El ex gobernador de Tabasco pidió al procurador Jesús Murillo Karam que cese la intervención de su dependencia en su contra.
“Señor procurador: no se trata aquí de ganar el caso de un abogado ni de derrotar a la defensa, si se ejecuta esta medida cautelar con la participación de las autoridades federalesen las condiciones dadas hasta este día, en realidad se derrota a la dignidad del hombre“, aseguró el ex mandatario.
En su oportunidad, el abogado del ex gobernador priista, Eduardo Luengo Creel, comentó que el arraigo es, de origen, “improcedente y contrario a derecho”, pues la orden proviene de un impartidor de justicia que tiene su jurisdicción y ámbito de competencia en Tabasco, cuando Granier es habitante del Distrito Federal.
El pasado 14 de junio, la PGR dio cumplimiento a un arraigo de 30 días gestionado por laProcuraduría de Justicia de Tabasco (PGJDF), dependencia que investiga al ex mandatario por peculado, desvío de recursos públicos y ejercicio indebido del servicio público.
“Las autoridades ministeriales y jurisdiccionales del estado del Tabasco deben corregir sus actuaciones. En principio deben dejar a un lado el propósito manifiesto de que la PGR quede subordinada a sus propósitos, incluso si son legítimos. Respetar los principios en que se sustenta el nuevo sistema penal, les impide, como lo hacen ahora, invadir inconstitucionalmente ámbitos de actuación de las autoridades federativas y las del Distrito Federal, en su caso”, menciona la carta enviada al procurador.
Luengo Creel destacó que la misiva advierte que de continuar la ejecución del arraigo por parte de la PGR, se seguirán violando las garantías del ex mandatario, así como los principios fundamentales del Derecho y la esencia misma de las instituciones democráticas.
La figura del arraigo, agrega, “no sólo ha sido censurada por la ONU y otros organismos de carácter internacional, sino que es una condición propicia para humillar la dignidad humana, desprestigiar y torturar”.
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