AUTOR: ADRIANA AMEZCUA.
A cuatro años del fatal incendio hay versiones contrastantes de una misma historia. La de los sobrevivientes que han podido curar poco a poco sus quemaduras, y la de los niños muertos, cuyos familiares piden a gritos un único tratamiento para sanar: recibir justicia.
Ella presenció cómo el horror comenzó a materializarse en forma de humo. Algunos niños comenzaron a despertarse, lloraban.
La niña de casi cuatro años de edad alcanzó a escuchar a una maestra que les pedía dirigirse a la puerta, pero estaba sellada. No pudieron salir. Fue así como observó que todo dejó de verse a su alrededor. Hasta ahí recuerda lo que ocurrió ese fatídico día.
Su mamá, Hayde Montoya Pérez, se encontraba en la empresa de valores en donde trabaja desde hacía 16 años. Una vecina le marcó para decirle lo que estaba pasando, y se fue corriendo al lugar.
Poco después se enteró de que más del 50 por ciento del cuerpo de su hija tenía quemaduras: en su cara, su abdomen, su espalda, sus piernas, sus brazos.
Davinia fue de las niñas que por fortuna fue traslada con oportunidad al Hospital Shriners, en Sacramento, California. Llegó ahí sumamente grave, estuvo tres meses en terapia intensiva. Poco a poco fue logrando una recuperación maravillosa.
Luego de la tragedia ha sido sometida a 19 cirugías, quizás más. Su propia madre ya ha perdido la cuenta.
Converso con ella vía telefónica, se encuentran ahora en Estados Unidos. Hace una semana estuvo en Hermosillo; tuvo que venir a México a resolver unos pendientes. Pero ya está de vuelta en Sacramento, pues Davinia ahora trae puesto un expansor:
“Se lo colocan debajo de su piel buena para que genere más piel y así poderle quitar quemadura”, me explica su mamá. Y agrega: “estos procesos suelen llevar entre cuatro y cinco meses”.
Davinia tiene una actitud muy positiva, de fortaleza impresionante. Busca ser feliz. Trata de sacar adelante todo lo que se propone. Toma clases de natación y de gimnasia.
Lo más difícil para ella es afrontar cómo la mira la gente que “no tiene esa cultura de verlos como si no hubiera pasado nada”.
Eso le hace un poco de daño pero aun así siempre mira de frente a todos y les suelta un “Hola”, tratando de desviar la atención sobre su apariencia física.
El apoyo de la familia de Davinia ha sido fundamental. Solo les importa que esté viva y con bienestar. Le dan gracias a Dios que siga aquí y la aceptan tal cual es. Eso ha sido clave para que la pequeña salga adelante.
“Lo mejor que nos ha pasado es que se quede con nosotros”, sostiene la madre soltera que desde que ocurrió la tragedia renunció a todo tipo de actividad personal para estar al cuidado de su hija.
Davinia estos días ha andado muy contenta porque le acaban de reconstruir su ombligo.
“Mira tío, ya tengo ombligo otra vez”, le dijo recientemente a Lorenzo Ramos Félix, el abogado del Movimiento 5 de Junio que lleva su caso, así como el de diversas víctimas de la tragedia que este miércoles cumple el cuarto aniversario.
El apoyo a los niños que se atienden en Sacramento se da con recursos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que les da alojamiento, viáticos y pasajes, para que ahí se trasladen algunos familiares. En total son 20 las familias que ahora se atienden en el Hospital Shriners.
A otros lesionados los ha apoyado el Estado con el sistema de refrigeración en sus hogares y el consumo de electricidad.
Lo más importante en el caso ABC es que muchos padres han sido muy valientes y no les han llegado a ningún precio.
“Ese es su gran mérito: no han cambiado por ninguna moneda su petición de justicia”, asegura el defensor.
La desgastante búsqueda de justicia
Cuando ocurrió la tragedia nadie escatimó esfuerzos para enfrentar el drama que se vivió en Hermosillo, Sonora.
“Ni en el rescate de los niños fallecidos, ni en la atención inmediata de los lesionados”, afirma Lorenzo Ramos.
