Se trata de Eduardo Ramírez Vallejo, quien hasta hace poco fungía como secretario particular de Toledo, cuya gestión ha estado marcada por los escándalos de corrupción desde un principio.
El exfuncionario delegacional fue detenido y consignado en el Reclusorio Preventivo Oriente, acusado del presunto delito de cohecho.
El caso data de abril pasado, cuando el empresario Manuel Dacosta denunció públicamente que Ramírez Vallejo le pidió, a nombre del delegado, 3 millones de pesos para reabrir una gasolinera ubicada en avenida Escuela Naval Militar, colonia San Francisco Culhuacán, que fue clausurada hace cinco años.
Ramírez Vallejo admitió que habló de una “mordida” con Dacosta, pero que luego renunció a su cargo.
Este martes, al salir de su casa en la colonia Santa Úrsula, elementos de la Policía de Investigación presentaron al exfuncionario una orden de aprehensión y lo trasladaron en patrulla al reclusorio.
Durante el traslado, Ramírez Vallejo dijo vía telefónica a distintos medios que tenía una orden de aprehensión vigente, y que el lunes pasado se presentó a declarar y no lo dejaron, porque, añadió, ya iban a aplicar la orden de aprehensión.
“Me están llevando sin motivos. El empresario se desistió de la acusación. Me están acusando de cohecho. Me llevan al Oriente. No puedo hablar más”, apuntó.
El pasado viernes 14 la Fiscalía de Servidores Públicos consignó el expediente de Ramírez Vallejo al Juzgado 50 Penal y solicitó la orden de detención en su contra, misma que le fue otorgada.
El delito que se le imputa es considerado grave por el Código Penal, por lo que no tendrá el beneficio de la libertad bajo fianza.
Tras haber hecho público el intento de extorsión, Dacosta reconoció que acudió a la delegación Coyoacán, a invitación del director Jurídico y de Gobierno de la demarcación, Francisco Mendoza, para que se revisara la documentación de su negocio. Admitió que todo estaba en regla y que no procedería contra Ramírez Vallejo.
“No voy a proceder (penalmente) porque ya se me atendió y ya se me dio solución. Yo tengo los papeles que acreditan que mi negocio no tiene ningún problema”, dijo entonces el empresario.
La gasolinera El Calerón fue clausurada por las autoridades capitalinas debido a anomalías en el uso de suelo y porque se encuentra cerca de un pozo.
Cuando se retiraron los tanques de almacenamiento de combustible se hallaron restos de gasolina, por lo que las autoridades realizan estudios para determinar si se filtró al subsuelo.
En febrero pasado, el propio jefe delegacional, Mauricio Toledo, quien pertenece a la corriente de Los Chuchos, fue acusado de exigir un soborno de 1.6 millones de pesos a cambio de no clausurar una construcción, según denunció el abogado Rodolfo Reus.
La petición se hizo a través del servicio de mensajería instantánea de BlackBerry, según dio a conocer en su momento el diario Reforma. Toledo –con número de PIN 28C73C6D– reclamaba dinero a Rodolfo Reus, representante legal de la Inmobiliaria EGZN Arquitectura, para no clausurar la construcción del condominio Torre Céfiro, con 120 departamentos en cinco torres, en Céfiro 120, en la Colonia Insurgentes Cuicuilco.
Según reveló Reus, en un principio, el jefe delegacional pidió 800 mil pesos con el argumento de que serían destinados a colocar cámaras de videovigilancia y pintar los edificios que están frente a la torre para evitar posibles quejas vecinales por la construcción.
Sin embargo, el 15 de febrero, el funcionario aseguró, vía BlackBerry Messenger, que no le alcanzaba y exigió que se duplicara la cantidad a 1.6 millones de pesos.
–Voy a necesitar más dinero porque no alcanzo para las obras de la gente, urge para hoy –se lee en el mensaje del jefe delegacional.
–Anda de viaje Gazi (Nacif ) y creo que no se vale, pero tú sabes lo que haces y las consecuencias, creo que no sabes con quién estás abusando –responde a su vez el abogado Reus.
–Dime sí o no, esto es muy fácil –revira Toledo.
–Creo que te estás aprovechando por el tema de las casetas de Internet, yo no le voy a echar a perder su viaje a Gazi con un tema tan delicado y no me has dicho de cuánto hablamos.
–800 mil extras y allí queda –exige el delegado.
La conversación entre Toledo y Reus fue certificada ante el Notario Público 181 del DF, Miguel Soberón Mainero.
Rodolfo Reus anunció días después que se desistirá de toda acción legal en contra del funcionario perredista.
En una carta pública, el representante legal de la Inmobiliaria 3GZN Arquitectura se desdijo de la imputación que hizo –lo acusó de extorsión por 1.6 millones de pesos y de amenazas de muerte–, y adelanta que no concederá entrevistas ni volverá a hablar del tema públicamente.
“Toda vez que la empresa Inmobiliaria 3GZN Arquitectura, S.A. De C.V. no fue objeto de extorsión alguna por parte del gobierno delegacional en Coyoacán, no interpondré denuncia y/o querella penal alguna en contra del señor Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, delegado en Coyoacán.
“En virtud de lo anterior, no volveré a aparecer en medios de comunicación de ninguna índole en relación a este tema ni a tratar el tema públicamente, por lo que en lo personal no me reservo ninguna acción o derecho en contra del señor delegado”, señala el documento.
Tampoco habrá comparecencia o debate en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), como lo solicitó la bancada del PAN el martes pasado. Todo quedó en la aprobación de un punto de acuerdo en el que se solicita a Toledo rendir en un plazo de 48 horas, “un informe detallado” de los hechos.
Dicho informe, según el diputado perredista Víctor Hugo Lobo, obedece a que están obligados a dar certeza a los capitalinos “respecto de la actuación de los encargados de ejecutar acciones en el ámbito delegacional”.
Sin embargo, para Alejandro Robles, también diputado del PRD, la carta enviada por Rodolfo Reus “es clara evidencia de que los diputados (del PAN) Priscila Vera y Edgar Borja mienten. Tanto el empresario como el abogado han negado haber sufrido extorsiones”, dijo.
Ahí quedó el escándalo.
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