto telefónico con algunos detenidos, los arrestos ocurrieron en dos momentos distintos.
“Uno 40 minutos antes de que concluya el mitin y otro una hora después en inmediaciones de Pino Suárez y Regina. No sabemos si entre los 27 hay personas que causaron daños en el edificio del PRI y en un Oxxo, pero de los primeros casos es evidente que no fueron detenidos en flagrancia”, detalló.
Luego de señalar que la Liga de Abogados 1DMX interpuso amparos contra “las detenciones ilegales y las torturas”, Godínez advirtió que una de las irregularidades procesales detectadas es que “el Ministerio Público generalizó los delitos cuando ni siquiera se han tomado las declaraciones de los 28 policías que remitieron a los jóvenes a la agencia 50”.
Madres de los manifestantes detenidos demandaron la renuncia del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, a quien acusaron de instrumentar una política represiva y de criminalización contra la juventud y los movimientos sociales.
Además, denunciaron la falta de atención médica en la agencia 50 a los jóvenes que resultaron heridos por los golpes que les propinaron los policías capitalinos, y la prohibición para entregarles analgésicos y medicamentos a quienes sufren enfermedades crónicas como asma.
Durante la conferencia de prensa revelaron los nombres de 25 de los 27 detenidos y se reservaron los datos de los dos menores de edad.
Hicieron énfasis en el arresto de Sergio Abraham Méndez Moissen, estudiante destacado de doctorado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien además recibió el apoyo de académicos de esa institución.
Otros de los detenidos son: Edgar Gonzalo Arredondo González, Nayar Alejandro Osorio Cruz, Juan Esteban Barrera, Eréndira Aller Ferreira, Juan Martín Arancibia Macmad, Nancy Cornejo Cázarez y Jesús Seguero Briseño.
Del Frente Oriente, afirmaron, fueron aprehendidos Luis Barrera Fuentes, Diego Jacob Rodríguez Lara, Carlos Esteban Jiménez, Gabriela Hernández, Fredy Rosete Arizpe y Carlos Vázquez Martínez.
También Job Alejandro Velázquez, Diego Mora, Luis Barrera, Alma Simón, Raúl Antonio González Hernández, Andrés Pérez, Jesús Navarrete, Erik Navarro Estrada, Iván Mondragón Piedra, Raúl González Hernández y una persona identificada sólo como Martín. (Con información de Gloria Leticia Díaz)
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