No obstante, del mismo modo que el jurista reconoce la atención brindada a los lastimados, por lo menos los que él representa, dice que el trato a las familias de los niños fallecidos en la guardería ABC ha sido otro:
“Como no hay niños qué atender, se han desatendido”.
Lo único que se ha limitado el IMSS es a darles terapia sicológica para que enfrenten su situación. Les dan tratamientos que no sirven de nada “porque el mejor tratamiento para un padre o madre que perdió a su hijo o hija es recibir justicia”, comenta.
Lo último que quieren los familiares que están luchando desde hace cuatro años es que les quieran comprar con dinero la justicia que merecen.
Pese a estar conscientes de que tienen derecho a una reparación económica del daño, lo primero que quieren es saber la verdad de lo que ocurrió el 5 de junio de 2009. Y que la justicia sea impartida de acuerdo a la responsabilidad.
Hoy que se cumplen cuatro años de una de las tragedias más terribles que han enlutado a México, las familias de las víctimas continúan denunciando el trato injusto que se ha dado a los responsables del fatal suceso.
Aún con todas las evidencias a la mano, los dueños de la guardería ABC hasta la fecha no han sido tocados. “Nunca los arraigaron… nunca han pisado la cárcel y eso enerva”, dice Ramos a Reporte Indigo.
Enerva tanto como que el hecho de que varios exfuncionarios responsables de la tragedia vivan tan tranquilos y no hayan sido llamados a cuentas.
Cerca de 29 familias de niños fallecidos son representadas por el Movimiento 5 de Junio. Otras más se han congregado en el colectivo Manos Unidas para Nuestros Niños, y otros más en Salud y Justicia ABC.
Este último grupo lo forman los familiares de los niños “expuestos”. Es decir, de aquellos infantes que tras respirar el humo provocado por el incendio terminaron con niveles de intoxicación no visibles que les provocan trastornos a su salud cuyas dimensiones aún se desconocen.
Hay otros familiares, los menos, que han decidido tener un bajo perfil. Sus razones para no hacer es que el Estado siga teniendo disposición para ayudarlos.
Y también están los que ya no hacen nada. No hablan, no se relacionan. Son personas identificadas por su alta inclinación al suicidio, que consumen estupefacientes y están permanentemente sometidas a tratamientos siquiátricos.
La larga y penosa batalla judicial
El proceso de juicio ha sido complicado, primero en las instancias locales, después las federales. Finalmente no hay respuesta ni culpables
El proceso penal de caso ABC sigue siendo muy lento. Hasta el momento no se han conformado nuevas investigaciones sino que se han incorporado nuevas causas contra las mismas personas imputadas.
Cabe recordar que, de origen, el proceso se inició en el fuero común con el expediente 128/2009 en el Juzgado Octavo Penal de Sonora. Ahí fueron inculpadas 13 personas, todas ellas empleados menores del gobierno sonorense y del ayuntamiento de Hermosillo (como bomberos, empleados de protección civil, etcétera).
El único mando más o menos importante imputado entonces fue Roberto Copado Gutiérrez, entonces director de Protección Civil de Hermosillo.
Cuando la investigación estuvo a cargo de la Procuraduría de justicia de Sonora, ni los dueños de la guardería ni ningún servidor público federal fue incluido bajo el argumento de que solo se involucraba a personas con responsabilidad del fuero común.
Luego con los mismos datos de la Procuraduría local sonorense, la PGR integró una averiguación en contra de cinco personas: un servidor público (que a los dos meses del incendio falleció) y cuatro empleadas del sector de guarderías de la delegación del IMSS, en Sonora. Nunca se tocó a ningún mando autónomo: ni medio ni superior.
Lo anterior desató la terrible molestia e inconformidad de las familias de las víctimas que a fines de ese junio negro solicitaron la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El gobierno de Felipe Calderón se vio obligado a ampliar la averiguación contra otras personas, entre ellos, los dueños de la guardería que no habían sido imputados en un primer momento por la autoridad.
Un año después, la Corte deslindó de toda responsabilidad a los altos funcionarios federales involucrados en el caso. Entre ellos a Juan Molinar Horcasitas y Daniel Karam, extitulares del IMSS, a Eduardo Bours, exgobernador de Sonora, y a Ernesto Gándara, expresidente municipal de Hermosillo, salieron ilesos de la tragedia.
