En su cuenta de Twitter, el excandidato presidencial aseguró que Peña Nieto le pidió al procurador general de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, que procure la impunidad de Granier Melo, quien se negó a comparecer ante el Ministerio Público el pasado 30 de mayo porque, según su abogado, no estaba “legalmente citado”.
De acuerdo con López Obrador, el Ejecutivo también instruyó al presidente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, a deslindarse del caso que implica al exmandatario como responsable del desfalco financiero de Tabasco y el hallazgo de 88.5 millones de pesos en una propiedad.
“@lopezobrador_: EPN mandó a Camacho del PRI a deslindarse de Granier, pero ha instruido a Murillo Karam que procure su impunidad. No funcionará la treta” (sic), escribió el exjefe de Gobierno del Distrito Federal.
En relación con ese asunto, el diario Milenio le da voz en su edición de este lunes al exsecretario de Finanzas de Tabasco, José Manuel Saiz Pineda, a quien se le acredita la propiedad de los 88.5 millones de pesos encontrados en un inmueble de un familiar de su contadora y secretaria, Marlis Cupil.
De acuerdo con Saiz Pineda, las acusaciones en su contra es “un burdo montaje” del actual mandatario, Arturo Núñez, y adelantó que se defenderá “con la ley en la mano y aportando todas las pruebas de las acusaciones que en mi contra hace la actual administración de Tabasco y que carecen de sustento jurídico y financiero.”
El exfuncionario defendió también a Granier Melo al rechazar que su administración hubiera dejado en quiebra financiera a la entidad, y acusó a Núñez de inventar cifras del endeudamiento estatal con fines mediáticos.
El exfuncionario estatal sostuvo que la Secretaría de Hacienda sabe que cada peso ingresado a las arcas del gobierno tabasqueño entre 2007 y 2012 fue ejercido con soporte documental amplio y suficiente.
“¿Usted cree que Hacienda iba a permitir un faltante de mil 918 millones 597 mil 977 pesos? Además, hay documentos oficiales, elaborados por el gobierno actual, que dan cuenta de las cifras reales, no inventadas o diseñadas con fines mediáticos”, puntualizó.
Como responsable de las finanzas públicas de Tabasco en la pasada administración, Saiz Pineda subrayó que las reconocidas certificadoras internacionales Fitch Ratings y Moody’s no hallaron ninguna anomalía en las cuentas.
Aseguró que el monto real de los adeudos del gobierno estatal al 31 de diciembre de 2012 era de 8 mil 799 millones de pesos, como lo registra un documento elaborado por quienes hoy lo acusan de desfalco. “Fueron ellos quienes lo revisaron y lo presentaron en tiempo y forma al Congreso”, apuntó.
Precisó que la referida cifra incluye la deuda a largo plazo y otros adeudos, y no solo lo que oficialmente se considera deuda pública y que la Secretaría de Hacienda reporta en sus informes.
Detalló que los créditos a largo plazo con bancos comerciales ascendían a 4 mil 440 millones de pesos al término de la administración de Granier, mientras la deuda con Banobras era de 2 mil 47 millones, de los cuales el gobierno de Núñez no pagaría más que intereses, porque corresponde al gobierno federal amortizar el capital.
Adicionalmente, los pasivos a corto plazo de proveedores, acreedores diversos y ajustes de participaciones federales, detalló, sumaban mil 564 millones de pesos, más 129 millones por concepto de impuestos por pagar y retenciones del ISR, así como 53 millones de pesos en el renglón de fianzas.
“Esas cifras son comprobables, tengo los elementos probatorios suficientes para aclarar las cosas, y además nadie de mi equipo de trabajo en la Secretaría (de Finanzas) fue requerido para hacer aclaraciones o para ofrecer explicaciones adicionales. Evidentemente no les interesa. Yo mismo estuve dispuesto y atento a comparecer desde el inicio del problema, pero no recibí ninguna llamada”, dijo.
El exsecretario insistió así en que “la administración estatal no se encontraba en quiebra financiera (al momento de entregarla a Núñez) y existen todos los soportes documentales para comprobarlo”.
De los 88 millones de pesos en efectivo presuntamente encontrados en pasado 22 de mayo en un inmueble del padre de su secretaria en SCP, dijo:
“Ni es mío ese dinero, ni es cierta la afirmación del procurador (Fernando) Valenzuela. Es muy grave que las autoridades de Tabasco recurran al montaje y siembra de pruebas falsas, pero es más grave aún que estén llegando al extremo de recurrir a la tortura como el caso de la señora Marlis Cupil, quien ha acreditado los daños sufridos en su persona, así como las amenazas y presiones recibidas por personal de la procuraduría para incriminarme mediante confesiones absurdas”, insistió.
Demandó por ello al gobernador Núñez y al procurador Valenzuela a que ciñan su actuación a la justicia y al respeto a las leyes que ellos, más que nadie, están obligados a prodigar.
“Le exijo al gobernador Núñez y al procurador Valenzuela que aclaren el origen de ese dinero. Exijo y seguiré exigiendo justicia y respeto a las leyes. Espero que recapaciten y actúen en consecuencia, y de lo contrario, confío en que la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos aclaren y sancionen debidamente el infundio y los abusos”.
