Desde el penal de Santa Martha, Alberto Pathistán afirma que en su juicio no revisaron sus pruebas ni oyeron a sus testigos; activistas exigen su liberación.
Alberto Patishtán fue acusado en el año 2000 de emboscar y asesinar a siete policías estatales y municipales y actualmente se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social número 5 de San Cristóbal de las Casas, donde además enfrenta una sentencia por los delitos de portación de armas exclusivas del Ejército, homicidio calificado, lesiones, robo y delincuencia organizada.
En entrevista con Carmen Aristegui en CNN en español, el abogado del indígena tzetzal, Leonel Rivero habló de la manipulación del sistema de justicia y explicó que este caso evidencia la falla estructural al debido proceso, pues las violaciones ocurrieron desde la detención, arraigo, proceso y sentencia que se confirmó cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el caso y lo trasladó a un tribunal colegiado.
La detención de Alberto Patishtán se dio en el año 2000 en el contexto demovimiento zapatista en Chiapas tras un evento llamado “La masacre del bosque” y donde tal parece que la justicia se da para algunos sectores y para otros es denegada, comentó Rivero.
En enlace telefónico desde el penal de San Cristóbal de las Casas, el propio Alberto Patishtán relató que desde que fue detenido hace 13 años lo que ha hecho es resistir y que comentó que fue detenido por defender a sus amigos indígenas, así como defender a sus hermanos.
“Presenté testigos que no se tomaron en cuenta… en mi proceso no tomaron en cuenta mis pruebas y fueron violados mis derechos”, dijo Patishtán.
El indígena tzetzal afirmó que en la razón de que esté encarcelado es porque en la emboscada fue afectado el hijo del entonces presidente municipal, y fue éste quien utilizó ese hecho para terminar con el movimiento social en su contra por parte de los pobladores de la región donde Alberto participaba.
En relación al tema jurídico, el abogado Leonel Rivero sostuvo que a principios del año 2000, la Corte decidió promover esos casos a los tribunales colegiados cuando ya había aceptado la petición de atraer el caso a través de la ministra Olga Sánchez Cordero.
El abogado explicó que a pesar de que la ministra ya había trabajado un proyecto de resolución, la Corte decidió reasignar la competencia del caso bajo los argumentos de que la defensa pidió reabrir el caso, revalorar las pruebas y no encontrar similitudes con el caso Acteal.
“Cuando la Corte hace ese razonamiento hace evidente el fondo del tema y eso es la falla estructural del sistema de justicia”, dijo el abogado.
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