Aunque la mayoría de los ministros reconoció que se violaron los derechos humanos, de interés superior, protección a la vida, integridad física, seguridad social y de salud, de los 49 niños fallecidos y los 104 heridos, al final terminaron exonerando a los mandos superiores involucrados –incluidos los propietarios de la guardería.
El panorama jurídico del caso ABC ha sido muy enredado y complicado.
Originalmente el asunto que se ventilaba en el fuero común y federal, luego fue acumulado por el juez primero de Sonora en el caso 126/2009.
Se han generado dilaciones tremendas en el expediente y a ello se han aunado las nuevas imputaciones de la PGR por cada niño fallecido.
Al expediente se han sumado los casos de los niños lesionados. Sus familiares no pensaron en principio fincarles imputaciones porque estaban concentrados en la salud de los niños pero en cuanto se estabilizó su salud, comenzaron a presentar querellas ante el Ministerio Público federal. Este tuvo que abrir nuevos expedientes de las personas señaladas al inicio.
Todas las nuevas causas se han ido acumulando al juicio central o madre: el 126/2009, “las dilaciones han sido tremendas”, apunta Ramos.
No ha subido el rango de imputación a nadie de la administración pública de Sonora ni de Hermosillo. Mucho menos del ámbito federal.
Demandas actuales
El expediente donde radica el caso de la tragedia ABC –el 126/2009 del Juzgado Primero de Distrito del Estado de Sonora– tiene acumuladas un total de siete causas. Las más importantes son las números 134/2009, 134/2009, en las que se siguen los delitos de Delitos Homicidio Culposo, Lesiones Culposas y Uso Indebido de Atribuciones y Facultades.
El expediente cuenta 29 inculpados entre ellos a los siguientes mandos medios del fuero común: Arturo Leyva Lizárraga, exdelegado del IMSS en Sonora; Roberto Copado Gutiérrez, exdirector de Protección Civil en Hermosillo; a Wilebaldo Alatriste Candiani, exdirector estatal de la Unidad de Protección Civil y a Gilberto Inda Duran, exsecretario de Hacienda del gobierno de Sonora.
Los demás inculpados son en su mayoría empleados menores: mensajeros, empleados de oficina, almacenistas. Es decir, explica la defensa del Movimiento 5 de Junio, personas con cierta responsabilidad pero que no son los mandos que uno esperaría encontrar como sería el exgobernador Bours:
“Que tiene responsabilidades directas e ineludibles que aclarar: él autorizó la celebración del contrato de arrendamiento con un local para un almacén de documentos, de vehículos, de sustancias inflamables como gasolina” cerca de la guardería. Ramos asegura que Bours no evalúo los riesgos y por ello es responsable.
La estrategia de la defensa está buscando reorientar el sentido de las causas penales.
Ello luego de que el Ministerio Público del fuero común y del fuero federal enderezó imputaciones en contra de las personas procesadas con delitos no graves y dado que no apuntaron la mira en contra de los mandos superiores.
Buscan que con las pruebas aportadas se cambie la imputación por delito grave: de dolo eventual.
Ramos dice que no hay un blanco y negro en los delitos. Considera que un delito de descuido extremo también puede verse eventualmente como de dolo, de intención.
Pone como ejemplo la famosa lona azul que servía de techo en la guardería y que ocultaba las láminas galvanizadas. Esa lona siempre fe inadecuada para la concentración de niños pequeños. “Nomás la pura caída de la lona, consta en el expediente, hubiera bastado para matar de golpe o asfixiar a por lo menos 15 o 20 niños”, refiere.
A la peligrosidad de lo lona que entraña una responsabilidad por negligencia se suma el que el inmueble no tenían ruta de evacuación (se comprobó las puertas estaban cerradas), no había sistemas de contraincendios, que no tenían sistemas de detección de humo, que había oquedades (huecos que comunicaban con las paredes contiguas de la bodega de Hacienda donde se inició el incendio), que había comunicación aérea entre los techos.
