AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.
El turbio caso del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, es emblemático de la impunidad que impera en México. Cuatro años del “accidente” han transcurrido y, apenas, un balbuciente gobierno federal vuelve a prometer lo mismo que la administración calderonista: justicia. Las nuevas tesis de un grupo de padres afectados son implacables: el siniestro fue “provocado”, y ello ocurrió por causa de la corrupción.
Durante todo este tiempo los papás de los niños muertos y afectados por el incendio de la guardería de Hermosillo, Sonora, han buscado con marchas, mítines, juicios populares, demandas, cartas, entrevistas y hasta con peticiones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se investigue y se castigue a los responsables del hecho.
Hasta el momento, sin embargo, no se ha logrado nada. De las 29 personas procesadas por su presunta responsabilidad, sólo Delia Irene Botello Amante, excoordinadora zonal de Guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), permanece presa en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Hermosillo, porque no tiene derecho a fianza.
Ahora existe una nueva línea de investigación, basada en una sospecha que se manejó entre los padres de los niños de la guardería desde el principio y que ya sigue la Procuraduría General de la República (PGR), la cual apunta a la responsabilidad del exgobernador Eduardo Bours Castello.
De acuerdo con el documento entregado a la PGR por la agrupación Manos Unidas por Nuestros Niños, el incendio en la bodega aledaña a la guardería ABC que servía de almacén de la Secretaría de Hacienda estatal “fue intencional” y fue ordenado por funcionarios del gobierno de Bours.
Con base en la investigación que hizo este grupo, integrado por padres de los infantes fallecidos y lesionados, el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 “no se trató de un hecho accidental ni fortuito”, sino que fue “ordenado y dirigido” por Juan Carlos Lam Félix, quien se desempeñaba como secretario técnico del poder ejecutivo local en el gobierno de Bours.
Según el documento, cuya copia tiene Proceso y el cual fue entregado al procurador general de la República Jesús Murillo Karam el 17 de abril, el siniestro tuvo como propósito “destruir información documental relacionada con la deuda de $ 10, 000,000,000.00 (Diez mil millones de pesos) generada en ese sexenio por el Plan Sonora Proyecta, que fue el principal programa de obras de ese gobierno”.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1910 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
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