“La Corte y las oportunidades perdidas”

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR FUENTE: MIGUEL PULIDO.

El director de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, reflexiona en este artículo sobre la resolución del pleno de la Suprema Corte, que esta semana se pronunció en contra de reconocer el derecho ciudadano a conocer el contenido de las declaraciones patrimoniales de legisladores y funcionarios. "Es desalentador para la lucha ciudadana por la transparencia", afirma.

“La Corte y las oportunidades perdidas”

Por Miguel Pulido Jiménez

Entre las cosas que más pesan en la vida está la sensación de las oportunidades perdidas. En extremos incontrolados resulta paralizante. La paradoja es que se trata de prescindir de aquello que aún no se tiene. Cuando las expectativas son muy altas, el vacío que produce puede obnibular y la frustración nos lleva a análisis binarios, radicales, de blanco y negro. Se trata de una sensación que se experimenta en muchas esferas de la vida, entre ellas el ámbito profesional. Desconozco si ésta es una sensación común entre quienes se dedican al litigio, pero lo cierto es que yo la comparto con el equipo de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

Lo anterior viene a cuento por una resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día de ayer. Derivado de un caso que llevamos, las y los señores Ministros discutieron durante tres sesiones sobre la posibilidad de declarar que es contrario a la Constitución negar a la ciudadanía la posibilidad de conocer las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de los integrantes de la Cámara de Diputados.

El caso tiene muchas aristas y complicaciones. Una de ellas está relacionada con los ejercicios de rendición de cuentas a los que tendrían que estar obligados los servidores públicos. También guarda relación con la noción de interés público y cuándo ésta se convierte en una razón legítima para reducir o reconfigurar temas como vida privada o datos personales. Una arista más está directamente relacionada con los mecanismos de carácter preventivo para combatir la corrupción.

Algunos consideramos que los problemas generados por la ausencia de rendición de cuentas, la corrupción y la falta de probidad en la vida pública son muy importantes como para dejarlos solo en manos de los políticos y de las instituciones. La corrupción no es solo un asunto moral, de fiscalización o de descrédito político. Es algo realmente serio. Mata. Arrebata ilusiones y oportunidades. De hecho, tiene consecuencias más graves y nocivas para las poblaciones en situación de desventaja social o económica o desposeídas de poder político.

Bajo este orden de ideas, consideramos que cualquier pequeña contribución a combatirla resulta indispensable, casi de carácter urgente e insustituible. La fiscalización ciudadana y el control social son de este último corte. Fueron estas las razones que nos llevaron en Fundar a solicitar las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de las y los señores diputados y que dieron lugar al caso que vengo comentando. Por ello hicimos solicitudes de acceso a la información, ejercimos el derecho de petición y preparamos distintos documentos con razones y argumentos que fueron entregados a diversas autoridades. Ante la falta de resultados, decidimos salir del galimatías de la burocracia legislativa para recorrer los vericuetos del Poder Judicial, hasta llegar ante el Máximo Tribunal.

Finalmente ayer la Corte se pronunció sobre el tema. El resultado fue adverso a nuestra causa. Por tal razón, resulta casi imposible no sentirlo desalentador para la lucha ciudadana por la transparencia. Seis de los Ministros consideran que no hay razones de interés público para vencer la reserva de cierta información, aún cuando la Constitución lo permite. Sus argumentos son variados, niegan la importancia del derecho de la sociedad a fiscalizar a sus gobernantes, defienden la esfera privada del servidor público como si no tuviera consideraciones especiales o minimizan en extremo el valor orientador del derecho internacional y de las experiencias comparadas. Los cinco restantes dividieron sus opiniones, pero en general expresaron estar de acuerdo en que es viable divulgar la información patrimonial bajo ciertas restricciones. Esta votación dividida es en parte una pulsión de la diversidad de opiniones sobre el tema, pero también reflejo de cómo cuánto nos cuesta en México avanzar de forma balanceada en los debates sobre interés público.

Pongo un ejemplo. Nuestra sociedad se está acostumbrando a sufrir serias restricciones en sus libertades y derechos en aras de expectativas como la seguridad o la promesa de crecimiento económico. Vamos dejando que invadan la esfera íntima de millones de personas y somos incapaces de frenar el avance de un Estado policial transgresor de la privacidad. Trístemente, en cambio, no nos hemos dado la oportunidad de explorar medidas razonables para combatir la corrupción, simplemente porque generan incomodidad en la clase política.

Dicho sin matices innecesarios, la votación de la Suprema Corte duele porque es una oportunidad perdida. Pero conviene aclarar que no se trata de una de esos casos paralizantes o que obnubilan, sino de los que motivan a seguir buscando formas de dar el debate, que subrayan la importancia de cambiar las consideraciones sobre lo público. Se perdió la oportunidad, pero no nuestra convicción de que se puede avanzar en el tema.