Todo conformó un coctel Molotov. No solo se trató de un mero descuido o negligencia. Es un hecho el dolo eventual, sostiene la defensa del caso. Esto versa en lo relativo al punto de vista procesal.
“Que se genere un expediente para que la Procuraduría tenga o esté obligada a ampliar las imputaciones a partir de las evidencias ”.
Manos Unidas dice que fue provocado
Una de las asociaciones de padres que se han propuesto alcanzar la justicia asegura que la tragedia pudo evitarse
Agrupados en el grupo Manos Unidas entregaron a la PGR presuntas pruebas de que hubo una mano perversa que incendió la bodega contigua a la guardería ABC, donde se almacenaba documentos de la Secretaría de Hacienda.
El fuego que se provocó en el inmueble contiguo a la estancia escolar fue intencional, afirmó hace unas semanas Ofelia Vázquez, madre de niño fallecido e integrante del colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños.
En un comunicado de este colectivo que la tragedia donde murieron 49 niños y otros 104 resultaron heridos lo provocó un incendio intencional “provocado con la finalidad de destruir documentación relacionada con la deuda de $10 mil millones de pesos generada en el sexenio del exgobernador Eduardo Bours Castelo en la aplicación de su programa de obras llamado Plan Sonora Familiares Proyecta”.
La defensa de Manos Unidas afirma que el incendio lo habrían provocado Carlos Andrés López Meza, exchofer y guardaespaldas de Juan Carlos Lam Félix, exsecretario técnico del exgobernador Bours.
Se informó que dos meses después del incendio de 2009, López Meza fue hallado asesinado con nueve impactos de bala. Su viuda asegura que la causa de su muerte hasta ahora es desconocida.
Otras de las presuntas pruebas entregadas a la PGR no fueron reveladas por este grupo bajo el argumento de que el caso está siendo investigado.
5 de Junio pide a EPN intervenir
Para la defensa del Movimiento 5 de junio el balón está ahora en la cancha del presidente.
“Como jefe del Estado debe tomar decisiones de Estado. La primera se refiera recibir a los papás y mamás de las víctimas de la guardería ABC”.
Cuando estaba en campaña el mexiquense, en una visita furtiva se entrevistó con grupo de familiares en Obregón, y les prometió que el caso se resolvería.
En enero pasado, ya como presidente, le solicitaron una audiencia formal no sólo con el Movimiento 5 de Junio sino con todos los padres de los afectados. Estos fueron remitidos con el director de Atención Ciudadana, con quien se rehusaron a hablar.
Enviaron otra solicitud con 15 razones para ser atendidos. En un tercer comunicado le reiteraron a Peña su petición de reunirse con él y hasta ahora siguen esperando su respuesta.
“Entiendo que Calderón trató de hacer control de daños porque está involucrada muchas gentes de sus querencias, desde su parentela política hasta sus paniaguados en Sonora, pero ¿Peña Nieto? Él no trae el estigma de ser responsable por omisión o comisión”, afirma Ramos.
“Aunque el tema no venda mediáticamente, los familiares de los 49 niños muertos y de los 104 heridos quieren que su presidente se interese en su caso: una dolorosa historia que ha ofendido a la sociedad mexicana y que es seguida por la comunidad internacional.Así como recibió como candidato a papás para la foto, que cumpla su promesa de campaña”.
Las víctimas colaterales de la tragedia ABC
Las repercusiones emocionales han sido extremas. Estela ha tenido que ser hospitalizada varias veces en una clínica de salud mental.
Todo semeja un patrón cíclico. Cada año, en los meses previos y posteriores a la tragedia en que perdió a su hijo, la tienen que recluir para recibir atención psiquiátrica.
Es precisamente lo que está ocurriendo ahora: los cuadros de disociación, de pérdida de realidad, se están manifestando otra vez.
Estela tiene alucinaciones auditivas y visuales. A veces, de imprevisto, comienza ver al pequeño Julio César.
O también sucede como hace unos días: su mente registró una llamada diciendo que la guardería se estaba quemando. El infernal 5 de junio se materializó de nueva cuenta.
“Es algo terrible, terrible –comenta su esposo–. No se ve, por más atención que se le ha dado cómo pueda salir adelante”.
