Núñez Jiménez apuntó que existen denuncias relacionadas con cuestiones estrictamente locales sobre el desvío de recursos en la pasada gestión encabezada por Andrés Granier Melo.
Para ello, aseguró que existen todas las garantías de seguridad para el ex mandatario ante el señalamiento de que ha recibido amenazas por parte del crimen organizado.
Entrevistado vía telefónica en el programa de radio local "Telerreportaje", admitió que si es arraigado no podría venir a Tabasco a declarar, pero tendía la opción de hacerlo bajo tres escenarios.
"Bajo el supuesto de que al terminar el arraigo no tuviera una orden de aprehensión; dos, no lo arraigaran y tres, en ese momento tendría que comparecer y se solicitaría a la procuraduría (General de la República) que nos ayudara a presentarlo como ocurrió con el ex secretario de Finanzas (José Sáiz Pineda)".
Mencionó que esencialmente no hay diferencia entre los delitos por los que se acusa a Granier Melo tanto en la Procuraduría General de la República (PGR) como en la PGJE.
"Hay delitos de partida, peculado, manejo indebido de recursos, pero es probable que la PGR pueda acreditar otros delitos del orden federal y derivado de la capacidad de instituciones de inteligencia financiera de la propia corporación y la de la Secretaría de Hacienda", explicó.
Núñez Jiménez apuntó que existen denuncias relacionadas con cuestiones estrictamente locales sobre el desvío de recursos en la pasada gestión encabezada por Andrés Granier Melo.
"Seguramente en la medida que estén maduras las averiguaciones se podrá proceder", precisó.
Señaló que hoy se está frente a la denuncia emblemática sobre el destino de mil 900 millones de pesos de recursos federales entregados para programas en el estado.
De ese monto, recordó, mil 200 millones eran para el sector salud, que estuvo a punto de ver paralizado los hospitales en diciembre pasado por falta de materiales y pagos a personal.
Ante la acusación de Granier Melo de ser objeto de una persecución por parte del gobierno estatal, aclaró que no litigará en medios de comunicación y en todo caso el ex mandatario tendría que probar diferentes acusaciones.
"Tendría que probar que no hay desfalco, que no hay una cuenta concentradora, que no hubo retiro de efectivo de una cuenta en Bancomer, desviación de recursos y que el dinero llegó oportunamente a programas previstos", señaló.
Núñez Jiménez refirió que hubiese querido una "alternancia de terciopelo" y trabajar en la reconciliación de los tabasqueños, algo que ha logrado en la medida de lo posible dentro del Pacto por Tabasco.
Resaltó que ha encontrado buena respuesta de los partidos políticos y un entendimiento entre el PRI y PRD que no había ocurrido en los últimos 23 años, por lo cual no podría manejar un doble discurso de entendimiento por un lado y campañas antipartido por el otro.
"Esto no es un asunto de partidos, sino de honestidad o deshonestidad en los recursos", subrayó el gobernador.
Sobre la estancia del ex tesorero José Sáiz Pineda en el Centro de Readaptación Social del Estado, expuso que no está en el área de la delincuencia organizada, sino donde van ex servidores públicos y ex policías.
"En ese sentido es que tiene un trato diferenciado respecto de reos peligrosos del fuero común o federal. Pero ninguna otra cosa que significara un privilegio o una canonjía, pero cuidamos de su seguridad", mencionó.
En cuanto a la revelación de que su director de Relaciones Públicas, Miguel Bosch, aparece como socio de Granier Melo en una empresa inmobiliaria, dijo que el funcionario le comentó que se trataba de cuatro casas que un grupo de inversionistas, encabezado por Javier Madrazo, hicieron en 1987 en Cancún.
"Hace 26 años y me dice que incluso la empresa no opera desde 2000, que él salió de la empresa a raíz de que se construyeron las casas, pero será el propio Miguel Bosch quien aclare este tema", anotó.
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