Según el exsecretario de Finanzas, en Tabasco no existen garantías para un proceso justo, pues a su juicio tanto la procuración como la impartición de justicia en la entidad están subordinadas a las indicaciones políticas de Arturo Núñez y “de quien él mismo llama su jefe, (Andrés Manuel) López Obrador”.
No obstante, Saiz Pineda aseguró tener los elementos probatorios suficientes para responder a las imputaciones en su contra e insistió en que existe un manejo tendencioso de la información financiera en el estado.
“En lo inmediato, espero que impere la justicia, que termine la estrategia de persecución y linchamiento, que se verifiquen las cifras que dejamos, los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de las calificadoras, pues ahí está la verdad, y no la que dice Arturo Núñez”, puntualizó.
En su edición 1908 del pasado 26 de mayo, la revista Proceso publicó una nota titulada “Tabasco, la trama del saqueo”, en la que da cuenta de cómo Ganier aprovechó la solidaridad por las inundaciones de 2007 para socorrer sus propios bolsillos y los de sus socios.
La incautación de casi 90 millones de pesos en efectivo por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), dice la nota, sólo jaló un hilo de la trama del exgobernador Andrés Rafael Granier Melo y su exsecretario de Finanzas, José Manuel Saiz Pineda, para saquear las arcas del estado… una ingeniería corrupta de la que Proceso dio cuenta en diversos reportajes (ediciones 1891, 1887 y 1884).
De acuerdo con la PGJE, dos hombres son clave para armar el expediente que lleve a la cárcel al exmandatario y principales saqueadores. Se trata de Martín Alberto Medina Sonda y Abraham Cupil Córdova. El primero, un empresario yucateco que es socio y operador financiero de los negocios de Saiz Pineda; el segundo, padre de Marlis Cupil López, secretaria del mismo exfuncionario.
El dinero –88 millones 560 mil 134 pesos– fue hallado en una casa de dos plantas donde está la refaccionaria Jomeli, en la calle Mario Trujillo García número 225, ejido Lomitas del municipio de Nacajuca, unos 15 kilómetros al norte de Tabasco. Lo guardaban en cinco cajas de cartón.
El inmueble es propiedad de Abraham Cupil Córdova, padre de Marlis Cupil López, secretaria de Saiz Pineda en la firma Patrimonium Asesores Fiscales (SCP). Este despacho, del que es socio Medina Sonda, se ubica en la calle Andrés Sánchez Magallanes 1113, del centro de Villahermosa. Al catearlo, la PGJE halló “abundantes” documentos contables del gobierno de Granier Melo.
La refaccionaria es propiedad de Abraham Cupil López, hermano de Marlis e hijo de don Abraham Cupil, conocido en la comunidad como vendedor de agua de garrafón.
La dirección de la refaccionaria Jomeli es la misma que proporcionó Cupil Córdova para adquirir la empresa Suministros del Carmen, SA de CV, que en abril de 2008 compró 160 hectáreas a 500 mil pesos cada una e inmediatamente la revendió al Instituto de Vivienda de Tabasco (Invitab) a un millón 400 mil pesos la hectárea, con lo que ganó más de 140 millones de pesos.
El entonces diputado federal del PRD y ahora senador Adán Augusto López Hernández denunció estos hechos en octubre de 2008 y presentó una demanda penal ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Al legislador le pareció inexplicable que Cupil Córdova, “humilde vendedor de agua”, y José Alberto de la Rosa Santamaría, dependiente de una tienda, compraran Suministros del Carmen y, de inmediato, invirtieran cerca de 100 millones para comprar los terrenos que revendieron al Invitab, con una ganancia de 900 mil pesos por hectárea.
Suministros del Carmen, fundada en 1997 en Campeche, estaba quebrada. Su capital contable era de apenas 250 mil pesos y ya no podía pagar sus deudas.
Tras la histórica inundación de finales de 2007, el entonces presidente Felipe Calderón ordenó a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) que entregara 350 millones de pesos al gobierno de Andrés Granier para la compra de terrenos y la construcción de 2 mil 500 viviendas para los damnificados.
Esta información privilegiada fue aprovechada por Saiz Pineda para operar el negocio a través de su socio Martín Medina Sonda, quien mediante su empresa Triton Holding, SA de CV le dio a Suministros del Carmen el dinero necesario para comprar los terrenos.
El diputado López Hernández presentó demanda contra Saiz Pineda y quienes encabezaban la Secretaría Asentamientos y Obras Públicas, Héctor López Peralta; la Contraloría, Roger Pérez Evóli, y el Invitab, Ariel Cetina Bertruy. Los acusó de evasión fiscal, ejercicio abusivo de funciones, fraude, lavado de dinero y tráfico de influencias.
También señaló formalmente a Abraham Cupil Córdova y José Alberto de la Rosa Santamaría, los “dueños” de Suministros del Carmen, empresa en la que también figura como socio Antonio Espinosa de los Monteros.
Éste, amigo y protegido de Granier, le rentaba camionetas blindadas al gobierno estatal, distribuía despensas a través de su Abarrotera Monterrey y combustibles en su consorcio gasolinero Lemon, con más de 15 estaciones de servicio en la entidad. De los Monteros posee otros negocios, como el lujoso gimnasio Sport City de Villahermosa, que será demolido tras un largo litigio judicial por el uso del suelo.
Pero la demanda del legislador perredista fue congelada por la PGR y no se supo en qué quedaron las investigaciones.
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