Al hablar de la pérdida de su hijo, Julio Márquez lo hace en plural. Dice que con nada se podrá superar la partida de sus 49 niños, “nuestros hijos, con los que se fue mucho de nosotros también”.
A unos días de que se cumplan cuatro años del incendio de la Guardería ABC, Márquez relata algunos pormenores de esa historia de dolor “que aún está muy lejos de culminar”.
Me confiesa que cada vez que su esposa sale del hospital piensan que las cosas serán diferentes. Pero que luego, muy a su pesar, confirman que hasta el momento no es así.
“Ha sido muy doloroso; terrible”, dice. Con su voz pausada, estoica, refiere algo que lo sacude internamente:
“Veo a mi esposa que está aquí pero que muchas veces no está. Muchas veces está completamente evadida de la realidad, cosa que resienten muchos nuestros otros hijos”.
No obstante el enorme dolor de Julio y su familia, se mantienen de pie luchando. La solidaridad de la gente con el caso ABC “ha sido extraordinario”, comenta, en el marco de los actos en conmemoración los cuatro años de la tragedia que enlutó a decenas de familias en Hermosillo, Sonora.
Inculpados en caso ABC:
> Delia Irene Botello Amante
> Nohemí López Sánchez
> Irma Crescencia Díaz Gómez
> Yadira Barreras
> Arturo Leyva Lizárraga (exdelegado del IMSSS en Sonora)
> Marcelo Meouchi Tirado (excluido)
> Sandra Lucía Téllez Nieves
> Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella (la parienta política de Calderón quedó fuera del proceso penal por sobreseimiento –sentencia absolutoria– exonerada)
> María Fernanda Camou Guillot (excluida)
> Gildardo Francisco Urquídez Serrano
> Antonio Salido Suárez
> Norma Cecilia Mendoza Bermúdez de Matiella (excluida)
> José Manuel Matiella Urquídez (excluido)
> Francisco Arturo Bracamonte Córdova
> Jorge Antonio Lavandera Peñuñuri
> Álvaro Pacheco Ferral
> Arturo Torres Escalante
> Ignacio Alduenda Salazar
> Manuel Gaxiola Santacruz
> Juan Esteban Parra Valenzuela
> Jesús Adán Méndez Duarte
> Roberto Copado Gutiérrez (exdirector de Protección Civil de Hermosillo).
> Martín Francisco Lugo Portillo
> José de Jesús Galindo López
> Rafael Robles Jáuregui
> Wilebaldo Alatriste Candiani (exdirector estatal de la Unidad de Protección Civil).
> Jesús David Ozuna
> Jorge Luis Melchor Islas
> Gilberto Inda Duran (exsecretario de Hacienda de Sonora)
Agenda ABC conmemorativa
En DF
Desde las 8:00 horas de este 4 de junio y hasta la mañana de este 5 de junio, se realizó un plantón de vigilia en el Ángel de la Independencia del DF
A las 5 de la tarde de ese monumento dará inició una marcha que hacia el Zócalo capitalino donde se proyectará a las 20:00 horas el documental “ABC Nunca Más” de Pedro Ultreras.
En Sonora
Este miércoles, a las 10:00 horas, se celebrará en Hermosillo una eucaristía en memoria de los 49 niños fallecidos el 5 de junio de 2009.
A las 18:00 horas arrancará la marcha “A cuatro años de luto y lucha” y dos horas después, a las 20:00 horas, se dará lectura del manifiesto del Movimiento 5 de Junio.
Ley 5 de junio
La ley de estancias infantiles, conocida como “Ley 5 de junio”, publicada en el Diario Oficial de la Federación en agosto de 2012, avanza lentamente. Hace cuatro meses debió crearse la Comisión Nacional, pero aún el Ejecutivo federal no la ha formado.
El reglamento impulsado por padres de las víctimas del incendio ABC cuenta con 15 capítulos y 66 artículos referentes a las normas para autorizar, capacitar y verificar las estancias infantiles y establece responsabilidades de los prestadores de servicios y funcionarios. También estipula que las medidas de seguridad y protección civil deben considerar la dirección de evacuación, cuidado de las instalaciones, material de construcción y diseño de las estancias.
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