AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.
Dos décadas después, sobre todo a partir de la declaración de la guerra contra el narcotráfico, este fenómeno se ha incrementado gravemente al punto de que los registros oficiales hablan de 26 mil casos, aunque el número podría ser mayor porque una buena parte no se denuncia por temor.
A partir de 1997 la agrupación Human Rights Watch comenzó a señalar las desapariciones forzadas en el norte de México. En ese año, el estado con mayor número de casos era Baja California, pronto siguieron sus pasos Chihuahua y Tamaulipas, y luego Coahuila, Veracruz, Guerrero, Nuevo León, Morelos y Michoacán.
En algunos de estos estados, las leyes que establecían el tiempo para declarar a una persona como desaparecida fueron cambiadas en un intento de alargar ese periodo y de esa manera diluir el espinoso problema que ya tenía, con el aumento de casos y las demandas de miles de familias por encontrar a sus seres queridos.
Algunos de los casos de desapariciones eran de gente especializada en oficios o profesiones que interesaban especialmente a los grupos del crimen organizado. Se trata de electricistas, albañiles, ingenieros civiles, arquitectos, albañiles, campesinos, químicos, médicos y técnicos en cibernética, a los cuales ponían a trabajar en sus campos, laboratorios y centros de producción.
A pesar de las miles de denuncias expuestas en organizaciones nacionales e internacionales, la oleada de desapariciones forzadas ha continuado tomando nuevos perfiles y nuevos rumbos.
Ya no se trata ahora de gente especializada en algún oficio, ahora son grupos de campesinos, migrantes y muchos jóvenes que son extorsionados u obligados a trabajar bajo sus órdenes.
Tampoco se ha centralizado en algunos estados. Otras regiones del país ya sufren este problema, una de ellas la ciudad de México y los municipios colindantes del Estado de México.
La reciente desaparición de los jóvenes de Tepito en el bar de la Zona Rosa y los otros cinco del bar en la colonia 18 de marzo al norte de la ciudad de México, son dos casos que se han denunciado públicamente y que muestran que este fenómeno que va aparejado con el empoderamiento del crimen organizado no se detiene.
Es casi seguro que hay más desapariciones forzadas en el Distrito federal y el Valle de México que hasta el momento no han sido denunciadas o hechas públicas. Pero es evidente que distintas bandas del crimen organizado están operando en toda esta enorme mancha urbana que potencialmente representa el mercado de consumo más atractivo del país porque la mayor parte de la población es joven.
Paradójicamente, las autoridades capitalinas y mexiquenses están más preocupadas por aparentar que tienen controlada la situación y que el crimen organizado no está instalado en la sede del poder federal.
Pero las evidencias muestran lo contrario: colonias y barrios como Tepito, Iztapalapa, Ecatepec, Cuautepec El Alto, San Felipe, Tacuba, Atizapán, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, entre otras, están controladas por distintos grupos. Otros más se dedican a dominar el mercado de consumo en bares y restaurantes de colonias, como Condesa, Roma, Centro, Aragón, Anáhuac, Morelos, Doctores y Juárez, bajo la mirada complaciente o corrupta de las autoridades.
Las desapariciones que se han registrado en la ciudad de México no son casos aislados como las autoridades pretenden hacer ver, son parte de un fenómeno nacional que no ha podido ser detenido por una simple razón, por la incapacidad que los tres niveles de gobierno han mostrado para combatir al crimen organizado y la impunidad que reina en todas las instancias de seguridad y procuración de justicia.
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