La ex titular de la PGR firmó los contratos de 14 sistemas tecnológicos por un monto de 55 millones 405,039 pesos; 2 sistemas pagados que no se entregaron por $14 millones 943,292 pesos; y un sistema operado con sobreprecio por 8 millones 991,400 pesos.
De acuerdo con el diario Reforma, la PGR denunció ante su Órgano Interno de Control (OIC) presuntas irregularidades, como el incumplimiento de diversas cláusulas del contrato, simulación en la entrega de productos y retrasos de parte de La Red Corporativo.
El OIC -que depende de la Función Pública- inició una auditoría sobre el contrato, para verificar si efectivamente esta empresa cuya matriz está radicada en Villahermosa, Tabasco, cometió las anomalías que le imputan.
Según fuentes del gobierno federal informaron a Reforma, la PGR ha impuesto hasta ahora penalizaciones por 530 mil pesos a la proveedora, por diversos retrasos con la entrega de 17 desarrollos de sistemas tecnológicos; además, analiza otro tipo de acciones legales.
Otras de las presuntas irregularidades que indagará el órgano que depende de la SFP es el supuesto sobreprecio del desarrollo de un administrador de datos de la página de internet de la PGR, así como su versión móvil.
Exigen castigo legisladores
Legisladores exigieron castigar a los funcionarios de la PGR que otorgaron contratos para servicios fantasmas por 92 millones de pesos, a finales del sexenio de Felipe Calderón.
Incluso, exigieron que la ex Procuradora Marisela Morales pida licencia a su nuevo cargo como Cónsul en Milán para que responda a las acusaciones sobre su gestión.
“La ex Procuradora debe pedir licencia, regresar a rendir cuentas y transparentar los recursos que tuvo a su cargo… está obligada a dar una explicación de los sistemas que se compraron, por qué se compraron y aclarar cualquier presunta irregularidad administrativa”, manifestó el presidente de la Comisión Anticorrupción del Senado, Pablo Escudero.
El diputado del PRD Fernando Zárate estimó que Morales no se debe mantener como Cónsul.
“Habría que iniciar un juicio político (contra la ex Procuradora) con el objetivo de que se le inhabilitara como servidora pública para desempeñar, por negligencia, por dolo y/o por la comisión de delitos”, dijo el diputado.
Sin embargo, el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, dijo que “de los programas y servicios que quedaron en el aire, a lo mejor es que todavía no se entregan los entregables. Normalmente, en un contrato hay tiempos para cumplir con el contrato y, cuando no es así, se puede presentar una demanda contra el proveedor”.
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